Moncloa cree que no hay alternativa al actual modelo de elección de los miembros del CGPJ por mucho que el PP transmita la idea de que tras la cumbre del pasado lunes entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Félix Bolaños y Esteban González Pons, se han movido las posiciones del Ejecutivo. Fuentes gubernamentales insisten en que el actual sistema "es el más democrático" y no ven margen alguno para cambiarlo por otro que deje la elección en manos de las asociaciones de jueces.

En definitiva, las diferencias en este punto se mantienen. El Gobierno dice no estar dispuesto a explorar otras vías, aunque abrirse a una negociación futura facilitaría, y mucho, desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces, sobre todo después de que la Comisión Europea haya insistido en que el sistema español necesita un repaso que "despolitice la justicia".

"Nuestro modelo no es gremial ni corporativo porque estamos hablando de un poder del Estado", afirman fuentes de Moncloa y, por tanto, entienden que debe reflejar el juego de mayorías del Congreso de los Diputados. Además, contra el criterio del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, "los jueces participan en el proceso de elección. El Parlamento elige entre una lista de magistrados a propuesta de sus compañeros". Otro de los argumentos de peso que esgrimen se sustenta en la vigencia del modelo, con 35 años de antigüedad, y en el hecho de que los populares tuvieron la oportunidad de cambiarlo estando en el Gobierno con mayorías reforzadas "y no lo hicieron".

"Nuestro modelo no es gremial ni corporativo", alegan en el Gobierno

De hecho, esa fue una de las promesas con las que aterrizó Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, pero tras el estallido del "caso Carlos Dívar" -que fue presidente del Consejo y del Tribunal Supremo entre 2008 y 2012- y las maniobras internas que ello produjo en el CGPJ, la reforma pasó al cajón de los recuerdos junto con la de la ley del aborto, salvo en lo que afectaba a las menores de entre 16 y 18 años. Y con ello decayó la estrella del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Además, las relaciones entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Intitucional del PP, Esteban González Pons, acabaron envenenándose. Y aunque han mantenido en las últimas fechas algunos contactos discretos antes de la reunión del pasado lunes, la vez anterior que se sentaron a negociar, se supone que en serio, "Pons le dijo a un metro de distancia de Bolaños que nunca más volvería a reunirse con él". Posteriormente, el popular le remitió un documento de 11 folios con las condiciones de un hipotético acuerdo que el ministro calificó de "teatrillo". Todo ello sin olvidar el episodio veraniego de la filtración del acuerdo escrito firmado por el exsecretario general popular Teodoro García Egea y el propio Bolaños.

La postura del PP sí apunta a avances

En el PP ven más cerca el acuerdo con el Gobierno para desbloquear el CGPJ. Al menos perciben mayor disponibilidad para ello, y eso se evidencia en la actitud demostrada por el interlocutor popular y vicesecretario de Política Institucional González Pons; que tras intervenir junto a Bolaños en la reunión entre Sánchez y Feijóo y en comparecencia posterior en Génova mostraba una expresión de entusiasmo tras el reinicio de las negociaciones.

Desde la sede nacional también creen que el escenario en el que se encuentra el Gobierno va a provocar que finalmente se asuman las exigencias del PP, al menos las más cruciales. Porque, primero, por parte del propio Feijóo, no ven "otra posibilidad" que no lleve al acuerdo. Porque "hay que garantizarlo" para que la imagen de España siga siendo el de "un Estado de derecho ejemplar" dentro de la Unión Europea.

En el seno de los populares se apelan a cuatro principales avances tras el encuentro. El primero, la propia disponibilidad del Gobierno para el diálogo tras meses de conversaciones tensas. A ello, se suman otros tres. Que Moncloa haya aceptado dar salida y renovar al unísono el Consejo y el Tribunal Constitucional (TC), sin nombrar a sus jueces pertinentes del Alto Tribunal tras modificar lo referente a los nombramientos en la ley. Que se pueda dialogar sobre los criterios de idoneidad -sin confirmar si los han aceptado- y que aborde el marco de cambiar el modelo de elección de los jueces una vez renovado el órgano, una de las pocas cesiones hechas respecto al documento presentado en julio y que sería el principal escollo con el PSOE. No aclaran, eso sí, si pedirán por escrito que esto se cumpla con una reforma legislativa en seis meses, pero creen que el momento exige compromiso.