"Parrilla, parrilla". Es como un ministro resume la estrategia que está desplegando el Gobierno después de que el PP rompiera las negociaciones para culminar el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Parrilla" para Alberto Núñez Feijóo. O sea, presión y más presión, porque no se puede "naturalizar" el "incumplimiento de la Constitución". Entretanto, el Ejecutivo no desvelará ni lanzará su plan b. Porque además pretende que se deslíe otra madeja muy relevante y conectada: la del relevo en el Tribunal Constitucional. Espera que el actual órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace casi cuatro años, ahora sí nombre a los dos magistrados que le corresponden para el TC. Esos dos miembros, más los otros dos que designe el Ejecutivo, cambiarán el signo del Alto Tribunal: pasará de tener mayoría conservadora a mayoría progresista. Un vuelco clave para la Moncloa, dado que están pendientes sentencias sobre leyes sociales de este mandato y del de José Luis Rodríguez Zapatero, como las de eutanasia, la reforma educativa o la del aborto.

El CGPJ, tras la dimisión de Carlos Lesmes, estaba preparando casi las maletas al abrirse las conversaciones entre Gobierno y PP. Los vocales —solo quedan 18 de los 21 iniciales— decidieron dejar en suspenso la elección de los dos jueces para el TC porque se vislumbraba pacto y la lógica mandaba que el nuevo Poder Judicial procediera a hacer esos dos nombramientos. Pero el estallido del acuerdo hizo cambiar los planes y la pelota vuelve a estar en el mismo tejado. Los socialistas impulsaron una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en julio por la que devolvían al órgano de gobierno de los jueces la capacidad para hacer designaciones, pero única y exclusivamente la de los dos magistrados para el TC. La norma daba de plazo al CGPJ hasta el pasado 13 de septiembre, tres meses después de que venciera el mandato del tercio del Constitucional que ahora debe renovarse. Plazo que ha sido incumplido.

El CGPJ "debe tomar una decisión y desbloquear esos nombramientos", señalan en la Moncloa

Los vocales conservadores, que habían estado boicoteando la elección de esos dos jueces, ahora se abren a pactar con el bloque progresista. Eso es lo que acordaron en la noche de este miércoles: consideran "imprescindible" reactivar los contactos para elegir a un candidato conservador y otro progresista. También llamaron al Gobierno (sin condicionar el diálogo) a revertir la reforma de 2021 que les impide proponer sustitutos para otras plazas (en el Tribunal Supremo o en los Tribunales Superiores de Justicia). Fuentes de la Moncloa esperan que ese acercamiento entre los dos sectores sí prospere esta vez. El CGPJ "debe tomar una decisión y desbloquear esos nombramientos", indicaban este miércoles en el Congreso fuentes del Ejecutivo.

Si finalmente cuaja el consenso en el seno del actual Poder Judicial —que preside de manera interina Rafael Mozo—, el Gobierno nombrará a sus dos magistrados. La renovación cambiará el color del TC: la mayoría progresista será de siete a cinco, ya que en este relevo entrarán tres cercanos a la izquierda (los dos promovidos por el Ejecutivo y el aprobado por el CGPJ) y uno a la derecha (el segundo aupado por los vocales). Saldrán, en cambio, tres conservadores —entre ellos, el presidente de la institución, Pedro González-Trevijano, nombrado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy— y un progresista (el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, designado en 2013 por el CGPJ).

Allanar el camino

El Gobierno ha venido defendiendo que podría proceder a la cobertura de dos de las vacantes del TC sin que los vocales hiciesen su trabajo, pero ha evitado dar ese paso, consciente de que podría ser arriesgado. El artículo 159 de la Constitución señala que el Alto Tribunal se compone de 12 miembros y se renueva por tercios cada tres. Además, los magistrados que se incorporen han de recibir el visto bueno previo de sus compañeros, porque así lo dice el artículo 10 de la ley orgánica que regula el funcionamiento del TC: el pleno se encarga "de la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrado del Tribunal Constitucional". Y cabía la opción de que no admitieran a los dos postulados por el Ejecutivo al entender que no se ha completado la renovación por tercios. Que el CGPJ mueva ficha facilita las cosas a la Moncloa y allana decisivamente el camino.

