El finísimo hilo que unía desde hace dos semanas y media la Moncloa y Génova se ha roto. El puente que con débil argamasa estaba a punto de culminarse se ha venido abajo. Y quizá ya no haya forma de reconstruirlo hasta la próxima legislatura. Porque esta era la "última oportunidad" de renovar el Consejo General del Poder Judicial que se daban Gobierno y PP y ha saltado por los aires. Justo en el tramo final, cuando según el jefe del Ejecutivo el acuerdo estaba incluso "listo y preparado para ser firmado", y según la cúpula popular, muy avanzado pero aún "abierto en asuntos muy relevantes".
El partido de Alberto Núñez Feijóo echaba este jueves a las 20.30 el freno en las conversaciones para el relevo del CGPJ en tanto Sánchez no renunciase a la reforma del delito de sedición. Un mensaje que empaquetó en un comunicado tras una llamada, por la tarde, del presidente con el jefe del PP. Los socialistas, una hora más tarde, interpretaron esa nota como una ruptura inequívoca del diálogo, al interponer Génova "una nueva excusa" para liquidar una negociación en la que, en realidad, arguyen, nunca creyó. Ferraz acusaba a Feijóo de haber sido incapaz de resistirse a las "presiones" de la "derecha más reaccionaria" que quiso "boicotear" la interlocución desde el principio y advertía asimismo de que la "agenda legislativa" del Gobierno —o sea, la eventual modificación del Código Penal, trabada, en su caso, con el concurso de ERC— no podía ser "objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución". En suma, choque absoluto y frontal y condena a un bloqueo del CGPJ por tiempo indefinido.
Nada hacía presagiar que 24 horas antes todo iba a estallar por los aires. Todo comienza a torcerse a primera hora del jueves
Porque ese cruce de reproches gruesos entre las dos partes hace prever que la recomposición de relaciones será imposible. Aunque en la dirección del PP creen aún posible retomar el diálogo si el Gobierno hace un "mínimo gesto" que permita que las aguas vuelvan a su cauce, si congela el cambio del Código Penal. Pero en el Ejecutivo no ven ya puertas abiertas, porque Feijóo, deducen, ha "sucumbido a las presiones internas" y no ha "aguantado el tirón ni a la primera", agarrándose a una mera "excusa", ya que ni el Gobierno ni el PSOE habían registrado propuesta alguna de reforma del delito de sedición ni se había dispuesto a emprenderla ahora mismo.
Nada hacía presagiar apenas 24 horas antes que todo iba a estallar con estrépito. Es más, Sánchez comentaba a los periodistas que viajaban con él en su gira por Kenia y Sudáfrica que "nunca estuvo tan cerca" el acuerdo entre los dos grandes partidos para desbloquear el CGPJ. Pero todo comienza a torcerse en la mañana del jueves. De este turbulento y aciago 27 de octubre de 2022.
El Congreso retoma a las 9.00 el debate de las enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. En los pasillos, ERC admite por primera vez —en este caso, por boca de su portavoz en Madrid, Gabriel Rufián— que comparte la postura del Gobierno: que acepta rebajar la pena por sedición, sin eliminar el tipo: "Quien tenga un poco de memoria sabe que siempre hemos dicho que es una buena noticia democratizar el Código Penal y que sea lo más homologable a lo que sucede en Europa en lo que a delitos se refiere". Pero los republicanos prefieren mantener perfil bajo en este asunto, y eligen al diputado Joan Margall como su voz en el pleno. Él y no Rufián.
Las palabras de la discordia: "Lo traeremos a esta Cámara"
En la réplica al parlamentario independentista catalán, la titular de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, peso pesadísimo del Ejecutivo y del partido, parece coger carrerilla. Confirma que el Gabinete llevará a las Cortes la reforma. No dice plazos, eso sí. La ministra recalca que se trata de un "compromiso firme" del presidente, quien siempre ha trasladado su "voluntad" de equiparar la sedición en el Código Penal español al de otras legislaciones europeas. "Lo traeremos a esta Cámara", promete.
