Una semana dura la que ha afrontado el Partido Popular (PP) y su presidente Alberto Núñez Feijóo a cuenta su postura energética. Después de dominar los tiempos desde abril frente al Gobierno de Pedro Sánchez, criticando su desatención a las propuestas presentadas por Génova, primero en materia económica y después en lo que concierne a garantizar los suministros, los populares han flaqueado ante la opinión pública con reiteradas rectificaciones en lo que se refiere a su discurso sobre el impuesto a las grandes corporaciones energéticas. Tanto, que fuentes populares de la primera línea del partido consideran que este hecho les ha llevado perder "la batalla del relato". Algo que, desde el punto de vista de la cúpula del partido y en relación a las encuestas publicadas, consideran que venían dominando desde primavera. Desde la llegada de Feijóo, el PP ha pasado de la barrera de los 90 escaños a situarse, de media, entre 130-145.

El cambio de postura desarrollado por los populares ha sido patente en las últimas semanas. Históricamente, el partido ha abogado por defender una bajada generalizada de impuestos para no saturar a las clases medias y las rentas bajas, y ello, también ha conducido al rechazo por parte del PP a aumentar los impuestos al tejido económico, caso, por ejemplo, de las entidades bancarias como han propuesto desde 2014 partidos como Unidas Podemos. Por ello, cuando Sánchez en el debate del estado de la nación dio a conocer su propuesta para gravar temporalmente los ingresos de las eléctricas y, además, los de las propias entidades bancarias, los principales dirigentes del PP afirmaron que el PSOE había renunciado a pugnar por el centro con Feijóo y virado a la izquierda. Para apropiarse del espacio de los morados, añadían.

La negativa a optar por "más impuestos" siguió vigente a finales de agosto. En una entrevista a Europa Press, la número 'dos' del PP, Cuca Gamarra, incidía en la incompatibilidad de restringir los beneficios de estas compañías en un contexto de libre mercado y reiteraba que la hoja de ruta adecuada y respaldada internamente en el partido era una bajada generalizada de impuestos para compensar el efecto de la inflación y no perjudicar 'de rebote' a los consumidores. Como ella, otros tantos representantes de la formación lo defendían al término del periodo estival.

Tras el anuncio de la Comisión, Génova ha centrado las críticas en la otra gran parte de la propuesta de PSOE y Podemos: el impuesto a la banca

Nada más presentar el pasado lunes la propuesta energética y para la recuperación económica, a cargo del vicesecretario de Economía Juan Bravo, los populares ya había virado ligeramente el discurso. Ante la posibilidad de que Bruselas asumiera el compromiso, anteriormente anunciado por Moncloa, el PP insistía en la retirada de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos en las Cortes, pero dejaba cierta abertura a seguir las directrices de la Unión. El martes, sin haber recibido acuse de recibo por parte del Gobierno respecto al documento, la dirección decidió insistir en su 'no' al texto presentado en la votación vespertina del Congreso. No obstante, el miércoles, cuando la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen reafirmó la necesidad de limitar los beneficios extraordinarios de las empresas productoras de energía, ese ligero aperturismo pasó a ser un compromiso.

El discurso del PP desde entonces se ha centrado en dos cuestiones. En un primer momento, en intentar diferenciar el "impuesto" del Gobierno por la "tasa" de Europa. Asimismo, de centrar el foco en que el Ejecutivo habla de gravar los ingresos totales de facturación y no solo los beneficios extraordinarios. Eso, llevaría a una situación de "inconstitucionalidad", dado que, como aseguran, se estaría cobrando una doble tasa que ya se hace con el impuesto de sociedades. Y, ahora, con el compromiso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que Moncloa finalmente se adherirá a las directrices que marque la Comisión para no desentonar con el resto de socios, Génova ha puesto la atención en la otra gran cuestión del anuncio hecho por Sánchez: los bancos.

