No hay una decisión tomada aún, esgrimen tanto en el Gobierno como en el PSOE, pero el terreno sigue, poco a poco, abonándose. A la espera de que se encuentre el mejor momento para lanzarla. Para impulsar la reforma del delito de sedición, siempre que ERC se "acerque" a sus posiciones. El Ejecutivo calibra sus pasos y los tiempos, consciente de que se halla frente a una de las medidas quizá más sensibles políticamente de la legislatura, junto con la adopción de los indultos a los líderes del procés. Pero también sabe que no puede demorarse, porque en 2023 España entera se sumergirá en la precampaña de las autonómicas y municipales de mayo. De ahí que la reflexión más repetida, en el Ejecutivo y en Ferraz, sea esta: "Cuanto antes, mejor".

La tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 ha resituado en primer término —de nuevo— un debate que lleva recorriendo toda la legislatura. ERC sí deslizó semanas atrás que necesitaba avances en los compromisos adquiridos en la última reunión de la mesa de diálogo, el pasado julio, para dar su apoyo a las cuentas del año próximo. Pero la Moncloa dejó claro que ambas cuestiones tenían que discurrir por separado, por vías diferentes, sin condicionar una a la otra. Los republicanos se avinieron y, cuando comunicaron que renunciaban a presentar enmienda de totalidad al proyecto de ley, ni mencionaron una demanda vieja pero que les sirve para justificar, ante su parroquia independentista y sobre todo ante sus exsocios de Junts, que el foro entre Gobierno y Govern da sus frutos.

El Ejecutivo se niega a vaciar el tipo penal. Sí se abre a reducirlo a la mitad, a unos seis años de prisión, para acercarlo al entorno europeo

Pedro Sánchez correspondió el gesto de ERC recordando el pasado viernes, al término del Consejo Europeo, en Bruselas, que la rebaja de la sedición es un "compromiso personal" suyo, pero que seguía sin ver una mayoría suficiente en el Congreso. Porque los socialistas quieren garantizarse de que los republicanos votan a favor de la propuesta, rechazan llevarla a la Cámara y exponerse a una derrota o una negociación endiablada.

En el Ejecutivo aducían que no había mayoría porque ERC planteaba eliminar la sedición, una exigencia inasumible para Sánchez. La propuesta de la Moncloa es la de reducir la pena a la mitad para "homologar" el tipo al existente en otras legislaciones europeas. El Código Penal castiga la sedición —un ilícito que ya estaba presente en el texto de 1822, y que bebe de un contexto de una España en la que se sucedían los pronunciamientos militares— en sus artículos 544 y siguientes. Son penados con entre ocho y diez años de prisión quienes cometan el delito, y con entre diez y quince años si son autoridades. Oriol Junqueras, líder de ERC y vicepresidente de la Generalitat en el otoño del procés, fue sentenciado a 13 años cárcel por el Tribunal Supremo. El Gobierno, por tanto, busca rebajar la pena por sedición al entorno de los seis años. Nunca vaciar el tipo penal.

La "prioridad" ahora, los Presupuestos

El ambiente político ha girado en las últimas semanas. Sobre todo porque ERC ahora sí se muestra, incluso públicamente, más receptiva, al demandar una "equiparación" de la legislación española a la de países como Suiza, Francia o Alemania. El Gobierno, sin embargo, prefiere no hacer acuso de recibo ante cámaras y micrófonos. La "prioridad" se sitúa en la tramitación de los PGE, decía este martes la portavoz del Gabinete, Isabel Rodríguez.

Primero, tenemos que asegurar que los PGE quedan cerrados, y luego ya veremos. Pisamos un cristal muy fino y hay que verlo para entonces", dicen en el círculo estrecho de Sánchez

Pero, en privado, fuentes del más alto nivel del Ejecutivo y del PSOE consultadas por El Independiente asumen que el paso podría darse. Y no demorarse demasiado. "Lo suyo sería tramitar la reforma, si es que se hace, cuanto antes, mejor, pero estamos viendo el momento. De momento no hay nada, pero veremos si ERC se acerca a nuestras posiciones", valora un miembro del Consejo de Ministros de la total confianza de Sánchez. "Primero, tenemos que asegurar que los Presupuestos quedan cerrados, para que no haya dudas de que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y luego ya veremos. Pisamos un cristal muy fino y hay que verlo para entonces. Pero sí tengo claro que es mejor hacerlo en un momento que no esté pegado a las autonómicas y municipales", valora otra responsable de primera línea y del círculo estrecho del líder socialista. Los PGE superarán sin problemas el debate de totalidad este jueves, pero el pleno aprobará el dictamen (con todas las enmiendas parciales aprobadas), para su envío al Senado, el 24 de noviembre. Ese podría ser el momento de acelerar la tramitación de la modificación legal de la sedición, en caso de que Sánchez dé su visto bueno final.

