Unidas Podemos debió enterarse ayer de que Gobierno y PP han negociado, hasta el momento infructuosamente, la renovación del CGPJ, porque de otra manera no se entendería, no al menos en el planeta Tierra, que pidan ahora estar presentes en una negociación de la que nunca formaron parte. Otra cosa es que el Gobierno, entre los nombres que ha ido poniendo sobre la mesa, haya propuesto algunos de personas próximas a Podemos, como el de la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que decayó, pero nunca ha sido interlocutor directo.

A lo máximo, se ha mantenido informada a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, como jefa de la delegación morada del Ejecutivo. De hecho, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la contactó ayer tras la reunión de tres horas en Moncloa entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Esteban González Pons y él mismo, para comentarle los términos del acuerdo, esto es, intentar apurar un último intento de pacto. Pero el todopoderoso ministro quiso dejar claro ayer que él negocia en nombre de "todo" el Gobierno.

Yolanda Díaz bajó el diapasón respecto a Unidas Podemos

Yolanda Díaz hizo unas consideraciones respecto a esta negociación varios grados por debajo a las de sus compañeros de filas, lo que vuelve a poner de manifiesto el distinto talante, tanto en el fondo y como en las formas, con Unidas Podemos. "Hace casi cuatro años que se mantiene una situación de excepcionalidad en el poder judicial por un bloqueo antidemocrático. La Administración de Justicia es fundamental para nuestro país. Hay que corregir ya esta anomalía", exhortó a través de un mensaje en Twitter.

Pero fuera de lo muros de Moncloa, tanto Podemos como Izquierda Unida exigían un lugar en la mesa negociadora, entre otras cosas porque temen que el PSOE termine cediendo a algunas de la pretensiones del Partido Popular, bien vetando nombres como el de Rosell -que ya quedó fuera de la quiniela- pero también el del juez José Ricardo de Prada, o acepte cambiar, a futuro, las reglas del juego en la elección de los miembros del CGPJ.

Podemos no quiere ningún pacto con el PP. Son firmes defensores del cambio de mayorías parlamentarias pactadas con el Grupo Socialista en una proposición de ley que quedó a medio camino, pues sólo se atrevió a limitar las competencias del Consejo estando en funciones.

Esta reforma luego vivió una contrarreforma para darles la opción de renovar a dos miembros del Tribunal Constitucional cuyo mandato terminó el pasado mes de junio. Pero el bloque conservador del órgano de gobierno de los jueces desoyó la ley, y se saltó los plazos, que culminaban el 13 de septiembre.

Podemos pide que se renueve sin "concesiones" al PP

Del malestar de Podemos respecto a la posibilidad de un pacto para el CGPJ da idea el tuit de la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, cuando todavía no había terminado la "cumbre" de Moncloa. "La dimisión de Lesmes llega 3 años después de que empezara el bloqueo -escribía la ministra-. Es evidente que forma parte de la misma estrategia del PP para seguir conservando el poder que perdieron en las urnas. Debemos negociar como Gobierno para que el PP no siga con su golpe blando a la democracia". Y añadía en otro mensaje: "Un golpe blando a la democracia que debe terminar ya, sin concesiones, ni condiciones".

Poco antes, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, dijo que la dimisión de Lesmes "llega cuatro años tarde y con la legitimidad democrática ausente. Su dimisión forma parte de una operación con el PP para mantener el bloqueo del Poder Judicial, de lo contrario no se entiende porque Lesmes no ha dimitido no estos últimos tres años". El PP, agregó Fernández, "quiere una negociación bipartidista, sin Unidas Podemos para torcerle el brazo al PSOE y mantener así su control cobre el Poder Judicial. Y esto no puede ser una negociación bipartidista. El Gobierno no puede ceder a las presiones antidemocráticas del PP".

La portavoz federal de IU, Sira Rego, también exigió que la negociación para la renovación del CGPJ se acometa entre todos los partidos que conforman la coalición. "Deben implicarse en conseguir esa renovación, de forma natural y acorde con un proceso democrático. Es lo normal en democracia", dijo.

Se le abre pues una brecha a Moncloa, que tiene que aclarar todavía si está dispuesta a cambiar el sistema de elección de los jueces.