La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la investigación abierta al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por la contratación de la empresa Cenyt del comisario José Manuel Villarejo cuando éste estaba en activo para que realizara informes sobre la competencia.

La Sala de lo Penal, en la misma línea que el juez instructor Manuel García-Castellón, ve prescritos los delitos de cohecho activo continuado, delito contra la intimidad y delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular por los que estaba investigado el máximo responsable de la energética.

Los encargos por los que Galán estuvo investigado consistieron, según los informes de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, en seguimientos a personas que se oponían a la instalación de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz), entre 2004 y 2005; averiguaciones sobre los empresarios Manuel Pizarro (Endesa) y Florentino Pérez (ACS) entre 2005 y 2006 así como en una investigación alrededor del accionista mayoritario de Eólica Dobrogea, Chrisopher Kaap, con quien Iberdrola Renovables se había aliado para desarrollar proyectos en Rumanía. Según los indicios recabados en la causa, el comisario accedió a datos confidenciales gracias a las relaciones que tenía en la Policía por estar activo en el Cuerpo para realizar los encargos de Iberdrola.

El instructor vio indicios de que el máximo responsable de Iberdrola debió conocer los encargos a la empresa privada del comisario, a pesar de que éste giró las facturas a nombre de otra empresa, CASESA, según habría acordado con el exjefe de Seguridad de la energética, Antonio Asenjo. El pasado 23 de junio, el titular del Juzgado Central 6 archivó la causa a Sánchez Galán por prescripción de los delitos investigados en los denominados proyectos Arrow (de 2004 a 2006) Black Board o B-B (años 2004 y 2005) Gipsy y Posy (año 2009). Durante los años en los que el comisario -todavía en activo- habría desarrollado estos trabajos Sánchez Galán fue vicepresidente y consejero delegado de Iberdrola y, desde 2006, presidente de la compañía.

Desestima el recurso de Florentino Pérez

Ahora, la Sala de lo Penal desestima el recurso presentado por el empresario Florentino Pérez contra la decisión de García-Castellón de decretar el archivo de la causa respecto de Sánchez Galán y confirma que la investigación no se debe reabrir.

Los magistrados analizan en primer lugar el delito de cohecho cometido por particulares y señalan de acuerdo con la legislación aplicable el plazo de prescripción era de 10 años "que ya habían transcurrido el 23 de junio de 2021, que es cuando el procedimiento se dirigió contra José Ignacio Sánchez Galán al ser citado para ser oído como investigado, teniendo en cuenta que los hechos que se le imputan en el auto recurrido ocurrieron entre 2004 y 2009".

En relación con la participación de particulares en el delito contra la intimidad cometido por funcionarios públicos, el Tribunal analiza el tipo penal aplicable en el momento de los hechos y concluye que, como en el caso anterior, también estaría prescrito. De la misma manera, considera la Sala también prescrito el delito de falsedad provisionalmente imputado "al no estar ninguno de ellos castigado con pena que alcance diez años de prisión".