En Ferraz, la reflexión es pareja: que es mejor tramitar la reforma antes de que el país se adentre en precampaña "no tiene vuelta de hoja", "no hay duda". En la cúpula subrayan que, pese a los temores que ya avanzan algunos barones, el partido está "unido y compacto" y no pondrá objeciones a la hoja de ruta del presidente, si finalmente determina lanzar una decisión que intentará convertir en un activo de cara a las urnas. En la ejecutiva federal se remiten a la experiencia pasada: los indultos. Algunos líderes regionales —pero no solo— se removieron, pero la operación, tras una intensa labor de pedagogía, no descarriló y la Moncloa salió airosa de una apuesta muy arriesgada.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante la primera jornada del debate de totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023, este 26 de octubre de 2022 en la Cámara baja. EFE/ Mariscal

En el Ejecutivo minimizan el desgaste que pueda suponer la rebaja de la decisión. Lo que importa, subrayan distintas fuentes, es el "compromiso del presidente". "Y ya sabes cómo es de determinado cuando asume un compromiso", señala una ministra. Otra integrante del Gabinete dice no temer el coste electoral, sobre todo en unas generales, porque "el menú de temas es muy diverso y esta cuestión se diluye", aunque admite el daño que puede infligir a las expectativas electorales del PSOE en algunos territorios en mayo. No en Cataluña, claro: el PSC sí empuja a Sánchez en la dirección de la reforma.

Un activo de campaña

En la reunión de la mesa de diálogo del pasado julio, Gobierno y Govern ya se marcaron —y no por casualidad— el final de 2022 como horizonte para aprobar la modificación del Código Penal, en caso de que hubiera acuerdo [aquí en PDF el acuerdo]. Apretaba y aprieta el escenario electoral. Tanto para ERC como para el PSOE. Por eso la ventana de oportunidad se estrecha, más teniendo en cuenta que el trámite de los PGE no se despejará hasta dentro de un mes, hasta finales de noviembre. Por eso el Ejecutivo, puertas para fuera, enfría la posibilidad de la reforma y pone el acento en las cuentas de 2023. Y por eso en el corazón de la Moncloa se subraya que no hay aproximaciones con ERC. "No se ha hablado, es un debate teórico, no hay nada aún", manifiestan tajantes desde el primer anillo de poder del presidente. Es decir, que no hay intercambio de documentos de manera formal.

En el PSOE minimizan el desgaste por adoptar la medida, porque no ocurrió con los indultos. Lo que importa, alegan, es el "compromiso" del presidente

Los republicanos, por su parte, emiten en Madrid en la misma longitud de onda que el Ejecutivo. Insisten, primero, en que no quieren que la eventual negociación de la sedición condicione la de los PGE, porque están "centrados en la agenda social" y en los problemas de los ciudadanos. De hecho, de cara a la aprobación de los Presupuestos, presionarán a Sánchez con otras armas, para que se desbloquee la tramitación de la ley de vivienda o la derogación de la ley mordaza. Y afirman, a continuación, que comparten la propuesta de rebajar la pena por sedición, sin vaciar el tipo. "Cuando dicen que no tienen números para sacar la reforma, no sabemos a qué se refieren. Todo lo que sea democratizar el Código Penal nos parece bien", subrayan fuentes de ERC en el Congreso.

En el grupo que lidera Gabriel Rufián no observan "temblor de piernas en el PSOE", porque el Gobierno "pacta una semana sí y otra también" con ellos o con Bildu. "Eso hace grande al PSOE. Así que es más una cuestión interna que externa. Y en cuanto a tiempos —añaden— nos mantenemos en que mejor mañana que pasado mañana. Por nosotros no será".

Rufián evitaba pronunciarse este miércoles públicamente sobre el cambio legal y recomendó al PSOE que "hable menos" de ello. En realidad, las conversaciones entre el Gobierno y ERC en torno a la modificación del Código Penal comenzaron, recuerdan los independentistas catalanes, "hace tres años, cuando todavía Carmen Calvo era vicepresidenta".

ERC no observa "temblor" en el PSOE, porque pacta con ellos y con Bildu con normalidad, "y eso le hace grande"

El Gobierno parece encaminarse hacia una decisión muy delicada y que puede marcar el tramo final de la legislatura. Su adopción entraña más complejidad que los indultos, porque estos eran una medida unilateral del Ejecutivo, mientras que la reforma del Código Penal implica al Parlamento. Y tiene muchas aristas, porque algunos dirigentes del procés tienen causas pendientes por malversación, delito que no está previsto tocar.

Sánchez está dispuesto a exhibir su hoja de ruta en Cataluña, de desinflamación del conflicto, como un arma a su favor en campaña, por contraposición a la tensión que se desbocó con el PP en la Moncloa. "¿Usted prefiere la Cataluña de octubre de 2017 o la Cataluña de octubre de 2022? Porque yo prefiero la Cataluña y la España de 2022", le lanzó el presidente a Alberto Núñez Feijóo en su último duelo en el Senado, la semana pasada. La semilla está plantada, aunque a la decisión le quede un proceso de maduración. Y este será, presumiblemente, corto.