El PP "suspendió" las conversaciones con el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el PSOE las da directamente por "rotas". Ferraz acusa a Alberto Núñez Feijóo de "poner una nueva excusa" para no desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. En un comunicado, le culpa de dinamitar el diálogo, por haber sucumbido a las "presiones de la derecha más reaccionaria" que siempre quiso "boicotear" el acuerdo. Le emplaza a "cumplir con la Constitución" y a dejarse de "pretextos" y "chantajes", porque la agenda legislativa del Gobierno "no ha sido modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura ni tampoco durante la negociación de las últimas semanas" y por lo tanto la reforma de la sedición, a la que no renuncia Pedro Sánchez, "no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución española".
Era previsible que el PSOE respondiera con máxima contundencia después del comunicado del PP y de ver frustrada, una vez más, la negociación para la renovación del Poder Judicial. Esta era la última oportunidad y ya no habrá más en el año que queda de legislatura. Ferraz contraatacó con su propia nota una hora después de que Génova anunciara que suspendía las conversaciones con el Ejecutivo a la espera de que Sánchez decidiera si "quiere avanzar con un partido constitucionalista como el PP o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional".
La formación conservadora ponía, para retomar los contactos con la Moncloa, una condición imposible de cumplir para el PSOE: una reforma del Código Penal pero para agravar el castigo por sedición y rebelión y para tipificar como delito la convocatoria de referendos ilegales, como Sánchez "prometió" en su campaña de las generales de 2019. O sea, el PP reclamó que el Gobierno renunciase a su propuesta de cambio legal y abandonase a su socio principal de investidura, ERC, como condición previa para retomar las conversaciones.
El PP rompe una vez más, ahora con un acuerdo listo y preparado para ser firmado"
COMUNICADO DEL PSOE
Para el PSOE, la lectura es nítida: cuando estaban a punto de cumplirse cuatro años de bloqueo del CGPJ, el PP "ha vuelto a romper las negociaciones, una vez más, en esta ocasión con un acuerdo listo y preparado para ser firmado". Relata en su comunicado que fue el presidente el que llamó a Feijóo este jueves para "formalizar un acuerdo que ya estaba negociado y listo para ser firmado por el PSOE y el PP", y sin embargo el líder de los populares utilizó "una nueva excusa para bloquear la renovación del CGPJ, rompiendo así la negociación e incumpliendo con la Constitución una vez más".
Tampoco durante las negociaciones
Para los socialistas, Feijóo "demuestra una absoluta falta de autonomía política al no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto".
Ferraz arguye que la "agenda legislativa" del Gobierno no puede ser "objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución"
El comunicado lanzado por Ferraz cerca de las 21.30 de este jueves deja también bien claro que el Gobierno no renuncia a su hoja de ruta, a reformar la sedición para equiparar el tipo penal al estándar europeo, porque entiende que "el cumplimiento de la Constitución no admite condiciones ni chantajes". Por la mañana, desde Pretoria, y antes de que se consumase la ruptura, el presidente instaba a Feijóo a separar las dos carpetas, la sedición, la "agenda legislativa" de su Ejecutivo con la que puede discrepar, de la obligación constitucional ineludible para todos los partidos. Por eso la nota de Ferraz [aquí en PDF] recalca que esa "agenda legislativa" del Gobierno (esto es, sus planes para modificar el Código Penal) no ha sido "modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura ni tampoco durante la negociación [con el PP] de las últimas semanas y, desde luego, no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución".
Para el PSOE, la "crisis institucional en un poder del Estado", que a su juicio "está provocando el PP con su actitud obstruccionista", es "muy grave y está dañando el funcionamiento normal de la Justicia, así como la reputación de nuestro país en la UE".
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