Esquerra ha exhibido en las últimas semanas una discreción extrema en el debate sobre la reforma del delito de sedición. Una reforma clave del Código Penal para avanzar en la "agenda antirrepresiva" que los republicanos exigen al PSOE para seguir apoyando al Gobierno en las Cortes. De entrada, en la aprobación de los próximos Presupuestos Generales. Los últimos de la legislatura.

La tradicional cacofonía de voces del partido que ha acompañado casi todas las negociaciones con los socialistas se ha tornado silencio en una cuestión fundamental para ERC. Muy pocos en el partido conocen el día a día de unas negociaciones más avanzadas de lo que se dice en público. Porque, en público, lo único que han hecho los republicanos es recriminar al Gobierno las filtraciones sobre los avances en esta cuestión.

De hecho, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ni siquiera quiso confirmar esta semana si los republicanos han planteado un texto propio en la negociación sobre la reforma. "No me consta" apuntó, para reclamar discreción al Gobierno. "No entraremos en una subasta mediática sobre cómo reformar el Estado, es una cuestión muy seria".

Esquerra se mueve

Lo cierto, sin embargo, es que la posición de Esquerra se ha movido sustancialmente en este terreno. Al principio de la legislatura, cuando Podemos abanderó la propuesta de la reforma planteada por Jaume Asens, ERC dejó claro al PSOE que no votaría nada que no supusiera la supresión total del delito de sedición. De ahí que la reforma nunca llegara al congreso.

Ahora los republicanos ya no hablan de supresión, sino de adaptación a los "estándares europeos" en la línea de lo defendido por instituciones como el Consejo de Europa en el Informe Cilevics. Una reforma que pasaría, ante todo, por la reducción de las penas fijadas para este delito, las más altas de Europa, no se cansan de repetir los republicanos.

"Pero no es solo una cuestión de penas", advierten. También se trata de modificar la definición del delito para ajustar los supuestos, añaden. Especialmente, incluir el uso de armas en el delito, lo que eximiría a los responsables del 1-O y la declaración unilateral de independencia.

Al margen de los presupuestos

También el discurso en la negociación de los presupuestos. Si hace apenas unas semanas tanto Vilalta como Pere Aragonès advertían que no se podía avanzar en la negociación de los PGE sin avances en paralelo de la mesa de diálogo, los dos espacios se separan ahora escrupulosamente.

En Esquerra siguen convencidos de que su momento de fuerza es ahora, cuando el PSOE depende de ellos para sacar adelante las cuentas. Y que es ahora cuando necesitan avances en la mesa de diálogo para acallar las críticas de Junts, ya fuera del Govern. Pero han dejado de ligar ambos procesos, apuntando que su aval a la tramitación de los Presupuestos "contribuye a generar las condiciones que permitan mantener abiertas las negociaciones".

Desde el Govern recuerdan, eso sí, el compromiso de reunir la mesa de diálogo antes de fin de año para presentar avances en la desjudicialización prometida en julio.

De retornos e inhabilitados

La mesa es el espacio en el que presentar avances sobre la reforma del delito de sedición que podría ser la clave para despejar no los procesos judiciales todavía pendientes del procés. También el futuro político de los ya condenados por el Tribunal Supremo.

"La reforma debe servir para acabar con las inhabilitaciones" apunta Eduard Voltas, una voz muy próxima a Esquerra. En otras palabras. La reducción de penas debería permitir a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva o Josep Rull volver a la política.

La reforma de este delito, por el que fueron condenados los nueve procesados por el Tribunal Supremo, tendría incidencia además en las causas abiertas todavía contra Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Ambos están acusados de rebelión, pero no es difícil imaginar un cambio de calificaciones tras la sentencia del TS. Con penas más leves por el delito de sedición podrían regresar sin temor a la prisión provisional, como ya han hecho Meritxell Serret (ERC) y Anna Gabriel (CUP).

La reforma, en todo caso, tendrá que hacerse con la oposición de Junts, que utilizará este pacto -en caso de cerrarse- como nuevo frente de desgaste a Esquerra. Los de Puigdemont mantienen que mantener el delito de sedición es "una trampa para el independentismo" porque supone considerar delito "lo que hicimos en el 2017", como advertía este miércoles Miriam Nogueras en el Congreso.