La Confederación Española de Policía (CEP) ha presentado este viernes una demanda con la que pretende que la Audiencia Nacional anule las medallas pensionadas que el Ministerio del Interior otorgó el mes pasado a diez mandos policiales ya jubilados, al entender que la concesión ha sido un ejercicio de "arbitrariedad" y un "abuso de poder sin límites" de la Administración.

El departamento que dirige Grande-Marlaska ha acordado el ingreso en la orden del mérito policial de los comisarios principales Francisco López Canedo, Eloy Quirós Álvarez, Francisco Javier Migueláñez Valero, Héctor Moreno García, Francisco Rodríguez López, José María Moreno Moreno, Jorge Zurita Bayona y José Moisés Pérez Conejo  y los comisarios Manuel Páez Méndez y José Antonio Pérez Martínez con motivo de Día del patrón del Cuerpo (los ángeles custodios), celebrado el pasado 2 de octubre. En concreto, estos funcionarios ya retirados han recibido la medalla de plata, que conlleva un incremento vitalicio de pensión equivalente al 15 % del sueldo base que tenían en activo.

De los diez, siete (López Canedo, Quirós Álvarez, Migueláñez Valero, Moreno García, Rodríguez López, Moreno Moreno y Páez Méndez) ya habían recibido esta misma distinción entre 2020 y 2021, si bien fueron anuladas posteriormente por los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo al no respetar la Dirección General de la Policía el procedimiento ni detallar los méritos que hacían merecedores de tal reconocimiento a dichos funcionarios.

La CEP, que fue uno de los sindicatos que logró la anulación de varias de esas medallas, ha tomado otra vez el camino de los tribunales por considerar que Interior ha intentado "subsanar o sortear torticeramente los defectos de nulidad y anulabilidad declarados en sentencias anteriores" e incurre "en los mismos defectos insubsanables".

En un comunicado, la organización llama la atención sobre el hecho de que la Dirección Adjunta Operativa (DAO) emplazara a los representantes de los agentes a una reunión el pasado 10 de agosto para abordar la concesión de las medallas y que les retiraran los teléfonos móviles y no les facilitaran "documento alguno" sobre los reconocimientos que la Dirección General quería llevar a cabo, unas medidas que no se habían adoptado en años anteriores. El acta de la cita sólo lo tuvieron después de presentar una queja ante la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, indica.

La CEP considera que otorgarle la medalla a los mismos mandos a los que la justicia ya se las retiró es un "abuso de poder sin límites"

"En ese documento, facilitado finalmente el mismo día que la Junta de Gobierno del Cuerpo aprobó las condecoraciones, se eludía concretar el tipo de medalla propuesta y el hecho concreto que supuestamente habrían protagonizado esos diez mandos jubilados. Se da la circunstancia, además, de que varios de los condecorados llevaban más de dos años fuera de la Policía (otros más de un año) y que, en consecuencia, resulta materialmente imposible que hayan participado en ningún servicio operativo o actuación policial, siendo la decisión de Interior, en definitiva, un nuevo intento de eludir las decisiones judiciales previas", expone.

En este sentido, la CEP sostiene que el hecho de que la DAO alegara de forma verbal que los iba a proponer para condecoración "por hechos concretos sin especificar" y determinar supone una infracción a la libertad sindical y una vulneración del artículo de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que obliga a expresar el contenido de las resoluciones dictadas de forma verbal (36.2), como ya pusieron de manifiesto los jueces de lo Contencioso-Administrativo en los procedimientos citados.

"El antecedente lógico y conexo entre las concesiones de la medalla de plata al mérito policial a estos siete miembros jubilados en los años 2020 y 2021 con las ahora impugnadas es tan claro que el procedimiento abreviado que se siga debe estar condicionado por las sentencias firmes reseñadas y, por consiguiente, el pronunciamiento no puede ser otro que la nulidad de la Orden del ministro del Interior", añade.

"Se hurtó la información necesaria"

En su demanda, el sindicato recuerda que la DAO iba a reunirse inicialmente con las organizaciones en el plazo establecido por el director general (antes del 31 de mayo) si bien "de forma sorpresiva" se pospuso posteriormente hasta más de dos meses después, "de tal forma que se vulneró toda la normativa procedimental y se hurtó la información necesaria y completa que necesitaban los sindicatos para poder ejercer con plenitud su derecho a alegar".

La CEP critica que el ingreso en la orden del mérito policial siga estando regulado por una norma preconstitucional -la Ley sobre condecoraciones policiales de 1964- y pide su sustitución por otra "democrática, transparente y objetiva". "Reclamamos valentía a los partidos políticos porque, paradójicamente, ni PSOE ni PP han querido modificar esta norma franquista cuando han tenido responsabilidades de Gobierno", apostilla.