El Gobierno vuelve a la casilla de salida. Porque con el relevo en el TC se producirá un vuelco: de mayoría conservadora a progresista

En realidad, culminar el relevo en el TC era el propósito que tenía el Ejecutivo en los últimos meses, a la vista de que el acuerdo con el PP para el CGPJ se tornaba imposible. La dimisión de Lesmes a las puertas del 12-O propició la aproximación de Gobierno y PP, pero al estallar los puentes otra vez la renovación del Alto Tribunal se torna prioritaria. El TC tiene que decidir sobre cuestiones capitales como el aborto, la reforma educativa (la llamada ley Celaá), el derecho a la eutanasia o la citada ley que impulsaron PSOE y Unidas Podemos que priva de sus funciones a un CGPJ con el mandato caducado. Y tendrá sobre su mesa, muy probablemente, recursos de la derecha contra otras normas importantes, como la Ley Trans, si es que esta concluye su trámite.

El frente del Constitucional puede acabar despejándose, pero no así el del CGPJ. Los populares no dan su brazo a torcer. Pero el Ejecutivo está determinado a no levantar el pistón de la presión sobre Génova y Feijóo. Este miércoles, durante la sesión de control en la Cámara baja, Sánchez y sus ministros conminaron al PP a cumplir con la Carta Magna, del mismo modo que los diputados conservadores asaeteaban al presidente y los ministros por los contactos que "gente del PSOE" pudo mantener con Carles Puigdemont, según escribió el expresident de la Generalitat en redes sociales.

Desde la Moncloa indican que seguirán siendo "contundentes" con la exigencia de que el PP acate la Ley Fundamental. "Que siga Feijóo en la parrilla unos días más", en palabras de un ministro a El Independiente. "¡Si hasta [Jair] Bolsonaro [el presidente de Brasil] dice que va a cumplir la Constitución!" para dejar paso a Lula, exclaman en el Ejecutivo. La orden es, por tanto, asfixiar al PP y no entrar en sus descalificaciones ni en responder a sus dardos por Puigdemont. A los socialistas les irrita que Génova utilice como "argumento de autoridad" a un prófugo de la Justicia.

El PP, falto de "proyecto" y de "liderazgo"

Sánchez no se moverá por el momento. Pero lo que este miércoles sí dejaba claro su equipo es que no rescatará la iniciativa [aquí en PDF] que permitía que los 12 vocales del turno judicial del CGPJ fueran elegidos por mayoría absoluta y no de tres quintos. Esto es, sin el PP. El lunes, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, no cerró esa puerta, aunque la dejaba abierta por el afán de presionar a Feijóo. Fuentes de la Moncloa precisaron este 2 de noviembre, sin embargo, que el Gobierno no está en retomar esa proposición de ley por ahora. La propuesta recibió fuertes críticas de Bruselas y finalmente fue retirada en abril de 2021.

En el equipo de Sánchez señalan a los sondeos que dibujan que el 'efecto Feijóo' se diluye

Los socios de Unidas Podemos sí piden que se repesque. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha advertido de que solo caben dos opciones: o cambiar las mayorías o "permitir que se consume el golpe blando del PP", informa EFE.

Para el equipo de Sánchez, que el PP recurra a Puigdemont o se escude en la reforma del delito de sedición —aún ni negociada y de la que no hay "novedades"— se debe a su falta de proyecto y también de "liderazgo". Además, apuntan a las encuestas, que van confirmando que el efecto Feijóo se desinfla. Este miércoles se sumó la de Sigma Dos para El Mundo: los conservadores ganarían hoy las generales, aunque bajan respecto al sondeo anterior y los socialistas acortarían distancias.