Este miércoles, el Congreso de los Diputados inicia a mediodía el debate a la totalidad de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Transcurrirá durante dos jornadas, y hasta mañana, cuando tras la defensa de las nuevas cuentas hecha hoy por la ministra de Hacienda María Jesús Montero, y de las siete respectivas enmiendas presentadas por los grupos, éstas se someterán a votación. Las han presentado PP, Vox, Cs, Junts, la CUP, Foro y los diputados navarros no adscritos ex de la Unión del Pueblo Navarro (UPN). Ninguna de ellas, que en su conjunto se alinean con la AIReF y cuestionan la credibilidad del presupuesto, tienen posibilidad de prosperar, dado que el Gobierno cuenta con mayoría simple junto a socios como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Esquerra Republicana (ERC) o EH Bildu.

Hasta finales de la semana pasada, quedaba en el aire si los socios de investidura presentarían enmiendas a la totalidad a las próximas cuentas públicas para apretar las tuercas a Moncloa. Sobre todo, a raíz del choque por el aumento presupuestario en Defensa. Sin embargo, no se produjo, y ninguno de los principales aliados del PSOE y Unidas Podemos optó por ello tras apelar a puntos de acuerdo en beneficio de las regiones catalana y vasca. No obstante, hasta el viernes está abierto el plazo para presentarlas y desde la oposición no descartan que el nacionalismo o el independentismo catalán o vasco pueda cambiar de postura a última hora si no se cumplen otras exigencias. De momento, estas son las tres principales cesiones de Pedro Sánchez y el Ejecutivo al nacionalismo, y al independentismo en Cataluña y País Vasco:

Reforma del delito de sedición

Tal y como expresó el pasado viernes el portavoz republicano Gabriel Rufián en una rueda de prensa en las Cortes, Moncloa se ha comprometido a mejorar la inversión en Cataluña y a fomentar "medidas estructurales" de gran calado en el ámbito energético, de vivienda -un importante escollo- y en cuanto a la fiscalidad. Pero, con todo, fuentes conocedoras de las negociaciones, expresan que la reforma del delito de sedición ha sido crucial para establecer puentes entre ERC y el Gobierno de coalición, aunque se ha pedido que no se relacione directamente con los presupuestos. El objetivo final de ERC, es el de disminuir las penas y suavizar los procesos judiciales aún abiertos contra líderes independentistas como el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont.

El PP califica la apertura para retocar la sedición como un capítulo más del 'manual de resistencia' de Sánchez

Bajo esa tesis se ha pronunciado este martes, la secretaria general y portavoz del PP en la cámara baja, Cuca Gamarra, que afirmaba que la disposición de Sánchez para negociar la legislación de sedición es "un capítulo más del manual de resistencia"; una disposición de "entregar cualquier cosa con tal de seguir en el poder". "Tenemos un presidente del Gobierno que no tiene líneas rojas a la hora de negociar con los independentistas con tal de sacar (...) unos PGE y afianzarse en el poder", recalcaba.

Pese a todo, el Gobierno ha querido enfriar cualquier avance en lo que respecta a la reforma de la sedición. "La prioridad está en los Presupuestos", ha expresado este martes Isabel Rodríguez, la portavoz del Ejecutivo. No aprecian "novedad", en esta cuestión, y frente a la opinión de ERC, insisten en que no tienen una mayoría suficiente para tramitar un cambio legal que es muy sensible políticamente. Asimismo, no ven ahora posibilidades por los plazos.

Renegociar el cupo fiscal vasco

El PNV, desde la sede central de Bilbao, anunció que cuenta con la voluntad del Gobierno para renovar la ley quinquenal sobre el cupo fiscal del País Vasco basándose en los mismos términos que la anterior. La última la pactaron los de Aitor Esteban con el PP de Mariano Rajoy -al que posteriormente reprobaron en una moción de censura impulsada por Sánchez- para el plazo de 2017 a 2021; y mantiene el índice de imputación en los 6,24 puntos. Por ello, los jeltzale buscan darle salida a esta 'prórroga' de reparto económico entre el Estado a las arcas vascas. Deberán fijarse un compromiso más firme antes del 20 de noviembre en la Comisión Mixta del Concierto, cuya celebración será probablemente antes del día 20 de noviembre.

Con esa misma estimación que en el periodo anterior, Euskadi pagará un 19,4% más el próximo ejercicio y periódicamente hasta 2028. Ante ello, el PNV quiere ampliar las competencias autónomas para así, disminuir ese coste, pero no tiene prisa ante un panorama económico complicado y con el problema de la financiación autonómica aún sin resolver.

Exclusividad en las alianzas

EH Bildu no ha querido desvelar públicamente ninguna de las exigencias hechas al Gobierno más allá de beneficiar económicamente a "la clase trabajadora", pero sus declaraciones denotan una petición en sí mismo: Sánchez no debe contar con una alternativa que no pase por su marca y ERC. En una entrevista concedida por la portavoz abertzale a Radio Euskadi, Mertxe Aizpurúa, ha incidido en ello expresando que "hay mucho espacio todavía para avanzar en las negociaciones y mejorar los PGE en favor de la mayoría social".

Presos, CNI o Guardia Civil en Cataluña y País Vasco

Frente a estos tres grandes acuerdos, que ya son públicos, representantes parlamentarios, al tanto de las conversaciones entre Moncloa y sus socios, apuntan a otras tres cesiones importantes. La primera afecta de lleno a EH Bildu. Contempla ampliar las políticas de acercamiento de presos de distintas cárceles nacionales al País Vasco, algo a lo que, como otros gobiernos anteriores, está participando el Ejecutivo de Sánchez. A principios de septiembre, el movimiento de presos por terrorismo como Txapote y otros doce etarras, causó la repudia y la indignación de partidos como PP -al tratarse del asesino de Miguel Ángel Blanco-, Cs o Vox, mientras que el portavoz socialista en las Cortes, Patxi López, abogó por la reinserción y el sinsentido de las políticas de dispersión con ETA ya disuelta. A mediados de septiembre, y desde que Sánchez asumió la presidencia en 2018, se se han producido 351 traslados que afectaron a 216 presos. Solo 146 se dirigieron a centros penitenciarios vascos.

En segundo lugar, desde el Congreso aluden a la extensión de competencias de la Guardia Civil sobre el control de explosivos en Cataluña y Euskadi. "Van a entregar la competencia a las policías autonómicas" a cambio de los Presupuestos, indican a El Independiente esas mismas fuentes. En el trámite del Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos aprobada a hace casi un mes en la cámara baja, el Gobierno incorporó una enmienda de ERC con el visto bueno del PNV, que fortalece competencias de los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza.

Por último, las mismas fuentes, calificándola como "una de las cesiones más gordas", se refieren a "las instrucciones al CNI para que no investiguen al independentismo ni en Cataluña ni en el País Vasco". Eso, según afirman "impedirá reaccionar a una réplica del referéndum ilegal de octubre de 2017" de darse el caso. Esta decisión, tomada a finales de septiembre, viene fomentada por los socios del Gobierno desde hace meses, y ha culminado como gesto de apertura para inclinar la balanza en favor de las nuevas cuentas.