Cataluña concentra el 45% de las okupaciones de España. En el último año las denuncias por okupaciones crecieron un 12% en esta comunidad, hasta las 1.549, casi doscientas más que el año anterior. Las okupaciones, y los problemas derivados de convivencia y delitos asociados, se han convertido en un serio problema, denunciado recientemente en un manifiesto de los alcaldes del área metropolitana de Barcelona.

La denuncia tenía dos destinatarios, la Generalitat y la Administración de Justicia. Y ambos estamentos se han referido este miércoles a la necesidad de hacer frente, prácticamente de forma paralela. El presidente del Tribunal superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, abría el curso judicial reclamando reformas legales para hacerle frente.

Las conselleras de Justicia y Asuntos Sociales, ambas de Junts, anunciaban reformas legales para frenar las "ocupaciones delincuenciales". Y trasladaban parte de la responsabilidad a los jueces, recordando que las denuncias tardan una media de ocho meses en ser resueltas por la justicia.

A las puertas de las elecciones municipales, las consejeras Lourdes Ciuró (Justicia) y Violant Cervera (Asuntos Sociales) han anunciado medidas en la línea de lo reclamado por los alcaldes. La reforma de la de la Ley de vivienda de 2007 y el Código Civil catalán para facilitar la denuncia de okupaciones.

Pero solo aquellas que afectan a grandes tenedores, a los que han acusado de desentenderse de estos casos, y cuando esa okupación vaya asociada a delitos como el narcotráfico, pinchazos en la red eléctrica o problemas de convivencia vecinal.

La reforma del Código Civil habilitará a ayuntamientos o vecinos para denunciar una okupación cuando el propietario del inmueble se niegue a hacerlo, ha explicado Ciuró. Una reforma que la consejera quiere tener lista a principios de octubre para llevarla a Govern, y de ahí al Parlament.

Paralelamente, Asuntos Sociales promoverá la modificación de la Ley de vivienda, que ya habilitaba la expropiación forzosa de pisos de grandes tenedores desocupados durante más de dos años. Ahora además plantea sanciones para los grandes propietarios, más de 10 inmuebles, que no denuncien una okupación, o la cesión de esos inmuebles como vivienda social.

Crítica a la justicia

Ciuró ha defendido que se trata de "herramientas potentes" para agilizar los trámites contra las "ocupaciones delincuenciales" y ha señalado a jueces y fiscales para que las utilicen con prontitud. "No puede ser esta lentitud, instamos a los tribunales y a la Fiscalía" a implementar protocolos específicos, ha añadido, como se está haciendo en otras comunidades.

Ciuró ha recordado que "Cataluña concentra el 45% de ocupaciones de toda España, el 75% de ellas en Barcelona". La consejera ha señalado que Cataluña acumula 7.345 denuncias por okupaciones. "Queremos dar respuesta a un problema de delincuencia, son las ocupaciones en inmuebles con narcotráfico, alborotos, intimidación, amenazas y que hacen la convivencia imposible".

Okupaciones delincuenciales

Unos problemas que según Ciuró se producen en inmuebles que son titularidad de grandes tenedores que "se desentienden" de esos problemas. Cervera ha apuntado, sin embargo, que de los 21.700 pisos que forman el parque público de vivienda de la Generalitat, 953 están okupados. De ellos uno de cada cuatro son "okupaciones delincuenciales".

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, reconocía el problema en la apertura del curso judicial. Pero no acepta la responsabilidad exclusiva de la justicia. "La respuesta cautelar por diversidad de factores no se produce con la celeridad deseable" apuntaba, reconociendo que "la prolongación de la interinidad resulta difícilmente explicable, sobre todo cuando va acompañada de otros delitos".

Bañeres se refiere para explicar esa situación al "insatisfactorio marco jurídico vigente" expresando su confianza "en que pueda ser modificado" Una opinión que apoya Jesús María Barrientos.

"El marco regulatorio no es ajeno al crecimiento de las okupaciones ilegales" apuntaba el presidente del TSJC. "Nos consta la preocupación de ayuntamientos e instituciones, solo podemos compartir esta preocupación y recordar que los tribunales actúan con sometimiento a disposiciones legales".

Por tanto, añadía, "solo podemos esperar que el legislativo acierte en la identificación de fórmulas legales que concilien intereses de propietarios y personas vulnerables". No en vano los lanzamientos crecieron también en Cataluña en un 26% durante 2022. Y los jueces temen que los 4.500 desahucios suspendidos por la moratoria del Gobierno provoquen un aluvión cuando concluya esa moratoria.