Sedición. Es la "excusa" esgrimida por el PP para levantarse de la mesa y dejar colgada, una vez más, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero lo cierto es que, según defiende el Gobierno, no hay "novedad" sobre esa reforma, ni se ha intercambiado papeles con ERC, ni cree siquiera que sea fácil llegar al ajuste fino con ella. Porque no basta, señalan en la Moncloa, con que los republicanos acepten ahora "homologar" la legislación española al entorno europeo. Habría que encontrar una nueva definición compartida del tipo y acordar una pena, que según quieren los socialistas podría ser de en torno a seis años, alrededor de la mitad de lo que recoge hoy el Código Penal. Y eso no será sencillo de casar, advierten en el equipo del presidente. "El diablo está en los detalles", reconocen las mismas fuentes.

En suma, que Alberto Núñez Feijóo pegó la espantada por una modificación legal que ni siquiera está encarrilada con ERC. Al menos, así lo expresan de manera tajante a El Independiente en el primer anillo de poder de Pedro Sánchez en el Ejecutivo y en el PSOE. Lo que sí está sobre la mesa es la "voluntad", el "compromiso personal" del presidente con un cambio del Código Penal si cuaja una mayoría parlamentaria que lo impulse, recordaba este lunes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Compromiso que lo expresó no en el debate de investidura ante el Congreso, sino apenas unos días después, en enero de 2020, en una entrevista en TVE.

Sánchez ya avisó a ERC de que tiene que asumir que hubo delitos en el 'procés'. Es decir, que no se vaciará el tipo

A partir de entonces, el Ministerio de Justicia, dirigido por Juan Carlos Campo, trabajó en un borrador que rebajaba de forma significativa el castigo para aquellos condenados por sedición. Los artículos 544 y siguientes del Código Penal prevén entre ocho y diez años de prisión para quienes incurran en ese delito, y de 10 a 15 años si "fueran personas constituidas en autoridad". Por eso Oriol Junqueras fue sentenciado a 13 años de prisión, y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a 12, en todos los casos por sedición y malversación. A los condenados únicamente por sedición —como los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull o los Jordis— les cayeron entre 9 y 11 años de cárcel. Las penas son sensiblemente inferiores en países de nuestro entorno —de entre tres y cinco años (hasta ocho en Portugal), pero hasta 10 si hay armas—.

Campo fue destituido en la remodelación del Ejecutivo acometida por Sánchez en julio de 2021. Fue relevado por Pilar Llop. En la Moncloa asumen el trabajo desempeñado por el exministro como punto de partida, pero no de llegada. "No tiene por qué ser la mitad de la pena actual, la media europea está por debajo de esa mitad. Habrá que verlo. Cambió el ministro, cambió su departamento... Hay que hablar con penalistas que sepan de este asunto. Pero es que no estamos aún en ese debate. Eso es lo lamentable de este tema —protestan fuentes gubernamentales próximas al presidente—, que una no noticia ha acabado sirviendo de excusa al PP, porque por nuestra parte no hay novedad".

No está decidido, por tanto, si se impulsará la reforma. Tampoco cuándo, aunque en la cúpula del Gobierno y del PSOE se prefiera "cuanto antes", ya que se admite que la ventana de oportunidad se irá estrechando conforme se acerquen las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Pero ya en la Moncloa advierten de que, de zambullirse en ese debate, no será sencillo acercar posturas con ERC. Ese "ajuste" es "lo que más costará", señalan. Porque, como dijo Sánchez a los periodistas el miércoles pasado, durante su gira por África, antes de que saltara por los aires el acuerdo con el PP, ERC tiene que asumir que durante el procés hubo "delitos". Es decir, que no se vaciará el tipo penal ni se dejará un castigo testimonial. Esa es la razón por la que el Gobierno insiste en que no tiene una "mayoría parlamentaria suficiente" para sacar adelante la modificación del Código Penal. Y si no la amarra —se requiere de mayoría absoluta, al tratarse de una ley orgánica—, no la llevará a las Cortes.

