Una modificación del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición con el fin de "acompasarlas" a las de otros países europeos por delitos similares, como sostiene el Gobierno, impediría a la Fiscalía del Tribunal Supremo pedir una pena de cárcel para el expresidente catalán Carles Puigdemont al menos un año superior a la que impuso el Tribunal Supremo al ex vicepresidente de su gobierno, Oriol Junqueras, en la sentencia del procés.

En caso de que Puigdemont volviera a España -puesto que permanece fugado en Bélgica desde 2017, procesado por sedición y malversación- y tuviera que enfrentarse a juicio, la Fiscalía del Tribunal Supremo pensaba solicitar para él una pena al menos un año superior a la impuesta a Junqueras por la Sala Segunda del alto tribunal, según pudo saber El Independiente. Dicha pena se le impuso como líder político del proceso independentista catalán por la imposibilidad de juzgar en España al máximo responsable del Govern que desafió la Constitución.

Si el Gobierno impulsa la reforma del delito de sedición recogido en el artículo 544 y siguientes del Código Penal para "homologar" o "acompasar" las penas recogidas en éste con las que se imponen en otros países europeos para conductas delictivas similares, impediría al Ministerio Público solicitar para Puigdemont 14 años de prisión por sedición en concurso medial con malversación y el mismo tiempo de inhabilitación.

Beneficios en la prescripción y la inhabilitación

Para los líderes políticos y sociales que ya fueron condenados e indultados, la anunciada rebaja de la sedición de la que el Gobierno viene hablando desde la época del ministro Juan Carlos Campo (quien cedió la cartera a Pilar Llop) les puede beneficiar en cuanto a la rebaja de la pena accesoria de inhabilitación, puesto que la medida de gracia sólo afectó a los delitos con penas de prisión. Dicha rebaja se tendría que aplicar por el principio de retroactividad a favor del reo.

Respecto a los fugados a quienes aún no se ha podido juzgar -Puigdemont, los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, así como la ex secretaria general de ERC, Marta Rovira- el mayor beneficio vendría por la prescripción de los delitos. El de sedición pasaría a prescribir a los 10 años en caso de que la pena máxima se quedara por encima de los cinco años y prescribiría a los cinco en caso de reducirse hasta esos mismos años.