Bajo ningún concepto, el PP piensa apoyar limitación de ingresos a las entidades bancarias sin que Europa abra el camino, porque consideran que eso puede ser repercutido directamente en forma de comisiones e intereses en las cuentas. Así lo apostillaba el propio vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del grupo, Pedro Rollán, durante la presentación de la interparlamentaria que este fin de semana se ha celebrado en el Hotel Beatriz de Toledo y mandaba un mensaje: el Gobierno recibirá "un apoyo absoluto" del PP si desecha incluir la intervención al sector bancario en la nueva norma. A ello, se le incluyen otro tipo de garantías, como que ésta pase por el ministerio de Hacienda previamente, asegure total legalidad y que no haya consecuencias posteriores para la Administración, y que llegue al Congreso en forma de proyecto de ley.

Falta de coordinación en la comunicación

Fuentes parlamentarias con competencias del área económico insisten en que el partido mantiene la misma posición que tenía desde el principio respecto a este asunto, y que no ha virado tras los anuncios de Von der Leyen. Aunque sí son conscientes de que el marco que ha calado en la ciudadanía en todo momento es el de que el PP se ha negado a beneficiar al consumidor interviniendo en el mercado y, tras el posicionamiento de los populares europeos, se ha aceptado. También que, a expensas de un pronunciamiento europeo, Génova no ha querido enviar antes su documento energético. Todo se reduce, entienden, a una falta de coordinación en la comunicación y no a que se trate de improvisación sobre la marcha y a la adaptación del discurso a la coyuntura.

Remarcan que el planteamiento del Gobierno es "sectario" e "improvisado", y de ahí que hayan dado marcha atrás y decidido anexionar su propuesta a la de la Comisión. Sin embargo, advierten de que con esta cuestión, se tendrá que andar de puntillas y con mayor precaución. Las mismas fuentes reiteran que mientras Moncloa quiere trasladar ese gravamen directo a las arcas del Estado y utilizarlo para cualquier otra finalidad, que pueden ser los propios servicios públicos, el PP apuesta por una solución más directa como es la bonificación. Y eso, insisten, "quizá no se ha sabido explicar".

El PP admite que quizá no ha sabido explicar su apuesta por las bonificaciones en la factura

La imagen que ha quedado entre la ciudadanía es que el PP desde el primer momento se ha opuesto a instar a las eléctricas a arrimar el hombro mientras que el PSOE y Unidas Podemos les instaban a ello. Y eso, argumentan, es reducirlo todo a un marco "muy simplista". Reiteran los beneficios directos del consumidor a la factura, algo que en la última entrevista de Feijóo, concedida a El Independiente, el propio mandatario explica.

El impuesto a la banca "lo vamos a pagar los ciudadanos porque, además, las reglas del Banco Central Europeo inducen a los bancos a que computen sus gastos y dentro están los impuestos". Respecto a las tasas a las eléctricas, en cambio, el popular -cuatro días antes- instaba a esperar a conocer el posicionamiento de Bruselas, pero decía: "Esta tasa nos parece razonable, pero tiene que repercutirse de forma directa en la bajada del recibo de las rentas modestas, no en el incremento de la recaudación del Estado".

Respaldo de Von der Leyen

Ante esta falta de rédito y para zanjar el debate, el PP ha conseguido que la presidenta de la Comisión Europea intervenga a través de un vídeo en Toledo, en el cónclave popular que ha servido de "pistoletazo de salida" para asentar la base del programa electoral de cara a las elecciones locales y autonómicas de mayo, y, posteriormente, las generales de finales de 2023. "Mi querido amigo Alberto. Recuerdo la conversación que tuvimos en Rotterdam -durante la última cumbre del PP europeo-, cuando hablamos de la situación económica de Europa y España. En una situación complicada como la actual, contamos con dirigentes tan experimentados y previsores en nuestras filas, y pensamos en las necesidades de nuestros ciudadanos y en las familias. Por eso nos llamamos Partido Popular", aseguró Von der Leyen el sábado.

La cuestión ha servido al Gobierno para intensificar los 'ataques' contra Génova tras la ruptura de negociaciones en agosto sobre el CGPJ, pese a que los populares han instado, de nuevo, a Moncloa a sentarse para desencallar la situación de los jueces en España. Frente a la nueva construcción del relato hecha por los de Sánchez, el respaldo hecho por Von der Leyen supone algo de aliento para Feijóo y los suyos, que atraviesan su primer gran problema interno desde el congreso de Sevilla en abril.