Según el PP, Pons llama a Bolaños para pedirle que frene el debate de la sedición porque complica las cosas al PP
Montero no añade el escudo que siempre se ponían los socialistas: que llevarán esa propuesta al Parlamento cuando disponga de una mayoría suficiente. Sus palabras, que saltaron de inmediato a los medios, impactaron enseguida en ERC y en el PP. Los independentistas no lo esperaban: "Eso fue cosa de Montero". Según el relato de Génova a este diario, el interlocutor designado por Feijóo, Esteban González Pons, telefonea a su homólogo, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, para pedir al Gobierno que enfríe el debate porque puede complicar las cosas al PP. Génova, en efecto, se siente muy “presionada” interna y externamente. Poco después, La Vanguardia publica que los conservadores habían enviado un mensaje a la Moncloa avisando de que si no renunciaba a la reforma rompería el pacto para renovar el CGPJ. El diario se hace eco de la advertencia de los conservadores citando a fuentes socialistas.
La titular de Hacienda, acabado el debate, sale del pleno del Congreso y, advertida del alcance de sus palabras en tribuna, se apresura a matizarlas. Pide "disculpas" porque "para nada" quería dar a entender que el Gobierno daba un paso más. Ella, subraya, simplemente quería reproducir el mensaje del presidente: habrá propuesta de modificación del Código Penal si hay una mayoría absoluta (la que se exige al tratarse de una ley orgánica) que la avale. "Cosa que hoy no ocurre", precisa.
Fuentes próximas a Montero indican que ella no había escuchado las declaraciones de Rufián, como tampoco había sido consciente de la dimensión de su réplica a Margall, porque si no había agregado la necesidad de una mayoría suficiente era porque ella no concibe que el Gobierno lleve al Parlamento una iniciativa que no disponga de ella. Pero según el PP, Montero se mueve porque recibe una llamada de Bolaños en la que le pide que pise el freno.
La secuencia continúa minutos más tarde, en Santander y en Pretoria. En la ciudad cántabra interviene Feijóo. El líder del PP no liga la reforma del Código Penal y el CGPJ. No amenaza con romper la negociación. Sí advierte, sin embargo, de que si su formación llega a gobernar agravará las penas por sedición y rebelión.
Santander y Pretoria
A los pocos minutos de arrancar Feijóo en Santander, comienza la comparecencia de Sánchez en Pretoria con el presidente de la República de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en la segunda jornada de su gira africana. Allí, el líder socialista lanza un mensaje diáfano a Feijóo, elevando la presión sobre él: el acuerdo para el relevo del CGPJ está "listo y preparado", cerrado, por lo que "solo falta" la "voluntad política" para sellarlo. El Gobierno sí la tiene, rubricó, de manera "rotunda". Sánchez exige a Feijóo separar sedición y pacto institucional. "Uno podrá discrepar o no de la agenda legislativa del Gobierno" —y de hecho el PP lo hace "con fruición", comentó con sorna—, pero "al llamamiento de cumplir estrictamente nuestras obligaciones constitucionales nadie puede fallar", alerta.
Sánchez habló una hora con Feijóo y este no le trasladó su posición. "A Feijóo le han temblado las piernas, no es autónomo", denuncia
Génova entonces interpreta que Sánchez sube la apuesta y no renuncia a la reforma del Código Penal. Feijóo pide hablar con el presidente y este le llama, y le insiste en que son dos materias diferentes y que tiene el "compromiso" de culminar su agenda legislativa. El líder del PP entiende que tiene que fijar posición y emitir un comunicado. Es de la "suspensión" de las conversaciones, contestado una hora más tarde en otro escrito durísimo por el PSOE. Sánchez conoce el comunicado de Génova cuando aterriza en Luanda (Angola) para que su avión haga escala antes de llegar a Madrid. "A Feijóo le han temblado las piernas, no es autónomo", subraya el presidente a los periodistas que le acompañan, a los que relata que había cerrado ya con el dirigente gallego el acuerdo y pactado este jueves con él escenificarlo en una reunión el próximo 2 de noviembre, informa EFE.
