El Gobierno no dará marcha atrás en su propósito de implantar un impuesto temporal y extraordinario a las entidades financieras. No lo hará pese a las advertencias del Banco Central Europeo (BCE), que pide al Ejecutivo español que haga un "análisis exhaustivo" antes de aprobar el gravamen por si puede afectar a la concesión de créditos. El Gabinete de coalición agradece el informe y el consejo del Eurobanco, pero "continúa" con su hoja de ruta. La que tenía prevista, porque considera que el sector financiero ha de "arrimar el hombro" precisamente en un momento en el que están obteniendo cuantiosos dividendos por la subida del precio del dinero.

Pedro Sánchez respondía así a las preguntas de los periodistas al término de la XXXIII Cumbre Hispano-Lusa, que se celebró este viernes en la localidad portuguesa de Viana do Castelo, con un prólogo previo en Braga para que él y el primer ministro del país vecino, el socialista António Costa, visitaran el Laboratorio Ibérico de Nanotecnología. Del encuentro entre los dos gobiernos participaron, además de sus líderes, nueve ministros por país, y se firmaron 11 memorandos. El presidente, durante la rueda de prensa, también manifestó su "total respaldo" al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en plena ofensiva de la oposición por la gestión de Ejecutivo en la tragedia de la valla de Melilla. Apoyo, por cierto, que el ministro agradeció.

A la luz de los datos que hemos conocido de los dividendos que está obteniendo el sector financiero por el endurecimiento de la política monetaria, está justificado que arrimen el hombro un poquito"

PEDRO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL GOBIERNO

"Evidentemente, tomamos nota, estudiaremos el informe, pero el Gobierno de España continúa con su hoja de crear este importante impuesto, sobre todo porque a la luz de los datos que hemos conocido de los dividendos que está obteniendo el sector financiero como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria, está justificado que arrimen el hombro un poquito durante estos tiempos tan difíciles que están atravesando los españoles", sostuvo Sánchez durante su comparecencia cuando fue preguntado por el documento que ayer jueves hizo público el BCE, justo cuando el Congreso debatía la enmienda de totalidad de Ciudadanos a la proposición de ley que creará los gravámenes temporales a la banca y a las empresas energéticas. Antes, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, habían adelantado que los planes seguían adelante.

Pero Sánchez también se refirió irónicamente a las palabras de este mismo viernes de Luis de Guindos, vicepresidente del Eurobanco y ministro de Economía con Mariano Rajoy en la Moncloa. Este aseguró que la opinión de la institución sobre el impuesto español a los bancos, como todas las que emite, pretende "ayudar a los gobiernos", y luego estos pueden atender o no sus recomendaciones. "Guindos dijo que él solo quiere ayudar. Guindos, que es bien conocido por la política española, porque fue ministro de Economía del PP, artífice del rescate al sector financiero, que decía que no iba a costar un céntimo de euro al conjunto de la sociedad española y que previamente fue responsable de un gran banco, Lehman Brothers [quebrado en 2008 y desencadenante de la crisis financiera internacional que estalló aquel año], hoy vicepresidente del BCE. Yo agradezco sin duda alguna las ganas de ayudar del señor De Guindos". El presidente venía a decir que su opinión, la del exministro, no era nada inocente ni incluso cualificada. Todo un reproche cubierto de ironía.

Foto de familia de la XXXIII Cumbre Hispano-Lusa, presidida por Pedro Sánchez y António Costa, este 4 de noviembre de 2022 en Viana do Castelo, Portugal. EFE / EPA / ESTELA SILVA

El BCE, en su informe conocido el jueves, también señalaba la importancia de que el nuevo impuesto pueda repercutirse a los clientes. Preguntado sobre cómo va a garantizar el Ejecutivo que no se trasladará el nuevo gravamen a los ciudadanos, Sánchez recordó que la redacción de la proposición de ley ya contiene esa cautela, y castiga con multa a quien incumpla la obligación de no repercutir ni directa ni indirectamente el impuesto, y además la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lo vigilará.

La comparecencia en la localidad lusa de Viana do Castelo coincide con la tormenta política que cae sobre Marlaska por su gestión de la tragedia en la valla de Melilla, el pasado junio, en la que murieron al menos 23 inmigrantes. La ofensiva de la oposición se ha reverdecido a raíz de un documental de la BBC publicado esta semana en el que responsabiliza a Interior de lo ocurrido. Sánchez fue preguntado si comparte la posición del Defensor del Pueblo y de sus socios parlamentarios sobre la gestión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aquella jornada.

Comisión de investigación pedida por UP y los socios

"El ministro del Interior tiene toda mi confianza. El ministro del Interior, a lo largo de su carrera judicial y política, ha desempeñado con eficacia y honestidad, siempre cumpliendo con la legislación más estricta y en defensa de los derechos humanos, antes como juez y ahora como ministro", respondió. Y como sabe que los responsables de Interior tienen a su cargo "tareas muy difíciles" como la inmigración, prestó a Marlaska su apoyo inequívoco. "Tiene todo mi respaldo y mi reconocimiento, es un gran ministro del Interior, ha desempeñado sus funciones con estricto cumplimiento de la legalidad" y desde una "perspectiva de derechos humanos".

