Gobierno y Partido Popular ya han pasado de hablar de requisitos a poner nombres sobre la mesa en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las conversaciones entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, han superado ya los principales escollos sobre requisitos, pasando a la fase de poner nombres sobre la mesa.

El Gobierno habría aceptado que el consejo de jueces que se nombre redacte un informe no vinculante sobre una futura reforma de la ley del Poder Judicial para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea, que insta a que los vocales judiciales del órgano sean elegidos por jueces, entre jueces. Además de dicho informe, el PP también habría conseguido que se establezca la obligación de que los acuerdos del órgano de gobierno de los jueces salgan adelante con una mayoría reforzada de 13 votos para evitar decisiones de bloque ideológico. Este último punto es importante para la etapa que arrancará con la elección del nuevo Consejo, que tendrá, probablemente, "mayoría progresista". Lo que aún no han aireado las dos partes de la negociación es cuántos vocales judiciales y cuántos juristas de reconocida competencia saldrán a propuesta de cada partido, PSOE y PP.

El PSOE cederá dos puestos a Podemos y el PP, uno a PNV

Únicamente ha trascendido que el PSOE cederá en su cuota dos puestos a candidatos de Unidas Podemos y el PP uno al PNV, que muy probablemente será el juez de Vitoria José Luis Núñez Corral, quien figura en la lista de vocales judiciales para el órgano vigente desde 2018, cuando comenzaron las negociaciones para desbloquear el órgano. Está avalado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), asociación mayoritaria de la carrera.

En cuanto a los candidatos que quiere respaldar Unidas Podemos, fuentes del Ejecutivo no especifican si la delegada del Gobierno para la Violencia de Género y exdiputada morada, Victoria Rosell, queda fuera de los candidatos escogidos por proceder directamente de la política, una de las líneas rojas que presenta el PP. Dichas fuentes sí destacan que Podemos ha presentado otros candidatos y ella no tiene por qué ser la elegida, como por otro lado este miércoles también se trasladó desde la formación de Irene Montero, donde no se han cerrado en banda a que la jueza canaria entre sí o sí en el nuevo consejo de jueces aunque han valorado "muchísimo" su trayectoria.

Dos candidatos de la lista de vocales de procedencia judicial presentada en 2018 se convertirán de manera segura en miembros del nuevo CGPJ. Se trata de Ángel Arozamena y José Antonio Montero, magistrados del Tribunal Supremo. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) contempla que, de entre los 12 vocales del órgano, tres de ellos deben proceder del Supremo. De todos los miembros del alto tribunal que se incluyeron en el mencionado listado en su momento, únicamente quedan ellos dos porque el resto ha renunciado o se ha jubilado. Arozamena recibió 54 apoyos de compañeros de la carrera judicial y Montero contó con el respaldo de APM.

Fuentes próximas a la negociación trasladan también que una de las juezas que podría entrar en el nuevo consejo por el cupo del PSOE sería María del Mar Serna, jueza de Barcelona que fue consejera de Trabajo durante el Gobierno de José Montilla y es miembro de la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE). En su caso, entró en la lista de candidatos de procedencia judicial con 75 avales de compañeros.

Elección del presidente y sustitución de Montoya

Ambas partes de la negociación serán muy cuidadosas con preservar el nombre del próximo presidente del CGPJ, a quien deben elegir los 20 vocales en Pleno, de cualquier filtración. Intentan evitar que el acuerdo salte por los aires como ocurrió con la operación fracasada de Manuel Marchena en 2018. El presidente de la Sala Segunda del Supremo renunció a presidir el Poder Judicial y el Tribunal Supremo tras salir a la luz un whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que indicaba a sus compañeros de la Cámara alta que la elección del magistrado permitiría al PP controlar "desde atrás" la Sala que dictaría sentencia contra los líderes del procés.

El Partido Popular se habría asegurado en la parte ya superada de la negociación que la sustitución del magistrado Alfredo Montoya del Tribunal Constitucional, que renunció al cargo por motivos de salud, se haga a propuesta del PP en el Senado, como fue en su momento la de Montoya, aunque las mayorías hayan cambiado.