Bruselas interviene en la insólita situación del Poder Judicial español, encallado y caducado desde diciembre de 2018, cuando el órgano de gobierno de los jueces venció su mandato y no se ha reemplazado a sus miembros puesto que el partido del Gobierno y el principal de la oposición han sido incapaces de llegar a un acuerdo político para elegirlos.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, llegará el próximo miércoles a Madrid y durante dos días se verá con la ministra de Justicia, Pilar Llop; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el fiscal general del Estado, Álvaro García; el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes y representantes de las asociaciones judiciales.

Precisamente la visita del representante comunitario a nuestro país tendrá lugar cuando Lesmes decide si presenta su dimisión para forzar que PSOE y PP lleguen a un acuerdo de renovación del consejo de jueces, también inmerso en un proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional con una importante división entre sus miembros.

Reynders llega el miércoles a Madrid para mediar en la negociación y forzar la renovación como un actor externo y no contaminado políticamente. En caso de que no se produzca el desbloqueo, Bruselas aún no tiene posibilidad de sancionar a España puesto que la situación no ha pasado los límites de falta de respeto a la independencia judicial o limitación de poderes de los que sí se ha visto riesgo en otros países como Polonia o Hungría. Sin embargo, si tras la visita del comisario europeo -que concluirá el viernes- no se produce lo que ya parece el milagro de la renovación, la imagen exterior de nuestro país quedará resentida.

Informes de los últimos tres años

La Comisión Europea viene advirtiendo desde hace tres años en sus Informes sobre el Estado de Derecho relativos a nuestro país de que el retraso en la renovación del CGPJ es un "motivo de preocupación" por la "posibilidad de que este organismo se perciba como vulnerable a la politización".

En estos informes se han reiterado también los llamamientos para que se modifique el proceso de nombramiento de los vocales judiciales del órgano y éstos sean elegidos por jueces y magistrados entre ellos. Sobre este asunto se espera que departa el comisario con los representantes de las asociaciones de jueces.

En los informes mencionados también se presentan dudas sobre la posible falta de autonomía de la Fiscalía General del Estado por la coincidencia temporal del mandato del fiscal general con el del Gobierno, "lo que puede afectar a la percepción de la independencia". El Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) ha advertido sobre este punto a España en distintas ocasiones. En su segundo informe de cumplimiento, de marzo de 2021, el GRECO reconoció que el Gobierno había considerado su recomendación al respecto, "aunque no había dado lugar a ningún cambio en el método de selección ni en la duración del mandato del fiscal general del Estado". Un mes después del último informe de la Comisión, Reynders se reunirá en Madrid con el nuevo fiscal general Álvaro García, mano derecha de Dolores Delgado a quien ella misma propuso para sucederla, como finalmente acordó el Gobierno.