Las políticas de igualdad llevan tensionando la coalición gubernamental desde el arranque de legislatura. Es una materia de enorme carga simbólica para la izquierda y cuya tutela, de hecho, ya enfrentó a PSOE y Unidas Podemos antes de la investidura fallida de Pedro Sánchez en 2019. Ahora, cuando queda un año para las siguientes generales y apenas seis meses para las autonómicas y municipales, la batalla se ha recrudecido y tiene como eje la Ley Trans. No solo, porque la abolición de la prostitución, compromiso firme de los socialistas con su electorado, también mantiene las espadas en alto.

Ambas cuestiones continúan abiertas en este final de 2022. La intención de Ferraz es que las dos leyes culminen su trámite en el Congreso, para encaminarse hacia el Senado, "a últimos de diciembre". La más delicada es la Ley Trans, con la que, a ojos de la dirección del partido, la ministra Irene Montero y Unidas Podemos han intentado arrinconar al PSOE, como entienden que ocurrió anteriormente con la ley del sí es sí. En la segunda iniciativa, la que pondrá fin al proxenetismo, los socialistas esperan recabar al menos el apoyo de los populares, como sucedió en la toma en consideración, y que se sumen los morados o, al menos, una parte de ellos. Acabar con la prostitución es un objetivo que divide a Unidas Podemos, del mismo modo que la autodeterminación de género fractura al PSOE.

Parece que la estrategia que sigue Igualdad es la de aislarnos, pero no se dan cuenta de que la democracia no va de número de grupos, sino de número de escaños", esgrimen en Ferraz

En Ferraz ha irritado mucho la posición fijada por Montero. La culpan, primero, de haber envenenado el debate, de haber deslizado que los socialistas querían "retrasar sine díe la tramitación de la Ley Trans, cuando no es cierto", y de haber empujado por ello a Carla Antonelli, la primera parlamentaria transexual de España, a romper su carné de militante. Y le reprochan que no admita cambios en una norma impulsada desde su departamento, ya que la ministra ha recalcado que no admitirá "retrocesos" porque no los toleraría el colectivo LGTBI, que anhela ver reconocidos sus derechos cuanto antes.

El último desencuentro se desencadenó esta semana, cuando Unidas Podemos y otros nueve pequeños partidos —ERC (13 escaños), PNV (6), Bildu (5), JxCAT (4), PDeCAT (4), Más País (2), Coalición Canaria (2), Compromís (1) y BNG (1)—, la mayoría de ellos socios del Ejecutivo, aunque no solo, presentaron 11 enmiendas conjuntas a la Ley Trans, con las que pedían ir un paso más allá del proyecto de ley y con las que lanzaban el mensaje de que no compartían la orientación que el PSOE quería imprimir al texto. El socio mayoritario del Gobierno había registrado sus propias 37 propuestas de modificación, en las que aumentaba el control del cambio registral de sexo para los menores, endurecía la reversibilidad y eliminaba las referencias a la "violencia intragénero".

"Parece que la estrategia que sigue Igualdad es la de pretender aislarnos —sancionaban este jueves fuentes de la cúpula del PSOE a El Independiente—, pero no se dan cuenta de que la democracia no va de número de grupos, sino de número de escaños". Con estas palabras, en Ferraz querían hacer valer el peso de sus 120 diputados frente a los apenas 71 que suman Unidas Podemos (33 actualmente, por la vacante no cubierta de Alberto Rodríguez y la salida de Meri Pita al Mixto) y las nueve pequeñas formaciones que les acompañaron en el registro el miércoles. "Y no se dan cuenta de que sin el PSOE no sale la ley de ninguna manera", añadían, porque la derecha de PP, Vox y Ciudadanos es contraria radicalmente a la norma.

"Blindar" el texto frente a la derecha

De este modo, la posición de partida del PSOE, rubricada por la dirección, es "defender" sus enmiendas (no las retirarán, por tanto) y transaccionarlas para "mejorar" la norma y conferirle una "mayor seguridad jurídica", dado que el texto ha de quedar "blindado" frente a un más que posible recurso de la derecha ante el Tribunal Constitucional. El punto más controvertido es el que afecta a la autodeterminación de género en menores. El PSOE está de acuerdo con que los mayores de 16 años puedan solicitar el cambio registral de sexo por sí mismos y lo obtengan a través de una doble comparecencia, pero quiere fijar un control más para los que tienen menos edad. Pide que para los mayores de 12 y menores de 16 se requiera una autorización judicial. La redacción que salió del Consejo de Ministros, el pasado verano [aquí en PDF], señala que el aval del juez sea necesario para la franja de 12 a 14 años, pero para los que están entre 14 y 16 bastaría con el consentimiento de los padres o tutores y, en caso de desacuerdo, con el plácet de un defensor judicial. Montero reclamó al PSOE que retire sus enmiendas porque afectan al "corazón" de la norma.

En la cúpula afirman que se sentarán a hablar con todos los grupos de la Ley Trans para negociar sus enmiendas

Los socialistas defienden que sus propuestas están "muy pensadas" y que sí las comprenden sectores del colectivo LGTBI, y subrayan que en todo caso la ministra no puede pretender que no haya siquiera "negociación". "Nosotros vamos a hablar con todo aquel que quiera sentarse con nosotros", indican desde la Secretaría de Igualdad, que dirige la diputada leonesa Andrea Fernández, que pilotará las conversaciones con los grupos junto a su compañera jiennense Laura Berja, portavoz del ramo en la Cámara baja.

