En la segunda sesión de control al Gobierno de este nuevo curso político, el protagonismo ha caído en la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, pero también en su compañera del Consejo de Ministros, la también vicepresidenta segunda del Ejecutivo y titular de Trabajo. Y es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la líder de facto de la oposición en las Cortes, Cuca Gamarra, han estado ausentes por compromisos de agenda. El primero, por su viaje a Nueva York para citarse con la asamblea general de Naciones Unidas (ONU). En el caso de la portavoz de los populares, por un acto de partido en Logroño (La Rioja).

Precisamente del barón popular Juanma Moreno ha hablado la ministra de Trabajo y líder de Sumar, la plataforma que actualmente se encuentra en proceso de escucha con el espacio a la izquierda del PSOE de cara a los próximos comicios. Concretamente, Díaz ha cuestionado la supresión del Impuesto de Patrimonio que este lunes ha anunciado Moreno Bonilla, y cuyo Consejo de Gobierno ha refrendado un día después en Andalucía. Una acción que sigue la estela iniciada por su homóloga territorial en la Comunidad de Madrid y compañera de partido Isabel Díaz Ayuso, y que ha sido calificada de "dumping fiscal" por parte de la política de Unidas Podemos.

La crítica de Díaz ha estado centrada al déficit recaudatorio que esta medida generará en la región, lo que, para ella, evidencia "una clara declaración de intenciones". En definitiva, el favorecimiento a los grandes patrimonios. Se trata de "un regalo fiscal" del Partido Popular (PP) de 93 millones de euros a unas 13.000 personas con grandes fortunas, ha destacado. Algo que, según ha argumentado, podría destinarse para generar unos 3.000 empleos en el sector educativo y sanitario andaluz.

"Me parece una apuesta absolutamente fuera del marco en el que nos debemos mover" ha afirmado la vicepresidenta segunda respecto a la acción económica de Moreno Bonilla. Así se ha posicionado la 'número tres' de Moncloa en unas declaraciones a los medios de comunicación previamente a la sesión de control en el Congreso. Y es que considera que la política fiscal trata de fortalecer los servicios públicos y no a los grandes patrimonios.

Defiende la reforma laboral frente a Vox

Ya dentro del hemiciclo, Díaz ha defendido ante Vox con "tres datos" la reforma laboral aprobada en el mes de febrero in extremis y gracias al error del parlamentario del PP Alberto Casero, que votó a favor en contraste con el resto de su grupo. Preguntada por la portavoz adjunta de Vox, Inés Cañizares, sobre si considera que está funcionando la reforma, Díaz ha indicado que "en seis meses la temporalidad ha bajado en cuatro puntos; a día de hoy tenemos la tasa de temporalidad más baja de la historia de nuestro país".

A ello ha añadido que hay 13,5 millones de trabajadores "con contratos estables e indefinidos", algo "nunca visto" hasta ahora y que, además, el 98,8% de la contratación ha superado el periodo de prueba. Acudan "a los datos", ha instado a Vox indicando que su programa electoral va contra los trabajadores. Buscan "reducir la indemnización por despido, recortar el subsidio por desempleo, mermar el derecho a huelga, bajar el SMI, ofrecer a los jóvenes contratos basura y privatizar las pensiones", ha añadido.