Vocales conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) barajan los nombres de los magistrados del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva e Inés Huerta Garicano como los candidatos a proponer para el Tribunal Constitucional (TC).

Esperan poder contar con el apoyo de una mayoría del Pleno, pues hace falta que 12 miembros o más voten a favor para que salga adelante el nombramiento exigido en la reformada Ley del Poder Judicial. Si finalmente suman, el Gobierno podrá nombrar también a los dos candidatos que le corresponde, con lo que el tercio del Alto Tribunal que venció su mandato el pasado 12 de junio -su presidente, vicepresidente y dos magistrados- quedará renovado.

Un grupo de vocales conservadores estarían dispuestos a nombrar en el Pleno del próximo jueves o en otro de octubre

Según trasladan fuentes del consejo de jueces a El Independiente, continúa habiendo un núcleo duro de consejeros conservadores que no están dispuestos a realizar los nombramientos puesto que consideran una "maniobra política" y una "cacicada" que el Gobierno haya modificado la ley para que el CGPJ pueda nombrar a los magistrados del Alto Tribunal y este pase a tener una mayoría progresista acorde a sus intereses mientras en el Tribunal Supremo no se puede nombrar a jueces para sustituir a quienes se jubilan por la primera modificación legal que impulsaron PSOE y Podemos, con la que se dejó al Consejo sin la posibilidad de nombrar a miembros de la cúpula judicial mientras esté en funciones. Sin embargo, ya hay una brecha en el bloque conservador. Un grupo de vocales sí estaría dispuesto a nombrar en el Pleno del próximo jueves, 29 de septiembre, o en otro siguiente que convoque el presidente Carlos Lesmes la primera semana de octubre.

El papel de Lesmes

Los movimientos de Lesmes, que lleva tiempo hablando con unos y con otros, así como recabando el interés de magistrados del Supremo para ir al tribunal de garantías, han sido claves. Progresistas y un grupo reducido de conservadores creen sumar ya para proceder al nombramiento de Pablo Lucas e Inés Huerta por el cupo progresista y conservador, respectivamente. Ambos son magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el primero de la Sección Cuarta y la segunda de la Quinta, a la que corresponde resolver el recurso contra los indultos del procés. Pablo Lucas también es el magistrado encargado, desde 2009, de conocer las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Si resulta nombrado finalmente magistrado del Constitucional, tendrá que ser reemplazado para tal función. Su hermano, Enrique Lucas, es uno de los vocales del Pleno del CGPJ, por lo que tendría que abstenerse durante la votación de su nombramiento.

Este viernes Lesmes comunicó a los medios -algo que ha molestado al grupo de conservadores que se resisten a los nombramientos del TC- que pidió un informe al Gabinete Técnico del Consejo en el que queda claro que, en caso de presentar su dimisión, no importa que el órgano esté en funciones ni que el vicepresidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, que le sustituiría en sus dos cargos como presidente del CGPJ y del alto tribunal, desempeñe su puesto de manera interina porque no hace falta "ningún acuerdo" de los vocales para su nombramiento. Parte de los conservadores consideran que Lesmes está haciendo movimientos que parecen más bien "políticos" y, "si se quiere ir, debería irse pero no decir qué tiene que hacer el Pleno para sustituirle".

Visita de Reynders

Los magistrados del Constitucional tendrían que haber sido elegidos antes del 13 de septiembre según la ley del Poder Judicial reformada a iniciativa del PSOE, pero el proceso se ha dilatado. Ahora, los últimos movimientos para sacar adelante dichos nombramientos en el CGPJ coincidirán con la visita a España del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

Algunos vocales del CGPJ esperan que sus palabras sobre la situación del Poder Judicial alienten a PSOE y PP para llevar a cabo la renovación del órgano que lleva en funciones desde finales de 2018 por la falta de acuerdo político entre las dos principales formaciones del Congreso.

Mientras Bruselas y los vocales del CGPJ confían en que el comisario medie entre el partido del Gobierno y el de la oposición, cada una de las partes en liza espera poder concluir que el representante comunitario ha amonestado a sus rivales políticos por el bloqueo.