Es un goteo que no ha parado desde que comenzó. Con el actual Ejecutivo la situación del colectivo de presos ha cambiado de modo radical desde que accedió al poder en 2018. Aquel verano se inició el proceso de desmantelamiento de la política de dispersión de los presos de ETA activada en 1989 por Felipe González y se aceleraron los procesos de grado. Ahora el Gobierno vasco ha continuado con esa inercia y en apenas nueve meses ha concedido 29 terceros grados a presos de ETA.

Es parte de su competencia desde que en octubre del año pasado asumió la gestión de prisiones. En este tiempo el Ejecutivo vasco, en base a los informes de la Junta de Tratamiento, ha autorizado que casi una treintena de presos puedan salir de prisión en tercer grado. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha considerado que sólo en ocho casos la decisión estaba suficientemente justificada, no así en 21 de ellos. En todos estos casos interpuso recurso y por el momento en los casos que han resuelto la Audiencia Nacional, cinco, le ha dado la razón y los terceros grados han sido revocados.

En lista, esperan otros 16 terceros grados concedidos de otros tantos presos de ETA que podrían ser anulados y obligar a los presos afectados a su reingreso en prisión para continuar el cumplimiento de la condena en segundo grado.

Estas resoluciones de la AN suponen un duro revés para la Administración Penitenciaria dependiente del Gobierno vasco. En febrero de este año se concedieron las primeras progresiones de grado a presos de ETA. Sólo ese mes siete presos de ETA obtuvieron el tercer grado, algunos de los cuales esperan ahora la resolución de la Audiencia Nacional al recurso presentado por la Fiscalía. Por el momento son cinco los presos de la banda que han tenido que regresar a prisión tras habérseles revocado el régimen de semilibertad inicialmente concedido: Gorka Martínez Ahedo, José Ignacio Bilbao, Xabier Atristrain, Aitor Esnaola y Mikel San Argimiro.

Permisos previos, perdón y responsabilidad civil

Entre las razones en las que se ha basado la Justicia para admitir el recurso del Ministerio Fiscal y revocar los terceros grados figuran no sólo no haber acreditado suficientemente la petición de perdón a las víctimas, sino aspectos como haber accedido al tercer grado sin antes haber superado el periodo de permisos periódicos con los que acreditar que el interno está preparado para dar el salto al régimen de semilibertad. Otro de los aspectos esgrimidos hace referencia al insuficiente compromiso o voluntad con el cumplimiento de las obligaciones de condena por responsabilidad civil impuesta a los reclusos.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ya estableció que previa a la concesión del tercer grado un preso debía transitar por una fase previa en forma de permisos que demostrarán que se encontraba en condiciones de acceder a un régimen de mayor libertad.

Una de las razones en las que se han basado las revocaciones son la presentación de cartas genéricas en las que se expresaría el perdón a las víctimas y que en la Audiencia Nacional se consideran insuficientes al tratarse de documentos tipo en los que el preso manifiesta su perdón “de forma general y sin profundizar en los hechos", lo que unido a una falta de expresión de petición de perdón clara a las víctimas impediría el acceso a un tercer grado.

Criterios "técnicos y jurídicos"

Desde el Gobierno vasco se ha defendido el modo en el que se están concediendo estos terceros grados señalando que se otorgan siguiendo criterios “técnicos y jurídicos” y con total “profesionalidad”. Precisamente la apuesta por acelerar y facilitar el acceso a fórmulas que reduzcan la privación de libertad en favor de vías de semilibertad es una de las señas de identidad que las autoridades vascas quieren imprimir a su política penitenciaria en aras a procedimientos que mejoren los niveles de reinserción y resocialización.

Actualmente en las cárceles vascas cumplen condena 114 presos de la banda terrorista, de los 179 que aún están en prisión. La mayor parte de ellos cumple condena en la prisión de Zaballa (Álava), seguida de los 28 que lo hacen en la cárcel de Martutene (Gipuzkoa) y los 22 en la de Basauri (Bizkaia). En el resto de cárceles españolas cumplen condena una treintena de presos, a los que se suman 19 que lo hacen en sus domicilios por estar enfermos y dos en centros médicos. Finalmente, en prisiones francesas están presos una docena de militantes de la banda.