En Sabin Etxea analizan ya con detalle el presupuesto propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. El análisis de las partidas, en particular las que afectan a Euskadi, son las que se estudian con lupa. Pero esa será la segunda fase de la negociación de uno de los socios preferentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La primera fase tendrá otro espíritu, el de la exigencia de pagar lo adeudado, de cumplir los compromisos rubricados en negociaciones anteriores.
Antes hincar el diente al nuevo presupuesto, el PNV quiere que Sánchez dé el paso definitivo a lo que prometió cumplir en todas las negociaciones presupuestarias anteriores desde 2018: el cumplimiento del Estatuto de Gernika. El tiempo se agota y el fantasma de un relevo en Moncloa tras unas generales, inquieta. Más aún los rumores que incluso abren la posibilidad de un adelanto electoral de las generales para hacerlas coincidir con las municipales y autonómicas de mayo.
Los nacionalistas saben que esta quizá sea la última ocasión en la que puedan apretar y hacer valer de verdad sus votos en una negociación tan relevante como la presupuestaria. Por ello, exigirán como premisa inicial acelerar el traspaso de las competencias pendientes, en particular las más avanzadas, con la esperanza de poder completar el cronograma que planteaba su desarrollo íntegro antes de que concluya la legislatura y que se pactó para la investidura de Sánchez hace cuatro años y que ya debía haber estado cumplido completamente.
"Voluntad política"
Por ahora la petición negociadora no eleva el tono. Tras los contactos y tomas de temperatura que hace días se han puesto en marcha en Madrid entre el PNV y el Gobierno, desde la dirección del partido se reiteraba ayer la necesidad de mostrar al menos una “voluntad política” real para cumplir lo prometido. Ortuzar ya le recordó a Sánchez en el ‘Alderdi Eguna’ (Día del partido) que el PNV llevaba años cumpliendo su parte en las votaciones del Congreso y el Senado y que le correspondía al Ejecutivo cumplir con la suya, con los compromisos adquiridos: “La pregunta es, ¿Sánchez puede decir lo mismo? Todos sabemos la respuesta, un no rotundo”, aseguró Ortuzar ante sus militantes.
Y sin duda el compromiso de los compromisos es el Estatuto de Gernika de 1979, del que el Gobierno vasco cifra en 25 las materias pendientes de transferir. Entre ellas, el régimen económico de la Seguridad Social, los puertos y aeropuertos o la gestión de los trenes de cercanías, entre otras, "lo que nos corresponde", recordana Urkullu a comienzos del curso político.
Ahora desde el PNV se ha elevado la presión. Lo hizo Urkullu en el Pleno de Política general instando a convocar la comisión permanente que permita acelerar las transferencias. Lo reiteró días después Ortuzar asegurando que ellos no son de bloques, “ni del de Sánchez ni del de Feijóo” y lo completó la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, asegurando que la “inacción” del Gobierno en esta cuestión es inaceptable.
Conscientes de que el tiempo es demasiado limitado como para llevar a cabo un traspaso tan amplio de materias como el que resta, en el PNV quieren que al menos en la negociación que se lleve a cabo los próximos dos meses –los que restan hasta la aprobación de los presupuestos en plazo- se puedan concretar algunos, los más avanzados. El Gobierno vasco ya ha remitido seis borradores o propuestas de condiciones y procedimientos de traspaso detallado en los que se plantea cómo se podría llevar a cabo, la valoración económica y de recursos y el procedimiento posible para ejecutarlos. Documentos abiertos a negociación.
Propuesta de transferencias
La última propuesta de transferencia enviada a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, es la referida al traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria, en el que se aborda la seguridad de las máquinas y equipos de trabajo, riesgos físicos, químicos y psicosociales, además de los ruidos o vibraciones de las maquinas en el entorno laboral.
Antes, el Ejecutivo vasco remitió propuestas similares sobre competencias como la gestión del litoral, la inmigración, el servicio de meteorología, el de salvamento marítimo y la titularidad de la competencia sobre el fondo de protección a la cinematografía. Otra de las materias que se encuentra muy avanzada es la relativa al traspaso de los trenes de cercanías y que en reiteradas ocasiones el Gobierno Urkullu ha dado por prácticamente cerrada.
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