Hace ahora justo un año que Euskadi asumió la gestión de las prisiones vascas. La reclamación para que esta competencia pasará de manos de Instituciones Penitenciarias al Ejecutivo de Iñigo Urkullu era una vieja exigencia para el desarrollo del Estatuto vasco y que ahora, doce meses más tarde, muestra cambios en su modelo penitenciario y carencias de recursos que están complicando su funcionamiento.

Según denuncian los funcionarios de prisiones, los tres centros vascos han visto cómo en este tiempo se reducía de modo importante el personal, en particular en servicios como los de oficina, mientras la población reclusa que hoy se atiende ha aumentado respecto a la de hace un año. Junto a ello, las condiciones de los funcionarios también se han visto alteradas al convivir trabajadores de prisiones con dos modelos laborales diferenciados y que ya ha sido denunciado ante la Justicia.

Actualmente se estima que en los tres centros carcelarios faltan alrededor de 170 funcionarios de prisiones. Entre las jubilaciones, los traslados y las bajas, sólo en la cárcel más grandes, la de Álava-Zaballa, faltarían alrededor de 80 empleados. La nueva administración vasca se comprometió que para el mes de junio tendría culminado el proceso de convocatoria de la primera bolsa de trabajadores con las que ampliar la plantilla. Sin embargo, esta primera convocatoria de interinos con 60 plazas y para las que se presentan alrededor de 800 aspirantes, se ha visto retrasada y no se prevé que culmine hasta finales de este año. El Gobierno vasco se ha comprometido a llevar adelante otras dos convocatorias similares, si bien por el momento sin plazo determinado.

Está falta de personal se está encontrando con otro cambio importante que se ha ido agudizando a lo largo de este año: la llegada de un mayor número de internos. La prisión de Alava, con 700 internos, la de Martutene con 250 y la de Basauri con 350 completan la red carcelaria vasca. A los traslados de presos de ETA que han aumentado de modo significativo en los últimos meses –la mayoría de internos de la organización terrorista cumple ya su condena en alguna cárcel de Euskadi o Navarra-, se ha sumado el aumento de llegada de presos y que en muchos casos ha derivado en un incremento de los episodios de altercados en el interior de las prisiones. Tensión con episodios importantes de peleas en las prisiones de San Sebastián y Basauri. Un repunte de la población reclusa que, en la mayor cárcel vasca, la de Zaballa, ha obligado a abrir todos los módulos disponibles.

Falta de personal

Otra de las causas de malestar que ha comenzado a instalarse entre los funcionarios es la falta de formación con la que se quiere incorporar a los nuevos trabajadores, “con apenas diez días de formación y ya se les va a poner a trabajar”, denuncia un funcionario veterano. La urgente necesidad de personal se quiere acelerar en los plazos con una formación telemática exprés tras la cual se les incorporará a los servicios de las prisiones.  

Uno de los mayores problemas se registra en los servicios de oficinas de las prisiones, donde apenas ha quedado personal y se debe destinar a funcionarios que cubren otras funciones para reforzar esta área: “En las oficinas de la prisión de San Sebastián, por ejemplo, había ocho trabajadores y ahora sólo hay uno”, aseguran desde UGT. El problema se repite en el resto de los centros carcelarios vascos.

A todo ello se suma la división laboral entre funcionarios que ha generado el proceso de asunción de la competencia por parte de la administración vasca. Por una parte, el Ejecutivo vasco alcanzó un acuerdo con el sindicato ACAIP-UGT por el que 556 funcionarios de prisiones verían adaptados sus condiciones laborales a las de la Administración vasca, si bien de modo transitorio hasta que a finales de 2024 se cerrará un acuerdo definitivo. Sin embargo, al menos 54 funcionarios llegados con el último concurso de traslados del Ministerio del interior, han visto cómo sus condiciones no eran las mismas, ni en lo relativo a sus condiciones económicas ni las de jornada ni libranzas. El caso ya ha sido denunciado ante la Justicia.

Desde UGT también se denuncia que en este primer año de gestión vasca de las prisiones muchos funcionarios han visto cómo sus posibilidades para conciliar la vida laboral y personal han empeorado de modo importante. La inmensa mayoría de los trabajadores de las cárceles vascas no son del País Vasco.

Cambio de modelo penitenciario

La amenaza de ETA contra este colectivo obligó a bonificar la llegada de funcionarios a las cárceles vascas e hizo que se fuera conformando una plantilla venida de fuera de Euskadi. Personal que valoraba la posibilidad de concentrar jornadas para poder unir días y regresar a sus comunidades de origen. “Ahora en áreas como oficinas se está obligando a hacer jornadas de lunes a viernes, lo que en muchos casos complica poder regresar a sus comunidades de origen. Y lo que nos tememos es que ese requisito se extienda a todos los trabajadores para forzar su salida de aquí e ir renovando con trabajadores del País Vasco las plantillas. Son horarios imposibles que te obligan a emigrar, no nos dan opciones de hacer jornadas razonables”.  

Un año en el que también se ha producido un cambio importante en el modelo penitenciario impulsado y en el que se han priorizado las políticas de reinserción. En estos meses se ha autorizado la progresión de grado a 457 presos, de ellos 25 pertenecían a ETA. Se trata de un paso previo para el acceso al cumplimiento de la condena en régimen de semilibertad, una vía que se quiere potenciar en el modelo penitenciario vasco. De igual modo, se ha reforzado la apuesta por la reinserción a través del trabajo. En este año 331 internos han trabajado gracias a la Agencia Vasca de Inserción Laboral, ‘Aukerak’, que mantiene acuerdos con nueve empresas para facilitar el acceso laboral de los internos en la última fase de cumplimiento de su condena.