La recepción este miércoles en el Palacio Real con motivo del 12-O estuvo centrada en las nuevas conversaciones para renovar al CGPJ y el Tribunal Constitucional, con una ausencia muy significativa, la del ya ex presidente de ambos órganos Carlos Lesmes. Lesmes se convirtió en el elefante del gran salón que reunió a más de 2.500 invitados, con el foco puesto especialmente en las dos personas que tienen en su mano buscar una salida al embrollo en el que está inmerso el poder judicial, esto es, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
En la reunión del lunes en Moncloa entre ambos se acordó una fórmula propuesta por el líder popular, a fin de cuentas, por quien apuesta por cambiar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Esa vía para desbloquear la renovación pasaría porque fuera el nuevo Consejo el que, en un plazo de seis meses, hiciera una propuesta de reforma del actual método para "despolitizar" el Consejo siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea.
De este modo se procedería a renovar de forma casi simultánea el CGPJ y los dos magistrados del Constitucional, de los cuatro cuyo mandato culminó el pasado mes de junio, conforme a unas condiciones de idoneidad que el Gobierno está dispuesto a aceptar. Luego comandarían al Consejo para que estudiara un nuevo modelo de elección y sobre esa base se avanzaría en una proposición o proyecto de ley.
Moncloa se aferra a que la Comisión Europea solo ha "recomendado" modificar la elección del Consejo
Sin embargo, para entonces habría un CGPJ de mayoría progresista, que "podría hacer, o no, dicho informe", indican fuentes del Gobierno conocedoras del contenido de la reunión del pasado lunes, a la que se sumaron el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, esto es, los dos negociadores.
Asimismo, puntualizan que la Comisión Europea "ha exigido" la renovación del órgano de gobierno de los jueces y "recomendado" -y aquí el matiz es importante-, buscar otro sistema de elección de los mismos. En este sentido aducen que "prácticamente nadie cumple las recomendaciones europeas", cosa que hasta el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, admitió a algunos de sus interlocutores cuando estuvo en Madrid.
Quiere decir que si bien se acordó el lunes en Moncloa una metodología, el Gobierno ha echado la pelota a rodar, y una vez tenga renovados CGPJ y Tribunal Constitucional, es dudoso que ahonden en la renovación de un sistema de elección de vocales que respaldan en sus actuales términos, aunque admiten que "habrá que dar al PP una pista de aterrizaje para que justifique su cambio de postura".
En definitiva, el Gobierno sigue negando la mayor, esto es, que esté dispuesto a introducir cambios por entender que el actual mecanismo "es el más democrático" al reproducir el juego de mayorías del Congreso. Y aunque intentaron mantener la prudencia para no hacer descarrilar las conversaciones, sí surgió ayer entre Sánchez y Núñez Feijóo una primera discrepancia pública respecto al deshielo de sus relaciones. El líder del PP quiere un pacto por escrito al que se niega en redondo el jefe del Ejecutivo.
Acaso lo más curioso es que, aún persistiendo las profundas discrepancias, la renovación del CGPJ puede ser "cuestión de días", tal y como subrayaron de un lado y de otro. De hecho, algún ministro aventuró que antes de que acabe octubre terminará este episodio que se lleva arrastrando nada menos que cuatro años, desde 2018.
Feijóo "tiene que decidir si sigue la línea de Casado"
"Con el PSOE en la oposición se ha renovado el CGPJ. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad", dijo Sánchez en una conversación informal con los periodistas. En todo caso apostó por la cautela "y no por subrayar las diferencias", aunque Feijóo "tiene que decidir si sigue la línea de Casado". También señaló que el Gobierno no se cierra a "mejorar" el sistema de elección y que, de hecho, así se pactó con la anterior dirección popular, pero en ningún caso para ir a un modelo corporativista y gremial que ya ha sido rechazado por la mayoría parlamentaria cada vez que el PP lo ha llevado al Congreso de los Diputados.
Desde el otro lado del salón Feijóo insistía en un acuerdo por escrito y se negaba a entrar en un juego de nombres hasta no pactar las condiciones de idoneidad que ha exigido, entre ellas, que no acceda al Consejo ningún cargo público en estos viajes de ida y vuelta entre la judicatura y la política. De otro modo, argumentaba, "se nos puede acusar de intercambio de cromos y eso ya ha acabado". Por eso entiende que es importante profundizar en un nuevo modelo de Poder Judicial para que sean los propios jueces los que diseñen un sistema "no politizado", que es el principal reproche que hace Europa.
Bolaños y González Pons han comenzado a negociar discretamente, pero no pasará mucho tiempo para que se conozca cuales son los frutos, si los hay, de esta última intentona.
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