Marlaska tiene todo mi respaldo y mi reconocimiento, es un gran ministro del Interior"

PEDRO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL GOBIERNO

El ministro comparecerá el martes a puerta cerrada en el Congreso y los diputados de la Comisión de Interior que viajan el lunes al paso fronterizo podrán ver imágenes del salto a la valla. El documental de la BBC cuestionaba la versión oficial de lo ocurrido aquel 24 de junio, al señalar que que varios inmigrantes murieron en suelo español y fueron arrastrados al otro lado de la frontera por la gendarmería marroquí. Unidas Podemos y los socios de la coalición han pedido de nuevo una comisión de investigación por lo sucedido en Nador y Melilla, pero solo prosperaría si el PP le diera su respaldo, pero por ahora Alberto Núñez Feijóo solo ha pedido explicaciones a Marlaska.

Sánchez comenzó este viernes, tras la pregunta de los periodistas, mostrando su "solidaridad" con las víctimas, porque es innegable que las imágenes "no dejan de impactar". Pero a renglón seguido añadió, como ha hecho en anteriores ocasiones, que "muchas de estas tragedias", que no dejan a nadie "indiferente", comienzan "a muchos kilómetros de distancia" de una frontera que lo es "entre África y Europa", allí donde hay "falta de libertades y de oportunidades", en los países de origen. El presidente prometió "total transparencia" porque el Ejecutivo "no tiene nada que ocultar" y colaborará con las distintas investigaciones abiertas.

Marlaska, según informaron fuentes de la Moncloa, mostró su "satisfacción por las palabras de reconocimiento del presidente". El respaldo tan firme y elocuente de Sánchez mostraba, paradójicamente, la situación de debilidad en la que se encuentra, cuestionado por un medio de prestigio como la BBC, por una parte del Ejecutivo y por los socios y por el Defensor del Pueblo —el excandidato y exministro socialista Ángel Gabilondo— y con un PP pensándose si apretar más.

Él no se vio con Puigdemont

Este viernes también era la primera ocasión en la que Sánchez se pronunciaba ante la prensa por la ruptura del acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En línea con lo que ya venían manifestando fuentes del Gobierno en los últimos días, el presidente confirmó que el Ejecutivo nombrará a los dos magistrados que le corresponden para el Tribunal Constitucional, aunque no puede precisar "cuándo". Y es que lo que hará la Moncloa es esperar a que el órgano de gobierno de los jueces haga su parte.

El Ejecutivo nombrará a los dos jueces del TC, aunque no dice "cuándo", y espera que el CGPJ designe a los dos suyos "más pronto que tarde"

"El Gobierno de España, no le voy a poder decir cuándo, pero no le quepa duda de que cumplirá con la Constitución", respondió el presidente. El Ejecutivo espera que, aunque con "algo de retraso", el CGPJ "cumpla con la ley y más pronto que tarde" y designen a sus dos candidatos. "Es importante que, dado que el principal partido de la oposición [el PP] se ha abonado al problema y no a la solución, el CGPJ contribuya a que no se pueda extender esta crisis constitucional", resolvió Sánchez.

También el jefe del Ejecutivo fue inquirido si él mantuvo contactos con Carles Puigdemont o envió emisarios a Bélgica. El expresident de la Generalitat publicó hace una semana en redes sociales que "gente del PSOE" le visitó para generar "expectativa" de un buen trato, vía reforma del Código Penal y un indulto. "La respuesta es bien sencilla, no", indicó Sánchez. Y sobre si entonces Puigdemont ha mentido, señaló simplemente: "Yo puedo hablar por mí".

Por último, Sánchez también anunció que se verá con la nueva primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, antes de la cumbre del Med-9 —que agrupa a los países de la Europa del Sur— del próximo 9 de diciembre en Alicante. El presidente contó que había hablado con ella el miércoles —"habla perfectamente español"—, que la felicitó por su elección y que quedaron en verse en la reunión del mes próximo. "Las relaciones entre España e Italia trascienden a los gobiernos y entrelazan a las sociedades en múltiples ámbitos", defendió.

Sobre el indulto a Griñán, Sánchez reitera su "respeto" por los "procedimientos judiciales"

Y esgrimió que cuando Madrid y Roma han "trabajado conjuntamente han sucedido cosas buenas para nuestros países", como por ejemplo para dar una respuesta a la pandemia o cuando concertaron una propuesta para defender una reforma del mercado eléctrico ante los socios de la UE.

Y sobre la posibilidad del indulto a José Antonio Griñán, ahora que la Fiscalía pide para el expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE su entrada inmediata en prisión, Sánchez contestó que "el Gobierno respeta los procedimientos judiciales". "Saben cuál es mi posición, la he reiterado", se limitó a decir. En suma, que cuando toque, el Ejecutivo lo abordará y tomará una decisión acorde a la ley, pero que no ha llegado ese momento.