Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 alcanzan este viernes su primera meta volante en el Congreso. Los grupos tienen hasta las 14 horas para registrar sus enmiendas de totalidad, y la mayoría de ellos guardan sus cartas hasta el final. También, y sobre todo, los socios. ERC, PNV y EH Bildu apuran los tiempos y mantienen los contactos con el Ejecutivo. El aliado de mayor peso simbólico y numérico, ERC (13 escaños), tiene la llave maestra, pero ya sabe que el Gobierno no accederá a una de sus peticiones: negociar la reforma de la sedición en paralelo a la tramitación de las cuentas del año próximo. Solo está dispuesto a estudiar el desbloqueo de "leyes en tramitación, como la de vivienda o la de seguridad ciudadana, pero no a mezclar una materia de debate de la mesa de diálogo con el Govern con la discusión de los PGE. Desde ERC señalaban a última hora de este jueves que se mantenían "lejanos" al Ejecutivo, aunque mantenían el hilo de comunicación.

Fuentes gubernamentales de primer nivel se mostraban este jueves tajantes respecto a la demanda de los republicanos: "No vamos a transigir en ese punto". En el Ejecutivo siguen defendiendo una modificación que homologue el Código Penal español a otras legislaciones europeas, que rebaje —no elimine— el tipo de la sedición, por el que fueron condenados los líderes del procés, pero esgrime que esa reforma, de hacerse, ha de ir por separado, al margen de la tramitación de los Presupuestos, y siempre que disponga de mayoría parlamentaria para salir adelante, mayoría con la que aún no se cuenta, insisten.

ERC argumenta que en la reunión de la mesa de diálogo del pasado julio Gobierno y Govern se comprometieron a buscar una salida. Una reforma que debiera estar lista, en caso de amarrarse, antes de que finalice 2022 y que hoy parece muy improbable. Pero también los independentistas catalanes piden avances en la "agenda antirrepresiva". Esto es, que se diluyan las causas judiciales abiertas aún contra políticos y funcionarios por el procés.

Donde ellos dicen agenda antirrepresiva nosotros decimos aplicación del Estado de derecho", replican en la Moncloa a ERC

"Donde ellos dicen agenda antirrepresiva nosotros decimos aplicación del Estado de derecho", replican en la Moncloa. Es decir, que esta cuestión no es materia de debate y que serán los tribunales los que decidan, sin interferencias del Ejecutivo. La posición firme del Gabinete ha sido trasladada por los dos negociadores principales de Pedro Sánchez: los ministros de Hacienda y de la Presidencia, María Jesús Montero y Félix Bolaños.

Los campos posibles de acuerdo con ERC, por tanto, se ciñen a otras dos de sus reclamaciones: cumplimiento de las inversiones en Cataluña y garantía de ejecución y desbloqueo de normas sociales señeras como la de vivienda o el fin de la ley mordaza que aprobó el PP en 2015. En ambas el Gobierno asume que tendrá que ceder para atraerse a los de Oriol Junqueras, aunque no esconde la dificultad de acercar posturas.

ERC, "lejana", pero siguen los contactos

Este jueves, a primera hora, la propia Montero ya marcaba el terreno de juego con nitidez. "Puede ser que durante la tramitación ERC quiera meter alguna ley en tramitación en este momento en el Congreso", dijo a los periodistas tras un desayuno informativo en Madrid, reconociendo que sí se ha colado en las conversaciones la de vivienda. "Puede ser una petición que ellos hagan, pero siempre hablamos de leyes en tramitación". Es decir, de normas que están atascadas en el Congreso, como vivienda o ley mordaza. Pero no de nuevos textos, por tanto, como la reforma de la sedición. "Nosotros hablamos de presupuesto cuando hablamos de presupuesto", zanjó.

La 'ley mordaza' está atascada por las pelotas de goma y las devoluciones en caliente, rechazadas por los socios

Las dos normas, sin embargo, tienen aún difícil salida. En la primera, la de vivienda, los socialistas reconocen que tienen "poco margen", porque ya fue pactada con sus socios de Unidas Podemos y por el encaje con las legislaciones autonómicas. Y por otra razón, que reiteraba este miércoles la titular de Transportes, Raquel Sánchez, en una entrevista en El Confidencial: el Ejecutivo también quiere "proteger a los propietarios" de viviendas.

Por su parte, los principales escollos para sacar adelante la derogación de la ley mordaza son dos: el uso de las pelotas de goma —que Interior defiende y que los socios quieren eliminar— y las devoluciones en caliente. El debate lleva atascado meses.

Montero señaló a los medios que espera que los aliados habituales del Ejecutivo no presenten finalmente enmienda de totalidad. Así lo creen en privado fuentes de la Moncloa. Pero la firmeza negociadora de ERC hace presumir que ese escenario no es lejano. Y, de producirse, sería algo inédito en esta legislatura: para los Presupuestos de 2021 y 2022, los independentistas catalanes rehusaron pedir la devolución del proyecto de ley al Ejecutivo porque pactaron antes con él. En ERC, fuentes del grupo parlamentario en Madrid apuntaban este jueves por la noche a El Independiente que todo seguía igual: no había pacto, aunque las conversaciones seguían.

Pero incluso si ERC —o PNV o Bildu— materializase su amenaza, sería reversible, ya que los grupos pueden retirar su enmienda hasta justo antes de la votación. El debate de totalidad se celebra los próximos 26 y 27 de octubre. Si las enmiendas, que se votan conjuntamente, ganan, las cuentas del Estado decaerían en ese mismo instante y serían retornadas al Gobierno. Una derrota política sin paliativos para Sánchez. Eso fue lo que sucedió en febrero de 2019, precisamente por el no de ERC, y lo que motivó el anticipo electoral del 28 de abril.

PDeCAT, Más País, Compromís, CC, PRC, BNG y Teruel Existe no presentarán enmienda

Por lo pronto, PDeCAT (4 diputados), Más País-Equo (2), Compromís (1), Coalición Canaria (2), el Partido Regionalista de Cantabria (1), el BNG (1) y Teruel Existe (1) ya han adelantado que no registrarán enmienda de devolución. Sí lo harán, como estaba previsto, los cuatro parlamentarios de Junts y, por descontado, PP, Vox, Ciudadanos, CUP, Foro Asturias y los dos ex de UPN.

Los socialistas no ven peligrar por ahora su proyecto y se muestran confiados de que se aprobarán los terceros PGE de la legislatura. Aunque haya más tensiones y se alarguen hasta última hora. Porque a fin de cuentas la curva de los comicios ya está a la vuelta de la esquina.