La Dirección General de la Policía ha rechazado concederle una medalla pensionada a un agente de los antidisturbios que, en el curso de una práctica formativa, recibió a bocajarro un tiro en el pecho por parte de un compañero debido presuntamente a un error humano. El chaleco antibalas le salvó la vida aquel día a David P. D., que a finales de la pasada semana se reincorporó al servicio activo tras permanecer siete meses y medio de baja por las lesiones sufridas en aquel incidente.

Los hechos ocurrieron a media mañana del pasado 5 de enero, cuando este agente de 43 años adscrito a la I Unidad de Intervención Policial (UIP) participaba en Paracuellos de Jarama (Madrid) en un simulacro de entrada y registro, una de las actuaciones que suelen realizar con frecuencia estos grupos operativos en su trabajo diario. El suceso se ha llevado con mucho secretismo en el seno del Cuerpo Nacional.

"Subieron a una segunda planta y un compañero preguntó que cómo había que hacer el ejercicio. Él se quedó en el pasillo, mientras su escudero avanzaba y entraba en una habitación. En ese momento, para demostrar la práctica, el instructor sacó la pistola reglamentaria y el tiro le alcanzó en el pectoral izquierdo, cerca del cuello. Quien disparó habría comprobado las armas del resto pero no la suya propia, en la que habría un cartucho en la recámara", relatan a este diario fuentes de la Confederación Española de Policía (CEP), el sindicato al que está afiliado el agente herido.

Esta organización incluyó el nombre de David P. D. entre los tres funcionarios que -en su opinión- eran merecedores este año de ingresar en la orden del mérito policial con medalla roja, una de las distinciones que la Dirección General concede en vísperas de la celebración de la festividad del patrón del Cuerpo -los santos ángeles custodios, el 2 de octubre- y que conlleva un incremento vitalicio de la pensión equivalente al 10 % del sueldo del que disfrutaba cuando estaba en activo.

Sin embargo, la petición de la CEP no ha sido atendida, a pesar de que el caso tiene pleno encaje en el espíritu de la norma que regula la concesión de este tipo de condecoraciones: una ley franquista de 1964 cuya derogación exigen desde hace años los sindicatos. "Resultar herido en acto de servicio o con ocasión de él" cuando no concurre imprudencia o impericia o participar en hechos en los que haya quedado patente "un riesgo o peligro personal" son algunas de las condiciones que se exige para poder recibir la medalla con distintivo rojo. En 2022 se repartirán un total de 49.

Condecoración sin recompensa económica

El nombre de este antidisturbios -un antiguo militar que ingresó en la Policía hace 13 años y que lleva casi nueve en la UIP- sí aparece entre los 2.767 agentes que recibirán la medalla blanca, que no comporta recompensa económica. Ni él ni su sindicato habían pedido esta distinción, que la CEP considera "insuficiente" atendiendo al peligro que corrió su vida en dicho acto de servicio.

El caso de este agente contrasta con las medallas de plata -con un aumento de pensión del 15 %- que Interior ha concedido a ocho comisarios principales y dos comisarios ya jubilados por haber "prestigiado" a la institución al haber desarrollado una actuación "singular y extraordinaria". Esa justificación tiene encaje en lo que la citada ley prevé en su artículo 5.d) como uno de los requisitos para poder optar a esta modalidad de condecoración: "Tener una actuación ejemplar y extraordinaria, destacando por su valor, capacidad o eficacia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de la Corporación".

Se da la circunstancia de que a siete de esos mandos (Francisco López Canedo, Eloy Quirós Álvarez, Francisco Javier Migueláñez Valero, Héctor Moreno García, Francisco Rodríguez López, José María Moreno Moreno y Manuel Páez Méndez) ya se les había otorgado la misma condecoración entre 2020 y 2021, pero fueron anuladas en sendas sentencias por la Audiencia Nacional por no detallarse los méritos que la ley exige para ser merecedores de dicha distinción y habérsele hurtado a los sindicato el derecho de alegar, como prevé expresamente la norma.

Justicia Policial (Jupol) y la CEP ya han anunciado que acudirán nuevamente a los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo para impugnar dichas concesiones, al entender que el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha recurrido a un "atajo" para soslayar los citados pronunciamientos judiciales. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha informado públicamente de que lo recurrirá judicialmente.

"La práctica de conceder medallas de plata pensionadas a determinados mandos que se jubilan o que ya llevan tiempo jubilados supone una afrenta más hacia todas aquellas intervenciones de riesgo real o heroicas de miles de compañeros en toda España. Se desprestigian las condecoraciones, se devalúa todo el sistema de recompensas profesionales, se provoca escándalo mediático y político y, en definitiva, se hace mucho daño a la institución", declara el secretario general de la CEP, Víctor M. Vigil.

Éste lamenta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no se haya atrevido" a impulsar una reforma de la Ley de condecoraciones para poder disponer de una norma en la que impere la transparencia y la objetividad a la hora del otorgamiento. "Por un mínimo sentido del respeto a todos aquellos que de verdad se juegan la vida, hay que poner fin a un sistema que no sirve para lo que está concebido: honrar el heroísmo, reconocer el valor, premiar el liderazgo y generar una cultura de verdadero orgullo policial", añade.

Batalla en los tribunales

Este sindicato está a la espera de conocer la resolución en la que se sustenta la concesión de la medalla con distintivo blanco a su afiliado David P. D. -a fin de conocer si se le ha dado por antigüedad o por un hecho concreto- para estudiar la estrategia jurídica que les permita combatirlo en los tribunales. "El compañero es merecedor de la medalla roja y vamos a luchar hasta el final para que se la den", advierten desde la CEP.

Como precedente, el sindicato ya logró anular judicialmente la felicitación pública que se había concedido a un inspector destinado en Las Palmas de Gran Canaria tras sufrir un accidente durante una persecución que le provocó heridas, siendo intervenido quirúrgicamente de una mano. La CEP entendía que era merecedor de una condecoración y que la Dirección General le había dado la felicitación para "bloquearle la medalla". Interior no ha accedido aún a concederle una medalla.

Esta organización sindical también ha intentado sin éxito que se le concediera una medalla con distintivo rojo a un policía destinado en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas que resultó contagiado de tuberculosis por un viajero. Como en el caso del antidisturbios, la Dirección General tampoco ha accedido, limitándose a reconocerlo con una medalla blanca.