El fuego no podía seguir extendiéndose. Había que intentar apagarlo sin demora. Acabar con el "espectáculo" que estaba dando el PSOE, parar la "trifulca" interna.

Esa fue la directriz que emitió la Moncloa en las últimas horas, preocupada por el cariz y la dimensión del cisma en el partido a cuenta de la Ley Trans, el choque entre las feministas clásicas y el sector LGTBI. Así lo relatan fuentes gubernamentales a este diario. La alarma era total, por la exhibición de la disputa en las filas socialistas y por la irritación de Unidas Podemos y de la titular de Igualdad, Irene Montero, impulsora de la norma, y que había advertido de que no toleraría "retrocesos" respecto a lo pactado con sus socios de coalición en el proyecto de ley.

La pretendida solución salomónica llegó este jueves, apenas 48 horas después de que Carla Antonelli, la primera parlamentaria trans de España y referente del colectivo, anunciara su baja de militancia en el PSOE por la "decepción" que sentía al ver cómo la cúpula dilataba la tramitación de una norma mollar del Gobierno y de la izquierda. En síntesis, los socialistas renuncian a tocar el corazón de la ley —la autodeterminación de género, incluso en menores— aunque sí ajustarán la llamada "violencia intragénero", por las "dudas" que les suscita la equiparación con las agresiones machistas.

La posición política se acabó cerrando entre Bolaños, Montero y la secretaria de Igualdad, Andrea Fernández

El partido estaba asistiendo atónito a una división que iba en aumento. El propio secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su preocupación por el alcance del debate interno, según confirmaban fuentes gubernamentales. A partir de ahí, comenzó la negociación para el desbloqueo, en la que participaron varios dirigentes del Ejecutivo y de Ferraz. Participaron dos de los lugartenientes de Sánchez, los ministros María Jesús Montero y Félix Bolaños, piezas siempre claves en todas las carpetas delicadas, además de la responsable de Igualdad en Ferraz, la diputada leonesa Andrea Fernández, como ratificaban desde el Gabinete y desde el cuartel general de la formación.

Tampoco se tocará lo que afecta a los menores

El acuerdo se traduce en que no se toca la redacción que ya cerraron hace un año Irene Montero y la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, antes de su salida del Ejecutivo. En junio de 2021 el Consejo de Ministros alumbró el anteproyecto de la ley. O sea, la primera versión del texto. Y en ella ya figuraba el reconocimiento de la autodeterminación de género, médula espinal de la norma e irrenunciable para los morados. Lo que supone es que toda persona mayor de 16 años podrá acudir al Registro Civil para solicitar el cambio de sexo, petición que habrá de ser confirmada en una segunda comparecencia al cabo de tres meses y que tendrá que ser resuelta favorablemente en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la segunda comparecencia. Calvo intentó, en su durísima negociación con Montero, que se introdujeran garantías como la presencia de testigos, pero su propuesta no prosperó.

En aquel momento, junio de 2021, también se selló que los menores de entre 14 y 16 años pudieran solicitar el cambio registral con consentimiento paterno o de sus representantes legales y, en caso contrario, con el plácet de un defensor judicial. Para los niños de entre 12 y 14 años, se requeriría autorización judicial. Además, los menores de 12 años podrían cambiarse el nombre en el Registro Civil.

El texto pasó por segunda lectura del Consejo de Ministros en junio de 2022, ya con Calvo fuera del Ejecutivo. Entonces se introdujo el concepto de "violencia intragénero", la que se produce "en el seno de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo y/o género y que constituye una manifestación de poder cuya finalidad es dominar y controlar a la víctima". Y en el artículo 65 se recoge que estas víctimas tendrán los derechos que se atribuyen a las de violencia de género.

