El Ejecutivo sigue sin verlo claro. Continúa trasladando que no tiene mayoría parlamentaria suficiente para reformar el delito de sedición, que "no hay novedad" y que cuando llegue el momento, si llega, se abordará. Por ahora, no quiere calentar más un debate que el propio presidente resucitó el pasado viernes desde Bruselas, cuando recuperó que esa modificación del Código Penal es un compromiso personal suyo, enunciado en su discurso de investidura.

El Gobierno y el PSOE se afanan en los últimos días en intentar bajar el suflé, aunque queda la duda de si es una cuestión puramente estratégica. El lunes fue meridianamente clara la portavoz socialista, Pilar Alegría, al recalcar que el Ejecutivo "siempre" ha defendido lo mismo y que "no se da" una mayoría parlamentaria capaz de sacarlo adelante. Y este martes también fue diáfana la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al añadir que ahora mismo la "prioridad" de la coalición se sitúa en otra carpeta: los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Un mensaje en clave interna y también para ERC, que ha reclamado este cambio legal aunque en el comunicado del pasado viernes en el que justificaba por qué no presentaba enmienda de devolución a las cuentas del año próximo ni mentaba esta cuestión.

Homologar el delito a otros países europeos, que supondría rebajar la pena a la mitad, es un compromiso de Sánchez de investidura, repite el Gobierno

Rodríguez fue preguntada en tres ocasiones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. En todo momento esgrimió que el Ejecutivo "no ha cambiado de posición", que manifestó Pedro Sánchez ya en la investidura, en enero de 2020: es "razonable" que se homologue el Código Penal al de los países de nuestro entorno. Eso supondría que el delito de sedición, tipificado en los artículos 544 y siguientes, vería reducida su pena a aproximadamente la mitad: hoy los autores del delito son castigados con entre ocho y diez años de prisión, o entre 10 y 15 años si son autoridades públicas.

Es decir, el Gobierno persigue una reducción de las penas, pero no un vaciamiento del tipo, como en principio quería ERC. Pero los republicanos parecen haber asumido el propósito de Sánchez. Sin querer entrar públicamente en "subastas" sobre la reforma del Código Penal, la portavoz del partido independentista, Marta Vilalta, sí exigió el lunes "equiparar" la ley a "estándares europeos" de países como "Francia, Alemania o Suiza", en los que el castigo por un delito de sedición es menor que en España.

Mayoría absoluta

Rodríguez prefirió escabullirse cuando se le preguntó si el Gobierno entiende que ERC ha cambiado el caso: el Ejecutivo, expresó, "no puede hablar por otros grupos". "No observamos un cambio de mayorías. No hay novedad", zanjó. El Gobierno, pues, no quiere entrar en un debate público sobre este tema, al menos ahora.

En el Ejecutivo subrayan que no hay una negociación abierta ni hay plazos: "Ya se hablará, si se habla"

Lo que sí tiene claro la Moncloa es que si saca la reforma del horno y la lleva al Congreso es porque tiene garantizada su aprobación. Y eso exige mayoría absoluta —el Código Penal es una ley orgánica y su modificación requiere de esa mayoría reforzada en las Cortes—, que solo podría atar con ERC en el barco, dado que el PP jamás va a entrar en un cambio de este calibre. Preguntada Rodríguez si el Ejecutivo tiene intención de buscar esa mayoría, respondió que la "prioridad parlamentaria en estos momentos" del Gobierno está "en el debate de Presupuestos", cuya tramitación arranca este miércoles y jueves, con la discusión de las enmiendas de totalidad, que serán rechazadas por la decisión de ERC, PNV y Bildu, entre otros grupos, de no vetar las cuentas.

Ahora se trata, dijo, de "avanzar" sobre los PGE, trabar los acuerdos con los partidos sobre un proyecto de ley que da "tranquilidad" a los estudiantes o los pensionistas o que "garantizan las políticas en materia sanitaria o de ayuda a la dependencia". "Por tanto, la prioridad del Gobierno hoy está en el ámbito parlamentario en los Presupuestos Generales del Estado", sostuvo.

El Ejecutivo está siendo muy enfático a la hora de desligar la tramitación presupuestaria de la reforma de la sedición. No quiere que se mezclen ambos asuntos. Así lo manifestó el pasado viernes en Bruselas el presidente, así lo dijo Alegría en Ferraz el lunes —"son cosas antagónicas"—, y así lo reiteró Rodríguez tras el Consejo de Ministros. Fuentes de la Moncloa insistieron posteriormente en que no hay una negociación abierta con ERC, ni tampoco plazos, y que "ya se hablará, si se habla" de ello más adelante, "cuando toque".

ERC parece abrir una vía de diálogo al citar los ejemplos de Francia, Alemania o Suiza

La coyuntura, desde luego, no acompaña a Sánchez. Porque si no se cierra la reforma este año, lo tendrá más complicado en 2023, por la aceleración del ciclo electoral que tendrá su primera parada en las autonómicas y municipales de mayo y seguirá en las generales de finales de año. Y algunos barones no quieren que esta cuestión les empañe la campaña en un momento en el que se presenta muy dura la competición con el PP.

Mientras, el Govern sigue apretando. Este martes, la portavoz del Ejecutivo de Pere Aragonès, Patrícia Plaja, urgía a un acuerdo sobre la desjudicialización en dos meses. Y aunque evitó fijar la posición de su Gabinete respecto a si quiere modificar o derogar la sedición, sí reiteró la línea de Vilalta: "La certeza es que el Código Penal contiene delitos de naturaleza política que todas las instancias internacionales dicen que se ha de reformar. Suiza, Alemania o Francia reformaron esos delitos para adaptarlos a la democracia y los derechos humanos". La sedición, dijo, está entre esos ilícitos penales, pero también hay "otros", informa EFE. Para Plaja, "se debe trabajar para esos nuevos acuerdos" para alcanzar esa mayoría absoluta "antes de final de año. Y si se llega a acuerdos, la mayoría estará".

Por lo pronto, Gobierno y Govern juegan al despiste. ERC también desliga este asunto de los PGE de 2023. Pero cabe la duda de si se retomará esta carpeta en cuanto se despeje de manera clara la tramitación de las cuentas del Estado.