Siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del denominado bloque conservador han afeado a la consejera Pilar Sepúlveda García de la Torre que haya firmado la petición de indulto para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el delito de malversación en la sentencia de los ERE del Tribunal Supremo.

La vocal, propuesta en su día para el cargo por el PSOE, figura en la lista de 4.000 personalidades de ámbitos y sensibilidades políticas muy dispares que firmaron un documento apoyando que el Gobierno conceda la medida de gracia al expolítico andaluz, de 76 años, para que no tenga que entrar en la cárcel.

Para los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías y María Ángeles Carmona, la adhesión de Sepúlveda al listado compromete la neutralidad del órgano de gobierno de los jueces. "Aun tratándose de una posición personal y particular que no refleja la posición del CGPJ, es lo cierto que la imagen de necesaria neutralidad que debe tener este órgano constitucional queda seriamente comprometida ante la opinión pública y podría entenderse como una intromisión en las competencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha de emitir un preceptivo informe y, en su caso, de la Sala Tercera del Alto Tribunal llamada a una hipotética revisión del indulto", han afirmado en un comunicado remitido a los medios.

Dichos vocales manifiestan su "total desacuerdo" con la decisión de Sepúlveda que consideran puede suponer una "intromisión" en "asuntos que penden ante los tribunales". "La firma de la petición entraña un plus respecto de lo que podría ser una manifestación personal, una opinión sobre la oportunidad o conveniencia de otorgar el indulto. La adhesión mediante la firma del escrito dirigido al presidente del Gobierno de España supone un papel activo y relevante, con una difusión aumentada por el carácter de autoridad del gobierno judicial, que colisiona con los referidos deberes de prudencia y neutralidad que deben guiar la actuación del Consejo General del Poder Judicial", consideran.

El Gobierno todavía no ha aclarado si está por conceder el indulto a Griñán, según solicitó este verano su familia, antes de conocerse la sentencia firme del Tribunal Supremo sobre su participación en el mantenimiento del sistema fraudulento de ayudas públicas en Andalucía al que se destinaron 680 millones de euros en una década. Otro exconsejero andaluz condenado en la misma sentencia, exsenador del PSOE, también presentó la semana pasada la solicitud de indulto al Ministerio de Justicia.