El dirigente y diputado de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, ha denominado a la Familia Real de "usurpadores" por tener ocupado el Palacio de Marivent, situado en Palma de Mallorca, y ha solicitado que se anule la cesión de este espacio, acordada en 1973 por la Diputación de la isla, y el edificio se convierta en un museo. "Claro que hay casos de jetas, hay jetas muy jetas que ocupan palacios para que su familia pase el veraneo con la Familia Real griega que apoyó la Dictadura de los Coroneles", ha dicho desde la tribuna de oradores durante el debate de una moción del PP sobre la okupación.

En esa línea, Mayoral ha advertido a la Familia Real. "Miren Meirás, porque Marivent será lo siguiente y se abrirá un museo del que podrá disfrutar nuestro pueblo frente a los usurpadores", ha dicho, aludiendo al pazo del que disfrutaba la familia Franco durante sus vacaciones en Galicia. Además, el diputado de Unidas Podemos ha cargado contra el PP por su moción y por la política de vivienda que desarrolló desde el Gobierno. "Mano dura con los débiles y siempre débiles con los fuertes", ha denunciado, recriminándoles con la "hipocresía" con que, a su juicio, se conducen en este tema.

Como Mayoral, la diputada socialista Uxía Tizón ha descalificado la moción de los populares en la que, entre otras cosas, plantean fijar un plazo máximo de 24 horas para los desalojos de inmuebles okupados. Tizón ha tachado de "oportunista" al PP por plantear rebajar es plazo justo después de que el PSOE propusiera uno de 48 horas. "No vamos a entrar al trapo del populismo y la demagogia", ha enfatizado la diputada socialista, acusando al PP de pretender "confundir" a la gente equiparando los desalojos por allanamiento o usurpación con los desahucios por impago". "Desconocimiento o mala fe", ha apostillado, haciendo uso de una coletilla ya frecuente contra el PP de Feijóo.

Tizón respondía así a la 'popular' Ana María Zurita quien ha acusado al PSOE de actuar con "incoherencia máxima" por haber planteado que se pueda desalojar a los 'okupas' en un máximo de 48 horas después de haber, a su juicio, "legalizado la okupación" mediante el decreto ley que suspende hasta el 31 de diciembre los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables.

Ciudadanos y Vox, de lado de la moción del PP

De su lado, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha incidido en que en España hay un "vacío legal" y ha abogado por subir las penas, diferenciando si hay violencia o no, si los ocupas pertenecen o no a una organización criminal o si se ocupa para cometer otros delitos. Ciudadanos considera insuficiente la moción del PP pero ha anunciado su apoyo como un primer paso. La diputada de Vox Cristina Esteban Calonje ha denunciado que la Policía no puede actuar ante este fenómeno porque carece de un marco jurídico adecuado para hacerlo y que por eso han surgido empresas como 'Desokupa' y se han montado patrullas vecinales para proteger las viviendas, lo que, ha avisado, puede propiciar que esto "termine como el salvaje oeste".

Esteban ha acusado al PP de no haber hecho suficiente contra este fenómeno cuando gobernaba y le ha pedido que "ya que ahora copian a Vox" exijan también medidas contra la "inquiocupación". También el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha exigido que se actúen contra los inquilinos que dejan de pagar el alquiler, pero se quedan en los pisos.

Buscar acuerdos

El PNV se abstendrá ante la moción del PP, según ha adelantado Mikel Legarda, quien ha emplazado a los grupos a buscar un acuerdo que permita reforzar la regulación sobre este asunto. También ha hecho hincapié en este punto el diputado del PDeCAT Genís Boadella, cuyo grupo sí apoyará el texto de los 'populares'. Por su parte, Josep Pagès, de Junts, tras recordar que Cataluña concentra el 42% de las ocupaciones, ha anunciado que su formación presentará una proposición de ley en la que, entre otras cosas, plantea que se den 48 horas de plazo para los desalojos en "ocupaciones delincuenciales".

Por contra, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha defendido que la ley vigente es suficientemente "garantista" y ha rechazado las propuestas "electoralistas o alarmistas" del PP.