La Fiscalía Anticorrupción descarta "cualquier intervención directa o indirecta" de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, en la concesión de créditos ICO por parte del Gobierno durante la pandemia de Covid a la empresa BeeDigital, donde el marido de la política era en el momento de la concesión de las ayudas director de Marketing.

El Ministerio Público ha archivado las diligencias de investigación abiertas alrededor de los contratos de emergencia formalizados por la Administración General del Estado a través de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) con dicha compañía al no ver indicios de ninguna irregularidad. Dichas diligencias de investigación se abrieron a raíz de la denuncia presentada por el Partido Popular de Madrid contra 13 contratos del Gobierno central en los que se vieron posibles irregularidades. Isabel Díaz Ayuso anunció la presentación de una denuncia contra dichos contratos después de que Anticorrupción abriera una investigación alrededor de un contrato de emergencia concedido por el Gobierno regional a la empresa Priviet Sportive en la que trabajaba su hermano que sacó a la luz el propio expresidente del Partido Popular, Pablo Casado, y llevaron ante Anticorrupción PSOE, Podemos y Más Madrid. El Ministerio Fiscal ya archivó su investigación al respecto descartando indicios de delito.

Ahora, Anticorrupción archiva la línea de investigación que afecta a la concesión de ayudas a la empresa BeeDigital (antigua Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA). El PP madrileño vio posibles irregularidades porque se concedieran ayudas estatales a dicha compañía "cuando tenía deudas con el Estado de 1,6 millones de euros y al prorrogarse el contrato, la deuda ascendía a 884.000 euros". Los denunciantes señalaron "la relación de esta sociedad con la titular del Ministerio de Economía, Dña Nadia Calviño Santamaría, al ser cónyuge del director de marketing de la compañía". Es decir, denunciaron que no se procedió a comprobar las deudas de la compañía con la Seguridad Social y con Hacienda para conceder el contrato.

Tras estudiar los pormenores de las concesiones y de la situación de la compañía, el fiscal Luis Pastor que se ha encargado de la investigación concluye que la compañía "cumplía con todos los requisitos exigibles" para recibir las ayudas ni se aprecian indicios de "de los que se pudiera deducir el supuesto trato de favor a la empresa denunciada".

La Fiscalía concluye que "no consta intervención directa ni indirecta de la vicepresidenta 1ª y ministra de Economía en el contrato celebrado de PASD/BeeDigital con la GISS, en la concesión de los avales por parte del ICO y el denominado Kit Ditigal".

La Fiscalía también archivó ya la línea de investigación abierta por posible trato de favor con la concesión de créditos a una empresa con la que estuvieron vinculados los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.