El líder socialista contó que su charla fue de una hora, justo en el trayecto entre Johannesburgo y el aeropuerto de Pretoria, y en ella no le trasladó la posición del PP que liga sedición y CGPJ. Para el 2 de noviembre se iban a ver, dijo, para los últimos flecos, porque el texto del acuerdo estaba cerrado, y también la proposición de ley que se llevaría al Parlamento e incluso los nombres y los suplentes del nuevo órgano de gobierno de los jueces. Sánchez, según EFE, reprochó a Feijóo que filtrara la conversación y que buscara que él renuncie a un compromiso de investidura a cambio de que el PP cumpla con la Constitución. "La corriente reaccionaria del poder económico, judicial y mediático" no quiere que haya consenso en este tema, denunció Sánchez.
"No había nada sobre la sedición"
Esa lectura, con profunda irritación, era reiterada por miembros del Gobierno y del PSOE consultados por El Independiente. "No ha aguantado el tirón a la primera, ha demostrado no tener autoridad", manifestaba un alto cargo de la Moncloa. "No ha resistido las presiones y ha preferido seguir en el bloqueo antes de plantar cara internamente a quien le cuestionaba lo que estaba pasando y por tanto su liderazgo. Es un poco lo que ya pasó con [Pablo] Casado y hoy [por este jueves] con Feijóo", señalaba una ministra.
El PP espera un "gesto" que permita que las aguas vuelvan a su cauce, y Sánchez avisa de que no puede aceptar una exigencia para que el PP acate la Carta Magna
El equipo de Sánchez recalca que no había razón ninguna este 27 de octubre que no hubiera días atrás. "No hay ningún documento, ninguna propuesta registrada... nada sobre la sedición. Ni ningún miembro del Gobierno ha dicho que se vaya a hacer. Y Montero se corrigió a sí misma", "en ningún momento por parte del PSOE y del Gobierno se ha dicho nada distinto a lo que se dijo desde el primer día", que no había mayoría suficiente para modificar el tipo penal, insisten estas dos mismas fuentes. Ambas recuerdan que este mismo martes la número dos del PP, Cuca Gamarra, reconocía que no estaba ligada la negociación del CGPJ con el eventual cambio de la sedición. "Son cuestiones distintas", esgrimía. De modo que si Feijóo ha sucumbido, explican, ha sido por las "presiones" de la derecha mediática y de su propio partido. Y miran a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien recelaba más de un posible pacto Gobierno-PP.
¿Y ahora qué? En el PP indican que la ruptura ha sido una "torpeza" del Gobierno al "mezclar los dos temas [sedición y CGPJ] en el tiempo". Pero en la cúpula de Feijóo creen que aún cabe un arreglo: que el Ejecutivo haga un "mínimo gesto" y advierta de que no cabe hoy la modificación legislativa al no haber mayoría. Pero en el círculo de confianza del jefe del Ejecutivo desconfían: "Seamos serios. El acuerdo estaba prácticamente hecho. No han querido firmarlo por sus presiones internas".
Sánchez anticipó a los periodistas que no puede aceptar que Génova le imponga una exigencia para acatar la Constitución. Y les indicó que si la negociación se ha demorado ha sido porque el PP pidió tiempo para contactar a los posibles candidatos. Para Sánchez, la actitud de Feijóo le produce una enorme decepción por su falta de liderazgo y porque sigue poniendo en cuestión la legitimidad del Gobierno, algo muy grave y antidemocrático, informa EFE.
El desacuerdo deja un CGPJ bloqueado por casi cuatro años y deshecho tras la marcha de Lesmes
Objetivamente, ya parece imposible recoser los jirones rotos. Ambas partes advirtieron, antes de sentarse a hablar, de que esta era la "última oportunidad" que se daban. España está a medio año de unas autonómicas y municipales, a un año de unas generales. A muy poco tiempo, pues, de una batalla cruenta y definitiva. Pero, más allá de la guerra de Gobierno y PP, queda el destrozo. La devastación institucional de un Poder Judicial cuyo mandato venció hace casi cuatro años y que se encuentra totalmente desmadejado tras la dimisión, hace casi tres semanas, de su presidente, Carlos Lesmes. Una situación inédita en cuatro décadas de democracia y que, salvo giro de guion improbable, no se va a revertir hasta pasadas las urnas.
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