El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se aproxima a los cuatro años sin renovación por la imposibilidad de PSOE y PP de ponerse de acuerdo para elegir nuevos miembros, amenaza con llevar a la cúpula judicial, y principalmente al Tribunal Supremo, al colapso.

Este octubre, la plantilla de 79 magistrados se quedará con 16 plazas vacantes, un quinto del tribunal sin reemplazo por la reforma legal impulsada por PSOE y Podemos que impide al órgano de gobierno de los jueces nombrar miembros del alto tribunal mientras permanece caducado. Gobierno y oposición han acercado posturas para sellar un acuerdo de renovación que parece cercano, pero mientras eso no ocurra, el funcionamiento del tribunal está sufriendo unas consecuencias sin precedentes.

Cuando acabe este mes, el 20,25% de la plantilla del Supremo estará vacante. Además, se prevé que a partir de noviembre -en caso de que el consejo de jueces siga en situación de interinidad- la situación empeore porque los magistrados que alcancen los 72 años tendrán que jubilarse forzosamente y quienes lleguen a los 70 también podrán solicitar su retirada.

Las dos salas más afectadas son la Tercera o de lo Contencioso-Administrativo y la Cuarta o de lo Social donde cuando acabe este octubre habrá cinco vacantes sin cubrir, incluida su presidencia. Esto supone prácticamente un 40% de los 13 magistrados de la Sala.

La Sala de Gobierno lleva advirtiendo desde el año pasado, por estas fechas, de que la situación sería "absolutamente insostenible y podría llevar al colapso total, con 400 sentencias menos al año y una alta demora en la resolución de los asuntos", según afirmó en un informe solicitado al Gabinete Técnico.

La Sala Tercera resolverá sobre la presidencia del CGPJ

Precisamente la Sala Tercera o de lo Contencioso-Administrativo del Supremo tendrá que resolver entre este martes y este miércoles el recurso presentado por el vocal del CGPJ Wenceslao Olea contra la decisión de la mayoría de sus compañeros de Pleno de nombrar presidente suplente a Rafael Mozo, el miembro de mayor edad del Consejo.

La mayoría del Pleno (16 votos frente al negativo de Olea y una abstención de Mar Cabrejas) obviaron el criterio del presidente dimitido Carlos Lesmes y del Gabinete Técnico del CGPJ, donde se concluyó que el vicepresidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, presidente de Sala más antiguo, debía convertirse a la vez en presidente del alto tribunal y del consejo de jueces para evitar un mandato bicefálico. Los vocales no vieron bien que se les indicara el camino a seguir y optaron por nombrar presidente del CGPJ a Mozo y que Marín lo fuera del Supremo.

El vocal Olea se opuso durante el Pleno a esta opción al considerarla ilegal, formuló un duro voto particular y este lunes la ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, solicitando como medida cautelarísima (a resolver en un máximo de 48 horas) que se suspenda la decisión que ha situado a Mozo al frente del CGPJ mientras Marín Castán preside el Supremo.

El recurso, además de simbolizar el desgaste al que ha llegado el Poder Judicial por la falta de renovación, pone en un brete a los magistrados del Tribunal Supremo. El pasado 26 de septiembre, cuando Lesmes advirtió de que renunciaría al cargo si PSOE y PP seguían sin llegar a un acuerdo de renovación, la Sala de Gobierno del Supremo emitió un breve comunicado en el que afirmó que "toma conocimiento y comparte el informe del director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial".

En ese informe se respaldó que Marín Castán fuera presidente interino del Supremo y del CGPJ a la vez si Lesmes dimitía para evitar un mandato bicefálico. El Pleno del consejo de jueces lo obvió y nombró a Mozo contra dicho criterio. Si ahora el Supremo admite el recurso de Olea y concluye que Mozo no debió ser nombrado, estará afirmando que la mayoría del CGPJ tomó una decisión al margen de la ley.