El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retomará la negociación para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde una vez que el diálogo entre Gobierno y oposición para renovar el Poder Judicial ha fracasado. Ningún vocal baraja, de momento, presentar su dimisión para forzar que el PSOE y el PP tengan que elegir nuevos miembros.

La comisión negociadora que se había creado en el órgano de gobierno de los jueces con representantes del bloque conservador, a un lado, y del bloque progresista, a otro, para nombrar a los dos magistrados del Alto Tribunal que les corresponde volverá a sentarse. Según trasladaron fuentes del consejo de jueces a El Independiente, una vez que el PP ha dado por roto el diálogo por la intención del partido del Gobierno de reformar el Código Penal para reducir las penas del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del proceso independentista catalán, ahora "toca sentarse y hablar".

Los vocales Carmen Llombart y José Antonio Ballestero coordinados por José María Macías y los progresistas Roser Bach, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo acordaron dejar a un lado las conversaciones para el nombramiento puesto que el acuerdo de renovación del consejo de jueces, casi cuatro años después de su vencimiento, parecía estar a punto de alcanzarse. Así lo transmitió esta misma semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que el acuerdo estaba "listo". Algo que no tardó en desmentir el PP para, horas después, darlo por fracasado.

Durante los casi cuatro años que el CGPJ lleva caducado -y antes de que la reforma de la Ley del Poder Judicial reformada a iniciativa de PSOE y Podemos les impidiera realizar nombramientos de la cúpula judicial- el Pleno del consejo decidió paralizar la elección de magistrados cada vez que hubo posibilidades de que los principales partidos del Congreso llegaran a un acuerdo de desbloqueo. Habían decidido hacer lo mismo esta vez, pero visto que la renovación no es posible, volverán a sentarse para tratar de elegir a los dos magistrados del Constitucional que les toca nombrar para sustituir al vicepresidente Juan Antonio Xiol y al magistrado Santiago Martínez-Vares. El Gobierno, por su parte, tendrá que nombrar a quien sustituya al presidente Pedro González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez, ambos nombrados en su momento por el Gobierno de Mariano Rajoy. Habrá que ver si el Gobierno espera finalmente al CGPJ para nombrar o lo hace antes.

En el acuerdo que PSOE y PP tenían prácticamente cerrado se negoció la renovación del CGPJ paralelamente a la del Constitucional. El PP trataba de pactar con el Gobierno que también se nombre ya al magistrado que tendrá que sustituir a Alfredo Montoya, quien renunció por motivos de salud, y que la propuesta de candidato partiera del Grupo Popular del Senado, que fue quien le propuso en su momento, a pesar de que las mayorías han cambiado en la cámara alta. Una vez que la negociación y sus bases han saltado por los aires, esa posibilidad de que el partido de la oposición elija a un miembro del Constitucional en su nueva etapa de mayoría progresista queda en el aire.

Las asociaciones judiciales: "Es un jarro de agua fría"

Las asociaciones judiciales recibieron "como un jarro de agua fría" el anuncio de que las negociaciones entre PSOE y PP quedan en suspenso. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no ocultó que está "disgustada y cabreada". "Hoy esperaba saber quiénes eran los vocales y los suplentes y nos encontramos con esta decisión que hace mucho daño a la Justicia y a la sociedad en general. Esperemos que sea una suspensión y finalmente lleguen a un punto en común", afirmó en conversación con este diario.

Proponer una rebaja de la sedición es meter el dedo en el ojo al PP

A la hora de encontrar responsables, la representante de la asociación mayoritaria de la carrera judicial consideró que el Gobierno ha sido muy inoportuno con su propuesta de reforma del delito de sedición precisamente en este momento: "Es meter el dedo en el ojo al PP", afirmó.

Por su parte, el viceportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, consideró en un comunicado público que "no se debilita el Estado de Derecho por pensar una futura reforma de la sedición, sino por impedir que funcione el órgano de gobierno del Poder Judicial", poniendo el acento en el PP. "La excusa en esta ocasión es que se debilitaría el Estado de Derecho reformando el delito de sedición. Algo que por cierto la propia sentencia del procés dijo que había que realizar", expuso.

Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más representativa de la carrera, consideró que "esta suspensión temporal de las negociaciones no deja de ser la consecuencia inevitable de un proceso mal desarrollado. Las negociaciones para renovar el Consejo tienen que hacerse en el Parlamento y tienen que hacerse de manera pública y transparente, debatiendo sobre los perfiles de los candidatos. Y aquí lo que hemos visto es que desde el Gobierno, que no tiene ninguna función constitucional en este proceso, se está negociando de manera secreta con el Partido Popular", consideró, afirmando que "el PSOE y el PP están actuando en clave electoral y es imposible arreglar nada con estos criterios".