El presidente del Gobierno combinaba este jueves desde Pretoria, en Sudáfrica, un anuncio y una advertencia: el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está "listo y preparado", de tal manera que ahora es el PP el que tiene que decidir si da su plácet. El aviso venía porque los conservadores han amagado con dar por rota la negociación con Pedro Sánchez si el Ejecutivo lanza la reforma de la sedición para contentar con ERC. El líder socialista pide a Alberto Núñez Feijóo que ponga por delante el "cumplimiento" del mandato constitucional a su discrepancia con la "agenda legislativa" del Gobierno. Lo cierto es que posteriormente Génova desmintió radicalmente al presidente: sí hay "avances", pero no hay pacto cerrado aún. El cruce de declaraciones da buena cuenta de la enorme tensión entre Gobierno y PP en las horas finales de las conversaciones, precisamente las más delicadas y en las que todo se puede volver a romper.

Sánchez fue preguntado por los periodistas durante su rueda de prensa con el presidente de la República de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Entonces reiteró lo que ayer miércoles les manifestaba en conversación informal: que "nunca como hasta ahora" estuvieron Ejecutivo y PP "tan cerca" de rubricar un acuerdo, lo cual es una "buena noticia", que habla de la "voluntad de las partes para llegar a un acuerdo y a una posición equilibrada". La "voluntad" del Ejecutivo, siguió, es manifestar un "sí rotundo a este acuerdo, al cumplimiento del mandato constitucional" y al fin, "de una vez por todas", de una "crisis" que se agravó con la dimisión, hace casi tres semanas, del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. 

Al llamamiento de cumplir estrictamente nuestras obligaciones constitucionales nadie puede fallar"

PEDRO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL GOBIERNO

"Uno podrá discrepar o no de la agenda legislativa del Gobierno", dijo Sánchez, en relación con la reforma del delito de sedición que aún no ha sido lanzada pero que inunda en los últimos días el debate político. "Esa es la democracia, es legítimo votar a favor, en contra, enmendar… Pero otra cosa es el cumplimiento estricto de la Constitución a la que nos debemos todos, sobre todo los partidos de Estado", avisó, para a continuación manifestar su deseo de que se "desbloqueen" las instituciones —también está pendiente el relevo en el Tribunal Constitucional— por el "bien de la democracia y de nuestro país".

"Al llamamiento de cumplir estrictamente nuestras obligaciones constitucionales nadie puede fallar. El acuerdo está listo, está preparado, y aquí solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios: sí o no queremos renovar el CGPJ. Nosotros decimos sí de manera rotunda", sostuvo. El emplazamiento al PP, la presión al PP, eran tajantes. La resolución de la crisis institucional, agregó, "debe estar por encima de cualquier otra consideración".

La confusión con Montero

Las conversaciones para renovar el Poder Judicial se hallan, pues, en su punto más delicado. Y en el tramo final se han cruzado con otro debate de altísimo voltaje, la reforma de la sedición. Esta mañana, en el pleno del Congreso en el que se discutían las enmiendas de devolución de los Presupuestos del Estado para 2023, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, afirmaba que el Ejecutivo llevaría la modificación del Código Penal a la Cámara. No decía cuándo ni añadía la coletilla en la que se ha venido escudando la Moncloa: habrá reforma si hay una "mayoría" suficiente. Sus palabras parecían sonar como respuesta al portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, quien minutos antes había expresado el acuerdo de su partido para "democratizar", "homologar" el Código Penal español a los estándares europeos.

Sánchez defiende la rebaja de la sedición: hay que "homologar los delitos al contexto europeo en el que nos desenvolvemos y al que pertenecemos"

La réplica de la ministra se tradujo enseguida a titulares. El diario La Vanguardia avanzó entonces que el PP había trasladado a la Moncloa que si avanzaba en el cambio legal el pacto por el CGPJ podría romperse. Montero, después, se corrigió a sí misma en el Congreso, ante los periodistas, e insistió en que la posición no había cambiado y que el Gabinete sigue sin ver una mayoría para cambiar la ley. La piedra, no obstante, estaba lanzada, aunque hubiera sido por error.

De ahí que se preguntara a Sánchez en Pretoria si peligraban los contactos con Feijóo. El líder del PP, desde Santander, y en un acto casi paralelo en el tiempo al del presidente, no ligaba CGPJ y sedición, aunque sí advertía de que si llega a gobernar, su partido va a agravar "las penas de los delitos de sedición y rebelión, a tipificar de forma clara estos delitos y a tipificar como delito la convocatoria de referéndum ilegal".

Fuentes de la cúpula nacional del PP señalaban que las declaraciones de Sánchez en Sudáfrica "no se ajustan a la realidad". Aunque hay "avances" en las conversaciones, "todavía NO [sic] se ha llegado a un acuerdo". "No es cierto que la solución esté cerrada ni en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial ni en el del Tribunal Constitucional", indicaron.

El jefe del Ejecutivo rehusó dar plazos a la eventual modificación del Código Penal, aunque sí hizo una defensa de la misma. El Gobierno, dijo, considera que la situación en Cataluña y en el resto de España está "mucho mejor" que en el otoño de 2017, y esgrime que la superación de la crisis ha de resolverse "por cauces políticos". También mostró su determinación para abordar un cambio muy arriesgado políticamente: "Una de las principales lecciones a extraer" del procés, del "desencuentro y la quiebra" que acarreó, es que hay que "homologar algunos tipos de delitos de nuestro Código Penal al contexto europeo en el que nos desarrollamos, nos desenvolvemos y al cual pertenecemos, y ese es el planteamiento que hace el Gobierno de España".