Es la mayor cifra de los últimos años. El Gobierno la ha incrementado en un 19,4% para el próximo ejercicio hasta situarla en un importe récord estimado en 1.680 millones de euros. El Cupo vasco, por el que Euskadi paga al Estado el importe que le corresponde para el sostenimiento de las competencias no transferidas al País Vasco y que asume la Administración Central, es por el momento cálculo aproximado. Podrá variar en la liquidación final de cada ejercicio. Por ahora, la cuantía es 273 millones superior a la que se fijó en los presupuestos generales anteriores, que lo estableció en 1.407 millones de euros.

En el proyecto presentado ayer por la Ministra María Jesús Montero se asegura que el cálculo del “Cupo bruto” se ha hecho tomando como referencia el año base establecido en la Ley Quinquenal del Cupo aprobada con el Gobierno del PP en 2017 y que venció en 2021. Su renovación por el momento no está prevista y se continúa aplicando como referencia. En esa Ley Quinquenal el punto de partida que se estableció es de 1.300 millones de euros.

El Cupo es la cantidad que las Haciendas vascas, encargadas de recaudar los tributos concertados en el País Vasco, deberán entregar al Estado en concepto de financiación de las competencias que ejerce en Euskadi. Se trata de materias como el Ejército, los Puertos, la Monarquía, las embajadas o incluso el Fondo de Compensación Autonómica del que Euskadi no puede hacer uso y a las que los contribuyentes vascos, como los del resto del país, contribuyen financiando de acuerdo a su peso poblacional: en este caso el 6,25% de su coste.

Los 1.680 millones supone una estimación récord en comparación con los importes que se fijaron en presupuestos anteriores. El año pasado la cantidad fue de 1.407, el anterior 1.298 millones. Cantidades que finalmente varían tras los ajustes en la liquidación que se lleva a cabo entre ambas administraciones al cruzar los costes en las competencias ajenas llevados a cabo por uno y otro a lo largo del año. Así, en el proyecto de presupuestos, por ejemplo, se establece que se deberá aplicar una compensación de 243 millones de euros “por la disminución de ingresos” por la asunción de Euskadi y Navarra de la competencia del Ingreso Mínimo Vital.

Ley Quinquenal sin renovar

En el proyecto presupuestario se recuerda que si bien cada cinco años se debería renovar la ley que fija la metodología de cálculo del Cupo, ante la carencia de una ley actualizada se debe prorrogar la última aprobada, la correspondiente al periodo 2017-2021 a la espera de que se pueda pactar una nueva norma para el periodo 2022-2026.

El Concierto Económico que establece la relación fiscal entre ambas administraciones es el que determina quién hace qué y quién paga qué. El resultado de la aplicación de esa norma es el Cupo o importe de costes de ese reparto de responsabilidades competenciales. El cálculo anual arranca en el llamado “cupo base” que se fija en cada ley quinquenal. En principio las tres administraciones vascas deben asumir el 6,24% del coste total que tiene el ejercicio de las competencias del Estado que no están transferidas al País Vasco. En los últimos años de ese cálculo han salido materias como la gestión de las prisiones o el IMV que ya tiene transferidos el Gobierno vasco.  

En el caso de Navarra, el Convenio foral también regula un régimen fiscal singular. En el proyecto de presupuestos para 2023 el Gobierno Sánchez establece una cuantía a asumir por la Administración navarra de 645 millones de euros.

En el apartado de inversiones a cargo del Estado la previsión para el próximo ejercicio es de 558 millones de euros para Euskadi, lo que supone un incremento del 14% respecto al año pasado. La mayor partida de las inversiones se la llevan las obras del tren de alta velocidad. En Navarra, las inversiones estatales previstas para 2023 son de 103 millones de euros.

Más competencias

Precisamente la reclamación de más competencias, con las que se reduciría el importe del Cupo, es una de las exigencias que el PNV llevará en todo el proceso negociador que ahora se pone en marcha. Tanto el Gobierno de Urkullu como la formación que lidera Andoni Ortuzar recuerdan que aún restan 25 materias por transferir y cuya titularidad continúa en manos de la Administración del Estado pese a que vienen incluidas en el Estatuto de Gernika como de titularidad vasca.

El cronograma que se pactó en 2018, tras el acuerdo que permitió la investidura de Pedro Sánchez, debía estar ya cumplido. En ese escenario, el País Vasco tendría que asumir con sus propios recursos la gestión de esas nuevas competencias que recaerían bajo su titularidad, con lo que descargaría el coste proporcional que aún hoy asume el Estado.

La fórmula singular de la relación tributaria entre Euskadi y el Estado tiene su origen en 1878, tras la derogación de los fueros vascos después de las guerras Carlistas. El decreto de Alfonso XII del 28 de febrero de 1878 recogía que, ante la falta de estructura del Estado, serían las tres haciendas vascas las que en nombre del rey recaudarían los impuestos para remitirlos después a la administración española. La fórmula, que nació con vocación de provisionalidad, se plasmó en una primera Ley del Concierto que fue renovada en varias ocasiones hasta que la reina María Cristina estableció como permanente el modelo del Concierto Económico vasco.