Una juez andorrana ha vuelto a pedir a la Audiencia Nacional que le envíe "todas las conversaciones grabadas" por José Manuel Villarejo que constan en el sumario del caso Tándem para determinar si Higini y Ramón Cierco, ex copresidentes de Banca Privada de Andorra (BPA), contrataron al comisario ya jubilado para "arremeter contra las instituciones" del Principado tras la intervención de la entidad financiera.

En un auto fechado el pasado 20 de octubre, al que ha tenido acceso El Independiente, la magistrada Azahara Cascales acuerda enviar una nueva comisión rogatoria al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional para poder disponer de los audios e incorporarlos a las diligencias previas en las que investiga a los hermanos Cierco, Villarejo y al empresario Alberto Pedraza por la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero y contra el prestigio de las instituciones.

En la petición de auxilio internacional, la titular del Juzgado de Instrucción Especializada 1 de Andorra detalla que, tras las pesquisas llevadas a cabo y los informes emitidos por el Servicio de Policía en mayo pasado, los citados banqueros contactaron con José Manuel Villarejo para "recoger y fabricar información a la carta e influenciar sobre sectores, organizaciones y personas con la finalidad de arremeter contra las instituciones del Estado andorrano" a cambio de dinero. En concreto, el objetivo sería "extorsionar al poder legislativo y judicial del Principado de Andorra y las corporaciones andorranas y financieras", hace constar la juez.

En abril del pasado año, el diario Público desveló que la abogada de Higini y Ramón Cierco (Maribel Lafoz) acudió a una reunión con Villarejo en la oficina que éste tenía en la madrileña Torre Picasso acompañada de Alberto Pedraza. Ese encuentro tuvo lugar el 10 de enero de 2017, meses después de que el comisario se hubiera jubilado y casi dos años después de que se iniciara el procedimiento de resolución de la BPA a raíz de que el Tesoro de EEUU le acusara de favorecer el blanqueo de capitales procedentes de organizaciones criminales. 

Cuando se desarrolló esa reunión, hacía cuatro meses que el antiguo comisario había acudido a un notario de Madrid para firmar un acta de manifestaciones en la que se reconocía el autor de cuatro notas informativas de carácter reservado redactadas por él entre el 1 de julio de 2014 y el 20 de enero de 2015 y que los Cierco adjuntaron en la querella que interpusieron contra el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín-Blas. Los banqueros acusaban a éste de presionar al ex consejero delegado de BPA Joan Pau Miquel para que le proporcionase "toda la información concerniente a la familia Pujol" bajo la amenaza de forzar el cierre del banco si no accedía a esta petición.

Declaración ante notario

En dicha cita, la letrada propuso a Villarejo que se desplazara a Andorra para declarar ante notario a fin de ratificar lo que ya había dicho por escrito por si el juez que instruía la querella no lo citaba a testificar. El policía no veía factible esa opción, ya que -según adujo- podría incurrir en un delito de descubrimiento y revelación de secretos. "Con el interés que tiene actualmente el CNI [Centro Nacional de Inteligencia] en este tema podrían llegar a acusarme de traidor a la patria y de revelación de secretos, sin duda alguna", justificó.

La transcripción se incluye en un informe enviado por Asuntos Internos en diciembre de 2020 al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional a raíz de una de las solicitudes de personación de Jordi Pujol Ferrusola en el caso Villarejo como perjudicado por las actividades privadas llevadas a cabo por el policía a través del grupo empresarial Cenyt.

La juez andorrana dice que los dueños de la BPA contrataron a Villarejo para "arremeter contra las instituciones" del Principado

Al día siguiente de la cita con la abogada de los Cierco en su despacho, Villarejo se reunió con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza. De esa conversación -incluida en el citado documento y del que informó el referido diario- se deduce que cobraron de los ex dueños de BPA a razón de 200.000 euros cada 15 días, uno de los extremos que la juez andorrana quiere corroborar accediendo al contenido de los audios intervenidos al antiguo comisario en los registros practicados tras su detención hace cinco años.

De acuerdo con la transcripción policial, Pedraza insta a Villarejo a no "subir a Andorra" y le cuenta las dificultades que había tenido para cobrar uno de los pagos: "El otro día, al levantar los dos cientos mil euros, tuve bronca porque ya por segunda vez me estaban dando esquinazo... Higini no, el hermano, o sea, se estaba yendo por la puerta de vacaciones 10 días y no habían dejado la pasta allí en... porque, claro, son bolsas que me dan de BP, de la gasolinera, me meten la pasta ahí con los papelillos y luego lo llevamos, como... pa que no me vuelva a pasar lo embuchamos, porque ¡claro! la vez que no lo he embuchao ha habido lío... Entonces ahí tuve un rifirrafe, hoy le he mandado un mensaje porque yo ayer hablé con el Manolo (...) y digo ¡mira!, vamos a ver, yo en España os voy a arreglar todo, os vamos a apoyar... El Gobierno os va a beatificar todo eso tal..., pero ¿no me vaya a fallar tu hermano? Porque el otro día me hizo la del gitano... el trile, y a mí triles no, no, no. A mí triles... ¡No!, ¡no! Vamos a hablar con él porque menuda bronca he tenido con él. El hermano quiere alargarnos los pagos todo lo que pueda para tenernos como la trucha".

Nueva comisión rogatoria

El Juzgado de Instrucción Especializada 1 de Andorra quiere contar con las grabaciones para determinar la presunta responsabilidad criminal de los Cierco, Villarejo y Pedraza en los hechos que investiga desde este año. La magistrada Azahara Cascales ya libró otra comisión rogatoria en junio pasado solicitando -entre otra documentación- una copia tanto del audio de las grabaciones como de las agendas o notas manuscritas del comisario Villarejo.

La juez considera que los investigados podrían haber cometido -entre otros- en un delito contra el prestigio de las instituciones, ilícito éste tipificado en el artículo 325 del Código Penal andorrano y que castiga con inhabilitación para cargo público y multa de hasta 30.000 euros a quien realizara públicamente imputaciones contra el Consejo General, el Gobierno, el Consejo Superior de la Justicia, los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal o los comunes "con conocimiento de su falsedad o menosprecio temerario hacia la verdad".

En una providencia fechada el pasado jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, da traslado a la Fiscalía de la comisión rogatoria internacional presentada por la magistrada andorrana para que emita informe antes de decidir si accede o no a la petición.