La violencia intragénero, que suscita "dudas" jurídicas en el PSOE, se introdujo el pasado junio, con Calvo ya fuera del Ejecutivo

Al acercarse la tramitación de la ley, se reabrió la pugna dentro del PSOE. De un lado, la presión de las feministas históricas, encabezadas por Calvo, que rechazan la libre determinación de género sin mayores garantías. De otro, el empuje del sector LGTBI, que apremiaba a tramitar el proyecto sin cambios y sin demoras. La quiebra era total, y había permeado en el seno de la formación, como reconocía este mismo jueves en privado una presidenta autonómica que llamaba a buscar un equilibrio entre las partes para zanjar las fisuras. El debate se había enconado muchísimo. De ahí que desde la Moncloa se ordenara intervenir. "Estábamos dando un espectáculo", explican en las alturas del Ejecutivo.

El rol perdido de Lastra

La decisión adoptada este jueves por el Gobierno y Ferraz supone que se renuncia a modificar, por tanto, aquello que ya habían pactado Calvo y Montero hace un año, la autodeterminación de género. El razonamiento es simple, observa un alto cargo: si lo aceptó la exvicepresidenta, bien hecho está y no cabe ya reabrir ese melón. Además, se vuelve a respaldar la posición que ya fijó el 40º Congreso Federal del PSOE, celebrado hace un año en Valencia. Pero sí se enmendará, en cambio, lo relativo a la "violencia intragénero", porque los socialistas temen que se pueda equiparar a la violencia ejercida contra la mujer, una de las conquistas históricas del feminismo. El acuerdo interno fue trasladado a los morados. Puertas para fuera, Ferraz arguyó que se quiere "dar seguridad jurídica a la ley", porque corre el riesgo de ser recurrida por PP y Vox ante el Tribunal Constitucional. “El legislativo puede mejorar la ley y hacerla más robusta ante esos ataques de los que son verdaderos enemigos de los derechos de los colectivos", añadieron.

En Ferraz admiten que pueden pedir más tiempo para atar los apoyos con el resto de socios y blindar la ley

Lo anunciado por la cúpula del partido es simplemente la decisión política, la manera de apaciguar la enorme fractura interna y de no desairar a Podemos. Pero no significa, advierten fuentes del Ejecutivo, que arranque ya mismo la tramitación del proyecto de ley. Es decir, que el PSOE, previsiblemente, pedirá más ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas parciales, admiten en Ferraz. El argumento es que hay que procurar la redacción más garantista y que ahora falta negociar el texto con el resto de grupos parlamentarios para amarrar los apoyos. En la Moncloa y en el partido recalcan que esas ampliaciones y parones en la tramitación son habituales en cualquier norma hasta que se alcanzan los consensos. Así ocurrió, recuerdan, con la Ley de Memoria Democrática, que estuvo congelada más de medio año hasta que, tras intensos contactos discretos, se cerró una redacción de consenso con los socios. Los socialistas esgrimen, ante Unidas Podemos, que lo natural es que las leyes salgan "mejoradas" a su paso por las Cortes Generales.

El PSOE ha achacado, sin embargo, la parálisis en la Ley de Vivienda a que sus socios presentaron enmiendas pese a que el texto salió pactado del Ejecutivo. En la Moncloa aducen que la situación es distinta, porque en este caso fueron los morados los que registraron "por su cuenta y sin avisar" decenas de modificaciones, mientras que con la Ley Trans o con la de bienestar animal los socialistas les anticiparon que habría cambios, y se "justificaron".

Con el choque exacerbado en las últimas semanas, se ha sentido la falta de una voz autorizada en la cúpula del PSOE. Un rol que antes ejercía Adriana Lastra, vicesecretaria general hasta el pasado julio y que ejercía de "mediadora" entre feministas y el sector LGTBI que lidera el waterpolista y activista gay Víctor Gutiérrez, muy señalado, por cierto, por sus diatribas contra las primeras y su escasa cintura. De cualquier modo, los socialistas han tenido que actuar de urgencia, a la vista del peligro de que la situación acabara desbordándose.

Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña