Tres meses ha tardado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en comparecer en el pleno del Congreso de los Diputados para abordar la tragedia que el pasado 24 de junio segó la vida de al menos 23 migrantes en la valla de Melilla. Y su intervención la ha dedicado a justificar la respuesta de los agentes de policía españoles y marroquíes en un ejercicio que ha indignado a organizaciones como Amnistía Internacional, que considera "muy preocupantes" sus declaraciones.

A juicio del ministro, se trató de "intento intolerable y violento" de entrada irregular de 1.700 inmigrantes y, ante tales hechos, ha defendido la "firme, serena y proporcionada" respuesta del Estado. También la calificado de "oportuna". "Es evidente que estamos hablando de un episodio de intento violento de entrada irregular que es injustificable", ha declarado Grande-Marlaska en el pleno del Congreso tras las repetidas solicitudes de comparecencia por parte de la mayoría de los grupos parlamentarios, en la enésima escenificación de la soledad parlamentaria del PSOE cuando se abordan asuntos referidos a Marruecos.

Cruzada judicial contra las víctimas

Su intervención coincide con otra jornada fatídica para los derechos humanos en el país vecino. Este miércoles el Tribunal de Apelación de Nador, ciudad marroquí donde ocurrió la tragedia, reanuda el juicio contra 15 de los migrantes que participaron en aquel episodio, la mayoría de ellos sudaneses y acusados de una decena de delitos. Un total de 75 personas han sido procesadas o condenadas por la justicia marroquí tras ser detenidos en el salto masivo del 24 de junio: sobre 60 de ellos recaen ya sentencias de entre 4 meses y 2 años y medio de prisión, informa Efe.

El titular del Interior ha insistido en que "un país democrático" no puede aceptar "que su frontera y los agentes que la "custodian y protegen" se vean agredidos "con el lanzamiento de piedras, palos e incluso artefactos incendiarios caseros" protagonizado por 1.700 personas. Según su relato de los hechos, la Guardia Civil fue advertida de madrugada por las autoridades marroquíes de "movimientos" acercándose al perímetro fronterizo. Los agentes se encontraron fue a 1.700 personas "portando objetos ofensivos y palos" que buscaban acceder al país por la zona del Barrio Chino de Nador.

Dos horas más tarde, el centro operativo de la comandancia de Melilla detectó la presencia de unas 1.700 personas. Según Grande-Marlaska, que ha defendido repetidamente a los agentes marroquíes, las fuerzas del país vecino intentaron evitar el primer acercamiento, si bien se vieron superadas por otro grupo "extremadamente violento" que logró entrar en el interior de la aduana marroquí tras forzar con violencia las puertas con el uso de "mazas, hachas y otros objetos contundentes".

Relato de los supuestos hechos

Entretanto, otro centenar de migrantes escalaba el muro exterior del vallado marroquí que terminó desplomándose. A las 8.20 horas había unos 1.700 inmigrantes dentro del recinto fronterizo dividas en dos grupos. Tras el supuesto forcejeo, lograron acceder "a tierra de nadie" parte del grupo generando un "embotellamiento" que puso en riesgo la integridad de centenares de personas. Una escena que volvió a repetirse cuando el grupo forzó una segunda puerta también del lado marroquí.

Un centenar de personas consiguió entrar en la ciudad autónoma. Grande-Marlaska ha subrayado que la actuación de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional "bloquearon" la entrada de la mayoría y consiguieron reducir su actitud violencia mediante el empleo del "oportuno y proporcionado material a su disposición, incluido material antidisturbios". Ha detallado, además, que 55 guardias civiles resultaron heridos y hubo daños en siete vehículos y equipamientos. A su juicio, se acometió el "rechazo en frontera conforme a los procedimientos establecidos de aquellas personas que se interceptaron intentando entrar de forma irregular y violenta en España antes de poder hacerlo".

Fosas en el cementerio de Nador para los inmigrantes muertos en el intento de entrada en Melilla.

Amnistía le acusa de ocultar información

Unas explicaciones que no han resultado satisfactorias para Amnistía Internacional. "Nos sigue preocupando la falta de información y respuesta por parte de las autoridades españolas ante unos hechos tan graves que provocaron la muerte de, al menos 23 personas, y decenas de heridos. Ante unos hechos de tal gravedad, no pueden mirar para lo otro lado, urge una investigación independiente donde se establezcan responsabilidades", sostiene Virginia Álvarez, investigadora sobre refugio y migración en Amnistía Internacional España.

"Los intentos de Marlaska de justificar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas y marroquíes asegurando que fue una entrada irregular violenta injustificable son muy preocupantes", agrega. "Por un lado, asegura que somos un país solidario y acogedor, pero es difícil defender algo así cuando se ven las imágenes de los sucedido", alegan desde Amnistía. "Además, el derecho de los estados para controlar sus fronteras del que habla el Ministro no justifica ese desproporcionado uso de la fuerza con el que actuaron los agentes, y las aseveraciones de que se garantizó el acceso a procedimientos para personas vulnerables son directamente falsas, cuando sabemos que hubo devoluciones en caliente".

La organización recuerda que ha solicitado "información sobre diferentes cuestiones, entre ellas el acuerdo de cooperación entre las Fuerzas de Seguridad españolas y marroquíes bajo el cual las fuerzas de seguridad del país vecino tienen competencia para actuar en territorio español, así como también acerca del número total de personas migrantes y solicitantes de asilo expulsadas sumaria y colectivamente en la frontera el pasado 24 de junio".

A su juicio, Grande-Marlaska tampoco ha respondido sobre qué tipo de material antidisturbios y gases lacrimógenos se utilizaron durante los acontecimientos, y si se estableció algún tipo de dispositivo de asistencia sanitaria para las personas que durante horas permanecieron heridas en el Barrio Chino. "También nos inquieta de manera especial por qué no se hizo o no se ofreció dicha asistencia a los heridos, y quién va a asumir la responsabilidad sobre todas estas cuestiones", explican. "Han pasado casi tres meses desde lo que ha supuesto la mayor tragedia en la Frontera Sur en los últimos 30 años sin que la respuesta del gobierno español haya sido la adecuada. Una tragedia que no solo no debe repetirse nunca más, sino que no puede quedar impune", concluye la organización.