Era "la última oportunidad" que Gobierno y Partido Popular (PP) se daban para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero el pacto ha saltado por los aires tras dos semanas y media de negociaciones y una jornada frenética de declaraciones y desmentidos. A última hora de la tarde, los populares indicaban a través de un comunicado que, después de mantener una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de la principal fuerza de oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido interrumpir el diálogo con Moncloa. La decisión llega después de que el jefe del Ejecutivo, desde Sudáfrica, en el marco de una visita oficial, haya afirmado que el acuerdo estaba ultimado y solo era necesaria "la rúbrica del PP" para sellarlo. Algo que posteriormente, Génova ha desmentido. A ello, se le ha sumado la cuestión de la reforma del delito de sedición a petición de ERC.

En el comunicado difundido, el PP afirma que los socialistas le habían asegurado que la reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición, algo por lo que fueron condenados los líderes del procés, no era algo previsto en la agenda. Sin embargo, las declaraciones de la ministra de Hacienda y Función Pública durante la segunda jornada de debate de las enmiendas totales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha encendido las alarmas en la sede nacional popular. María Jesús Montero, desde la tribuna de oradores y en plena réplica a los grupos parlamentarios, se ha comprometido a llevar esa reforma a la cámara baja. Aunque, tras la advertencia de Moncloa ante un amago de ruptura por parte de los de Feijóo, ha intentado matizar el anuncio asegurando que no hay fecha ni apoyos suficiente para la cuestión.

Con todo, el propio presidente del Gobierno ha asegurado a Feijóo que este asunto, el de la rebaja de las consecuencias por sedición, se encuentra entre sus prioridades legislativas. Eso, indican fuentes populares, ha causado "extrañeza" al gallego. También ha generado sorpresa a los populares que Sánchez diera por cerrado el acuerdo cuando este, en sus conversaciones, "todavía estaba abierto en varios asuntos relevantes e imprescindibles para el PP".

Al margen de ello, desde Génova indica que es "una incongruencia insalvable" ponerse a negociar una renovación del CGPJ y el Tribunal Constitucional (TC) para "reforzar al Estado y, mientras, "pactar con otros partidos para desprotegerlo". "Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser consencientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España", ha reprochado los populares. E inciden: "el arrepentimiento y el compromiso de no reincidir ya puede rebajar las penas a las personas condenadas o con causas abiertas por sedición".

Para Génova es una incongruencia insalvable negociar la renovación del Poder Judicial para reforzar al Estado y pactar con los independentistas para desprotegerlo

El PP determina que, al no contemplar eso, el PSOE evidencia que "tiene un compromiso unilateral con el independentismo". Considera que al integrar en su agenda legislativa una reforma del Código Penal se buscan un objetivo concreto: o bien contentar a los socios de investidura ante sus "exigencias" para sacar adelante medidas como pueden ser los presupuestos, o "una vocación por paralizar un acuerdo para despolitizar la Justicia". Un pacto que dicen "estaba muy avanzado y que parece no convencer al Gobierno".

"No es aceptable"

Los de Feijóo consideran inaceptable que Sánchez esté "dispuesto a entregar una herramienta como el Código Penal" al secesionismo. Y en ello, insisten, el PP no va a contribuir. "El PP es un partido de Estado, que no antepone el interés personal o partidista al general". Tampoco admiten en Génova que se adelanten acuerdos a la opinión pública que no existen o que se ponga en conocimiento de la misma, "a través de los medios y oralmente", un criterio no manifestado en el curso de las negociaciones.

Estas afirmaciones, contrastan con la postura transmitida por la secretaria general y portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, que durante una entrevista afirmaba que el diálogo para renovar el Poder Judicial no iba a verse afectado de darse una reforma del delito de sedición. Porque "son cuestiones distintas, tenemos un papel diferente", aseguró Gamarra. Ella misma, al ser preguntada durante el pleno de este jueves ha evitado reafirmarse en ello, lo que ahonda en las razones de presiones externas e internas. La propia Isabel Díaz Ayuso, con quien Feijóo intervino este lunes en la segunda convención sectorial del PP ha sido una de las personas más críticas dentro del partido.

Vocación para continuar el diálogo

Con todo, el PP hace una matización: está dispuesto a continuar las conversaciones si Sánchez da garantías de que "no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a aquellos que quieren combatirlo. Por ello, Feijóo, aseguran las mismas fuentes, ha ofrecido al Gobierno abordar conjuntamente cualquier reforma del Código Penal que afecte a la sedición, pero también a la rebelión. Este jueves, el propio presidente del PP se comprometía a que, si llegaba al Gobierno, abordaría una reforma para aumentar las penas por estos delitos, y para "tipificar" como tal la convocatoria de un referéndum ilegal. Lo ha dicho desde Santander, en un foro sobre liderazgo juvenil.

De momento, el PP da por "suspendidas" las conversaciones "a la espera que que el PSOE decida si en el ámbito internacional quiere avanzar con un partido constitucionalista (...) o seguir de la mano de los que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional".

El PSOE da por zanjadas las negociaciones

Ante este comunicado, desde el PSOE se acusa a Feijóo de haber utilizado "una nueva excusa" para no cumplir con la Constitución. También le acusan de sucumbir a "las presiones de la derecha más reaccionaria" que han estado "boicoteando" los contactos para que no finalizasen con un pacto. Fuentes populares han confirmado a El Independiente que estas presiones se han producido. Asimismo, mientras este jueves Sánchez pedía a Feijóo no mezclar lo legislativo con un mandato constitucional inaplazable, el PSOE ha subrayado que la agenda legislativa del Ejecutivo no ha cambiado en ningún momento.

Este nueva ruptura entre Sánchez y Feijóo, llega después de que en agosto Estaban González Pons, interlocutor de los populares, denunciara presiones por parte de su igual Félix Bolaños. El socialista y ministro de la presidencia amagó desde mayo con publicar un pacto firmado por la anterior dirección de Pablo Casado en octubre de 2021 si González Pons no desencallaba rápido la tarea judicial. Este la hizo pública a mediados de mes. Con anterioridad, las negociaciones estuvieron a punto de consolidares en febrero de 2021. Entonces, Podemos propuso el nombre del magistrado José Ricardo de Prada como exigencia o vetar a una de las principales propuestas populares. Eso, dinamitó el pacto.