El PSOE, no obstante, puede perder su pulso con UP. Porque si no encuentra apoyos a sus enmiendas, tendrá que decidir si renuncia a ellas o bloquea la norma. Ya se encontró con ese dilema cuando se tramitó la ley del solo sí es sí, la que sitúa en el centro de las relaciones sexuales el consentimiento de las mujeres y la que reconoce todas las agresiones como violencias machistas. En el último paso antes del pleno, en la Comisión de Igualdad, decidió mantener vivas sus enmiendas, con las que que buscaban perseguir el proxenetismo y la tercería locativa. Al final, el PSOE tuvo que retirarlas porque los socios habituales del Ejecutivo amagaron con votar en contra del dictamen si salían adelante las enmiendas abolicionistas que, para prosperar, tenían que ser apoyadas por el PP. "Pero cedimos porque vimos que estaba la posibilidad de desgajar el castigo del proxenetismo y sacarlo a otra iniciativa", recuerdan en Ferraz.

Varias mujeres sostienen pancartas durante una protesta, frente al Congreso de los Diputados, el pasado 4 de octubre de 2022, en Madrid. EUROPA PRESS / A. PÉREZ MECA

Y eso hizo la dirección: presentó una proposición de ley [aquí en PDF] para acabar con la prostitución. La iniciativa fue tomada en consideración por el pleno del Congreso en junio por 232 votos a favor (los de PSOE, PP, 26 diputados de UP, BNG y Teruel Existe), 38 en contra (los 7 comunes, ERC, Ciudadanos, Más País, Compromís, JxCAT, CUP, PRC, Meri Pita y un ex de los naranjas) y 69 abstenciones (Vox, PDeCAT, Equo, PNV, Bildu, los dos tránsfugas de UPN y Foro). Es decir, que los morados se partieron entre los que respaldaban al PSOE y los que rechazaban radicalmente la proposición. En septiembre, se rechazó la enmienda de totalidad de la CUP y el pasado 19 de octubre se acabó el plazo de presentación de las enmiendas parciales.

Su situación parlamentaria está acompasada ahora con la de la Ley Trans, ya que este pasado miércoles se cerró la ventanilla para que los grupos registraran sus propuestas de cambio. Ahora ambas pasan al trabajo en ponencia y comisión. Según indica la cúpula del PSOE, la intención es que ambas puedan llegar al pleno del Congreso, para la aprobación del dictamen, a últimos de año. De este modo, el Senado las estudiaría en un pleno extraordinario en enero o a partir de febrero, cuando arranque el nuevo periodo de sesiones y, si no hubiera modificaciones, ambas normas irían al BOE. Si en la Cámara alta se introdujeran cambios, volverían los proyectos al Congreso para su aprobación definitiva.

Las tensiones internas en el PSOE y en UP

Montero quería que la Ley Trans quedara lista para finales de este año, un calendario que hoy se ve imposible para los socialistas, que recuerdan que la Comisión de Igualdad tiene que discutir y validar primero la nueva ley del aborto. La proposición para el fin de la prostitución será debatida en otro órgano antes de aterrizar al pleno, en la Comisión de Justicia.

El PSOE espera que una parte de UP (no los comunes pero sí al menos IU) apoye el fin de la prostitución

En esta última, el PSOE espera que el PP mantenga su apoyo, como ya hizo, subrayan, en la toma en consideración y en el rechazo a la enmienda de totalidad de la CUP. "Y esperamos poder sentarnos con la ministra para hablar de ellas. Sí nos gustaría que Unidas Podemos, o al menos parte de ellos, nos apoyara en nuestra proposición para prohibir el proxenetismo en todas sus formas", apuntan en el puente de mando del partido.

Los comunes son regulacionistas, partidarios no de acabar con la prostitución, sino de regularla —postura que comparten con matices los demás grupos catalanes, y también los nacionalistas e independentistas vascos—, pero Montero sí se ha declarado abolicionista. También lo ha sido siempre Izquierda Unida, el socio menor del grupo. En mayo, cuando el PSOE se vio obligado a desistir de sus enmiendas de penalización del proxenetismo, su entonces vicesecretaria general, Adriana Lastra, retó a la ministra y a su grupo a decir claramente si apoyan o no el fin de la explotación sexual de las mujeres. El PSOE, abolicionista sin fisuras, se comprometió en su último congreso federal, en octubre de 2020, a legislar para acabar con la prostitución en esta legislatura. Promesa que rubricó el presidente en primera persona. De ahí que esta iniciativa no sea menor para ellos.

Sánchez también recalcó hace una semana que habrá Ley Trans. Una vez controlado, al menos por ahora, el fuego interno —la norma ha generado enormes tensiones entre las feministas históricas y el sector LGTBI—, se dispone a defender sus enmiendas frente a UP y al resto de grupos. Pero no lo tendrá fácil. Y el peligro es que la discrepancias acaben atascando el proyecto y demorando su tramitación. La legislatura se acaba y en breve los partidos se pondrán en modo campaña.