La pérdida adquisitiva de los ciudadanos por la inflación derivada de la guerra de Ucrania que ya está llevando a muchas familias a no poder pagar los recibos de la luz o la calefacción, unido a la subida de los tipos de interés que encarecen las hipotecas, traerá consigo difíciles situaciones sociales.

Los colegios de la Abogacía de Madrid y Barcelona, a través de los institutos de investigación jurídica I+D ICAM e I+DRET, presentaron a mediados de este mes una batería de hasta 12 propuestas jurídicas para actualizar y adecuar la legislación a las necesidades y demandas actuales de la sociedad en diversas materias, entre ellas la ocupación ilegal, multirreincidencia, conflictos familiares o acceso a la Justicia.

En relación con la ocupación ilegal de viviendas, que llevan a cabo en ocasiones "colectivos organizados" o "empresas inmobiliarias de lo ajeno", como calificó la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, en una circular del año 2020 en la que instó a los fiscales a pedir a los jueces el desalojo como medida cautelar, los responsables de los institutos jurídicos de innovación animan a los partidos políticos a promover leyes que garanticen dicho desalojo de manera urgente.

Precisamente la semana pasada el PSOE presentó una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los jueces puedan ordenar el desalojo de los 'okupas' en un máximo de 48 horas. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, defendió que no tiene nada que ver con los desahucios y que sólo sería aplicable en los casos de "allanamiento de morada", saliendo así al paso de las críticas de Unidas Podemos que consideran que lo importante es "frenar el precio de la vivienda" y critican que el partido de Pedro Sánchez esté asumiendo "la agenda de la derecha", pues tanto el Partido Popular como PDeCat presentaron propuestas similares previamente.

La admisión de que la ocupación ilegal sea una política social es la negación de un Estado de Derecho

Jorge Navarro, penalista y vocal de la comisión normativa del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), se refiere a la "inoperancia de la Justicia" que facilita las prácticas de la ocupación ilegal en conversación con El Independiente. Repara en que aunque la ley recoja los casos en los que la ocupación es delito y el desalojo sería una medida proporcionada si los jueces la acuerdan, la realidad es que los propietarios no encuentran una respuesta "eficaz ni inmediata" a sus problemas. Las penas simbólicas, de multa económica para quienes cometen estos delitos, también favorecen que se creen grupos delictivos alrededor de la ocupación ilegal. "En ocasiones, los ciudadanos piensan que sale más efectivo pagar al 'okupa' para que se marche", lamenta el letrado.

Javier Orduña, presidente de los institutos de investigación del ICAM y el ICAB y exmagistrado del Tribunal Supremo afirma sobre la ocupación ilegal y el papel del Estado: "La admisión de que la usurpación ilegal sea una política social es la negación de un Estado de Derecho. No cabe plantearse ninguna actitud desde el punto de vista político que sea complaciente con la ilegalidad. Hay que dar solución al problema social de la vivienda social en España pero de una manera legal".

Cláusula 'rebus' y motivos de desheredación

El también catedrático de derecho civil expone en conversación con este diario que "la realidad social ha colocado en primera magnitud el tema de la crisis económica y el cambio de circunstancias" que ésta provocará. En este sentido, defiende la extensión de la cláusula rebus sic stantibus, la referida a que las condiciones de los contratos se pueden modificar teniendo en cuenta la alteración de las circunstancias, como "especialmente idónea para la situación de crisis actual".

"La Unión Europea está actuando bajo la cláusula rebus. Los gobiernos europeos y el gobierno español está sujeto a una cláusula rebus permanente. ¿Cómo es posible que España sea uno de los países que no tenga regulada esta cláusula rebus para los particulares, para las empresas? ¿Cuando lo que persigue en última instancia es una negociación y por lo tanto la conservación de los contratos, de los empleos y de la actividad económica?", invita a reflexionar.

El jurista también propone soluciones para garantizar la defensa de los más vulnerables, como los ancianos, que en situaciones de crisis económica pueden estar en una situación aún más delicada. En este sentido, aboga por una modificación legal para que se admita la desheredación por maltrato psicológico: "Resulta inaudito que tengamos las mismas causas de desheredación que en el código civil de 1804. La realidad social ha cambiado y desgraciadamente la violencia y el maltrato psicológico es una lacra social. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI nuestro Código Civil no se adapte a la realidad social? No podemos desconocer los riesgos y lacras de nuestra sociedad actual, que se acentúan en los momentos de crisis económica. El derecho tiene que adecuarse a estas situaciones sociales y económicas", afirma el experto.

Orduña también propone otros cambios legales como que todos los créditos referenciados al IRPH se ajusten a tipos fijos sin necesidad de que quienes los tengan recurran la cláusula variable ante la Justicia porque "hay familias entrampadas con un índice abusivo y no explicado por las entidades financieras, que han llevado a estas personas a pagar intereses muy altos".