"El demonio está en los detalles", "no son temas menores", aseguran fuentes tanto del Ejecutivo como de Ferraz. Y no solo es cuestión de fijar un nuevo castigo, sino también de perimetrar el delito: ERC, por ejemplo, cree que el tipo penal ha de incluir un uso explícito de la violencia a través de las armas, cosa que no ocurrió en el procés. El Ejecutivo, a su vez, barajaba compensar la rebaja de la sedición con el agravamiento de otros delitos como la rebelión.

Papel central de Marta Rovira

Que la pena por sedición se rebajara no garantizaría a ninguno de los perseguidos por la Justicia que no pasara por la cárcel en caso de regresar a España. Con una condena de seis años —si esa fuera la pena—, Marta Rovira, secretaria general de ERC, podría tener que ingresar en prisión, y con mayor razón aún el expresident Carles Puigdemont. La dos de Junqueras huyó a Suiza en marzo de 2018, justo cuando el juez del Supremo Pablo Llarena iba a notificarle su procesamiento por rebelión, que conlleva una pena por 30 años de cárcel. El TS condenó a los líderes del procés por sedición, pero solo una rebaja muy sustancial del tipo podría librar a Rovira de quedar un tiempo encerrada. Nunca se dictó una orden internacional de entrega contra ella, pero si pisara suelo español sería arrestada de inmediato. La modificación del tipo podría quizá evitar la prisión preventiva, a la espera del juicio y la sentencia, pero a fin de cuentas todo dependería de cómo quede la definición del delito y de la interpretación de los jueces.

No hay novedad ni prisa", sentencian en el Gobierno y en Ferraz. La estrategia es no mover ficha para que todo el foco se sitúe en el PP

En el Gobierno reconocen que el debate de la sedición se ha reverdecido "en el peor momento", cuando estaba abierta la negociación con el PP por el CGPJ. Y fue responsabilidad de ERC, señalan, porque citó inicialmente la reforma como condición para los Presupuestos. Pero "no hay intercambio de documentos ni nada, está todo muy verde". En el equipo de Sánchez sí admiten que, gracias a la discusión pública de los últimos días, "el debate sí está abonado ya". "Y puede ocurrir como con los indultos", que al final el Ejecutivo, según su análisis, consiguió imponer su marco, la utilidad de la medida de gracia para desinflamar Cataluña. "No hay mal que por bien no venga", diagnostican.

Pero "no hay novedad ni prisa", dicen en Ferraz. "El PP está esperando que impulsemos la modificación para ver justificada su excusa. Pero no, toda la paciencia del mundo ahora. De momento, quietos", añaden. "La sedición no está en el horizonte", completa otra fuente del cuartel general socialista.

La estrategia del Gobierno y del partido es, de hecho, no mover ficha para que "el PP se cueza en su salsa" y sufra "su barullo interno". Aumentar la presión hacia los conservadores, sumidos en una "crisis de liderazgo", con la esperanza de que "reflexionen". "No podemos dar por perdido al PP en pactos de Estado", remarcan en la dirección del partido.

El PP tampoco puede hacer oídos sordos a la presión europea, que es clave", asegura una ministra

Por esa razón el lunes la portavoz del Ejecutivo no cerró la puerta por completo a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar las mayorías necesarias para elegir a los 12 vocales del turno judicial del CGPJ. El Gobierno no se plantea por ahora recuperar la iniciativa, como sí le demanda Unidas Podemos, pero quiere volcar toda la presión sobre Feijóo y que se le exijan cuentas a él. "La idea es no cerrarnos a ninguna opción. Tiene que saberse que esa posibilidad existe. El PP quizá no entre en razón, pero tampoco puede hacer oídos sordos a la presión europea, que es clave", asegura una ministra a este periódico. "Para dar un golpe en la mesa, hay tiempo. No requiere que se haga mañana. Pero ahora quien debe hablar es el PP", remachan en Ferraz. Los socialistas no quieren tomar la iniciativa en esto. Tampoco en el cambio de la sedición.