La mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han apoyado que el miembro de más edad del órgano de gobierno de los jueces, Rafael Mozo Muelas, sustituya a Carlos Lesmes hasta que PSOE y PP acuerden designar nuevos vocales.

El nombramiento se hará con el consenso de los bloques conservador y progresista, donde no convenció la opción que dejó indicada Lesmes, apoyándose en un informe del Gabinete Técnico del CGPJ, para que el presidente de Sala más antiguo del Supremo, Francisco Marín Castán, le sustituyera como presidente del consejo de jueces y también del alto tribunal. Dieciséis de los 18 vocales han votado a favor de Mozo, Wenceslao Olea en contra, porque compartía que Marín Castán debía ocupar ambos puestos y María del Mar Cabrejas no ha estado presente en la votación por el mismo motivo. Según fuentes del Consejo, la vocal ha llegado a calificar de "ilegal" que los vocales hayan realizado una votación para elegir al presidente.

Finalmente, los vocales han optado por la bicefalia en la responsabilidad. Mozo será el presidente del CGPJ y Marín Castán, el del Tribunal Supremo. Eso sí, todos asumen, el primero el propio nombrado, que se trata de una presidencia interina, como sustituto, y sin las funciones que tenía Lesmes. Según ha acordado el Pleno, Mozo no ejercerá en plenitud las funciones que le concede la ley como presidente del órgano, sino que las decisiones serán consensuadas entre todos los vocales, sobre todo las que tienen que ver con contratación de personal interino, asuntos económicos y comunicación.

Rafael Mozo se jubilará en julio del próximo año, aunque podría continuar en la presidencia si para entonces sigue sin haber acuerdo político para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

El recién elegido presidente del CGPJ es miembro de la asociación minoritaria Juezas y Jueces para la Democracia. Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde julio de 2018, previamente, desde 1998, prestó servicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Ingresó en la carrera judicial en 1985 y ha estado destinado en Sant Feliu de Guixols, Sepúlveda, Leganés y Madrid.