El secretario general de la delegación del Gobierno en Ceuta, Ismael Kasrou, afirmó este miércoles durante su declaración como testigo ante la jueza que investiga la devolución de 55 menores a Marruecos sin seguir los pasos que marca la Ley de Extranjería que la institución entendió las comunicaciones que intercambió con el Ministerio del Interior como "órdenes e instrucciones".

Kasrou ha declarado como testigo en el procedimiento del Juzgado de Instrucción 2 en el que se investiga por presunto delito de prevaricación a la vicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu, y a la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma destituida por el Consejo de Ministros hace tres días, Salvadora Mateos.

Mateos ha declarado en dos ocasiones en el procedimiento. La primera, ante la Fiscalía, hace ahora un año y la segunda, ante la jueza instructora, en diciembre de 2021. En ambos casos sostuvo que el proceso por el que se repatriaría a los menores fue un "pacto" entre Madrid y Rabat y que varios ministerios (Interior, Justicia o Exteriores), así como el gabinete de la Presidencia -al frente del que se encontraba entonces Iván Redondo- lo coordinaron con la Delegación de Ceuta y con el Gobierno de la ciudad autónoma. Mateos defendió en sus declaraciones que "hicimos lo que teníamos que hacer".

Los jóvenes entraron en nuestro país en el salto masivo de los pasados 17 y 18 de mayo cuando más de 10.000 personas, entre ellas un millar de menores, lograron cruzar la valla en plena crisis diplomática entre España y Marruecos por la atención médica que nuestro país dio al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, considerado uno de los principales enemigos del rey de Marruecos.

Alerta de la responsable de menores de Ceuta

Tanto la responsable del Área de Menores de Ceuta, Toñi Palomo Fernández, como las ONG que atienden a los menores en la ciudad alertaron a la Fiscalía y a las autoridades de que el procedimiento creado para repatriar en un principio hasta a 145 menores no respetaba la ley de Extranjería y vulneraba sus derechos. Un juzgado contencioso-administrativo de la ciudad paralizó de manera cautelar las devoluciones tras las denuncias de las ONG Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces. Aún así, se practicaron hasta 55.

El pasado junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respaldó la medida cautelar, descartando el recurso presentado por las autoridades de la ciudad autónoma y de la Delegación del Gobierno. Los jueces consideraron que el proceso de devolución de los menores estuvo exento de «las mínimas garantías legales» y se les puso en una situación de riesgo para su integridad física y moral, así como que el acuerdo bilateral al que se recurrió «no desplazaba la legislación nacional e internacional sobre menores extranjeros (MENAS)», como alertaron las asociaciones denunciantes.

Las comunicaciones se cumplieron como tal

Este miércoles, en el procedimiento penal que se sigue contra las responsables de Ceuta, el secretario general de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma se refirió a las comunicaciones intercambiadas con la Secretaría de Estado de Seguridad al frente de la que se encuentra Rafael Pérez y confirmó que aunque los correos no llevaran su firma, la Delegación del Gobierno las entendió como "órdenes e instrucciones" y fueron cumplidas como tal.

Para la acusación popular de la causa ejercida por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, "las afirmaciones en Sala evidencian que el Ministerio del Interior y su secretario de Estado son partícipes y cooperadores necesarios en este proceso, así como los autores intelectuales de todo el procedimiento, por lo que se entiende necesario que acudan, como mínimo, como testigos".