El camino parecía allanarse en las últimas horas. ERC estaba dando muestras cada vez más inequívocas de que aceptaba rebajar la pena por sedición, sin eliminar el delito. La presión aumentaba para el Gobierno. Por eso las palabras de este jueves de la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, durante el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 en el pleno del Congreso, se leyeron como una respuesta clara. Ella dijo que el Ejecutivo se decidía a llevar al Parlamento la reforma del Código Penal, aunque sin ofrecer plazos. Pero luego ella misma, en declaraciones a los periodistas, se matizó: no quería dar un paso más ni dar la impresión de que el Gobierno tiene la decisión tomada porque aún no hay una "mayoría" parlamentaria para sacar adelante la modificación legislativa.

"Lo traeremos a esta Cámara, que soberanamente tendrá que decidir sobre esta cuestión", comprometió Montero en respuesta al diputado republicano Joan Margall. Se refería al delito de sedición, que sí había mencionado minutos antes el parlamentario independentista, quien había apremiado al Gobierno a elegir si está "con el 80% de la sociedad catalana" y el mandato de organizaciones internacionales como la ONU y el Consejo de Europa o "está al lado del PP y Vox". "La solución pasa por la política", le había dicho.

Lo traeremos a esta Cámara, que tendrá que decidir. Es un compromiso firme que tiene el presidente, dijo primero Montero en tribuna en su réplica a ERC

"Nosotros seguimos empeñados en el diálogo, y su grupo lo sabe —le respondió Montero en la tribuna—. Hay otro tipo de debate [la reforma de la sedición] y el presidente Pedro Sánchez ha sido muy claro en relación con la situación de convivencia en Cataluña y ha trasladado siempre con mucha claridad la voluntad del Gobierno de homologar a los estándares europeos la calificación de determinados delitos en nuestro país. No formando parte de este debate parlamentario, es un compromiso firme que tiene el presidente". La ministra volvía a dejar claro, pues, que la modificación del Código Penal camina en un carril distinto al de los PGE, aunque en paralelo. Y recordaba que el viernes pasado el jefe del Ejecutivo ya reiteró en Bruselas su promesa de trabajar en el cambio del Código Penal. "Trabajaremos, insisto, en otro entorno que no es este debate [de Presupuestos]", remarcó. Hoy en España la sedición está castigada con entre ocho y diez años de cárcel, que suben a entre 10 y 15 si sus autores son autoridades públicas. La idea de la Moncloa es reducir la pena a la mitad, al entorno de los seis años.

Al acabar el debate sobre los PGE, los periodistas preguntaron a Montero si había un plazo para que el Gobierno lleve a la Cámara la reforma. La fecha es la clave de bóveda, el punto más delicado. "Lo que expresé en la tribuna es absolutamente lo mismo que Sánchez respecto a que la voluntad del Gobierno es homologar determinados delitos con los estándares europeos, que necesitamos una mayoría y que el compromiso del presidente es impulsarlo en el momento en que existan estas mayorías. Si en algún momento se ha interpretado que yo estaba dando un paso más, para nada. En el fragor del debate de Presupuestos, uno no siempre termina de completar la frase y lo que he querido decir es que hay un compromiso firme para cuando tengamos la mayoría suficiente para poder impulsarlo, cosa que hoy no ocurre". La ministra pidió "disculpas" por si se había colegido de sus palabras que había habido un "anuncio añadido".

Si en algún momento se ha interpretado que yo estaba dando un paso más, para nada. En el fragor del debate de Presupuestos, uno no siempre termina de completar la frase", se disculpa la titular de Hacienda

La réplica de Montero en tribuna eran de alto riesgo, porque el Gobierno está ultimando la negociación con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y lo que podía leerse como un anuncio podría frenar a los conservadores y dinamitar los acercamientos.

Fue justo después de las palabras de Sánchez cuando ERC fue dejando ver más a las claras que renunciaba a eliminar el tipo penal —exigencia inasumible para los socialistas—, hasta que este mismo jueves su portavoz en la Cámara baja, Gabriel Rufián, expresaba públicamente, y por primera vez, el giro de su partido y su acercamiento de posturas con el Gobierno. Subrayó que no es verdad el argumento defendido hasta ahora por la Moncloa de que no hay mayoría suficiente para proceder a la reforma del Código Penal. En su grupo, vino a decir, puede confiar. "Quien sepa contar sabe que es falso, que es mentira. Quien tenga un poco de memoria sabe que siempre hemos dicho que es una buena noticia democratizar el Código Penal y que sea lo más homologable a lo que sucede en Europa en lo que a delitos se refiere".

El presidente, en conversación con los periodistas que le acompañan en su viaje por Kenia y Sudáfrica, también daba a entender que dará el paso. Pero advertía de que antes de presentar la propuesta de reforma debía contar con el compromiso de ERC de que la apoyará —modificar el Código Penal exige de mayoría absoluta en las Cortes—, y también que el partido de Oriol Junqueras tendrá que asumir que se cometieron delitos durante el procés, por lo que estos no desaparecían, sino que se rebajarían las penas, informa EFE. El líder socialista hacía a la vez, de nuevo, una defensa de su política de "reencuentro y desinflamación" con Cataluña.