El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, que busca "combatir" las puertas giratorias y regular los conocidos como lobbies.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha desgranado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros este nuevo anteproyecto, con el que se impedirá a un alto cargo realizar actividades en lobbies relacionados con sus competencias hasta dos años después de cesar en el puesto.

"Con esta nueva normativa España cubre una carencia que tenía nuestro ordenamiento a la hora de transparentar las actividades legítimas de estos grupos de interés", ha defendido la titular de Hacienda.

Los 'lobbies' deberán registrarse y comunicar sus reuniones

Según ha detallado Montero, los conocidos como lobbies estarán obligados a formar parte de un registro oficial que será gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) y estará disponible en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado y en la página web de la OCI a través de accesos directos identificados y visibles.

En dicho registro, se deberá incluir datos relevantes sobre los grupos, como el domicilio fiscal, las sedes o sus ámbitos de interés, y se deberán recoger las reuniones que se mantienen con el personal público de la Administración General del Estado. "Hablamos de altos cargos o de los funcionarios que participan en el proceso de elaboración de una norma", ha aclarado la ministra.

Así, el anteproyecto de ley fija que todo aquel que quiera celebrar reuniones con aquellos miembros de la Administración del Estado contemplados en el anteproyecto deberá estar registrado para ello.

La única excepción para poder mantener un encuentro con quienes participan en la toma de decisiones normativas es el compromiso de presentar la solicitud de inscripción en los tres días siguientes a la cita. También será una obligación de los altos cargos y trabajadores inmersos en la producción de leyes comprobar que aquellos con los que se reúnen forman parte de dicho registro.

Además, todas las actividades de 'lobbies' que lleguen a influir en un proyecto normativo quedarán reflejados en la memoria de análisis de impacto de dicha ley, una "huella" que va a permitir saber quiénes han participado a la hora de diseñarla, en qué momento y sobre qué materia.

SANCIONES POR LOS INCUMPLIMIENTOS

La "estricta" norma, según la ha definido Montero, fija que los grupos que no estén inscritos en el Registro no podrán contactar con el personal público para ejercer estas actividades de influencia, mientras que los que sí figuren en esa lista deberán cumplir con un código de conducta en el que, por ejemplo, se prohíba ofrecer regalos o favores a los responsables públicos.

Se incorpora, así, un régimen sancionador para los 'lobbies' en caso de infracciones que puede suponer la expulsión del registro de grupos de interés por un período de hasta tres años y, por tanto, se impediría la posibilidad de que concurran en la elaboración de normas o de poder influir en su desarrollo.

Como ejemplo, Montero ha señalado que será objeto de sanción que no se cumplimente el "informe de huella legislativa" con las aportaciones de los grupos de interés, no recoger una reunión con cualquier empleado público que estuviera participando de el diseño de una norma o hacer un regalo o "algún tipo de elementos de estímulo dirigido a la defensa de sus propios de sus propios intereses".

Partidos, patronales y sindicatos no serán considerados 'lobbies'

No serán considerados lobbies y, por tanto, quedan excluidos del ámbito de esta norma, por ejemplo, las propias administraciones públicas y sus relaciones entre sí, las organizaciones internacionales públicas, los partidos políticos, las organizaciones empresariales, los sindicatos o los colegios profesionales.

Las que sí podrían tener esa calificación son las entidades o fundaciones creadas o financiadas por estas mismas organizaciones, dado que no están al amparo de las atribuciones constitucionales de quienes las auspician.

Tampoco se considerará lobby a las personas físicas que actúen de manera autónoma sin estar asociadas con otras, siempre que sus objetivos no impliquen intereses económicos o sociales individuales que sean significativos.

Corresponde a diputados y senadores adoptar el modelo

La ministra ha especificado que la norma que hoy se impulsa y con la que se trata de combatir las llamadas "puertas giratorias" solo afecta a los altos cargos y funcionarios que participan en el diseño de las leyes. Ha recordado, no obstante, que otros organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tienen regulada esta cuestión, al tiempo que hay comunidades autónomas que también lo tienen recogido en su reglamento--Cataluña, Asturias, Comunidad Valenciana o la Comunidad de Madrid--.

Pero, según ha explicado Montero, en el ámbito parlamentario, corresponde a la iniciativa de los diputados y senadores el que pudiera tener alcance esta norma dentro del ámbito de sus actividades tras dejar el cargo.

"Nosotros abrimos el camino y luego esperamos que haya otros sectores y otras administraciones que se puedan sumar", ha enfatizado la titular de Hacienda y Función Pública.

Una ley comprometida con Europa

Según ha destacado Hacienda, la apuesta por una norma de este tipo va a situar a España en términos de transparencia y confianza en las instituciones públicas al nivel de países como Alemania, Reino Unido, Francia o Italia, que ya cuentan con regulaciones para los grupos de interés.

Este anteproyecto, integrado en el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, forma parte de los compromisos adquiridos por España para la regulación de la actividad de los 'lobbies' ante la Comisión Europa, que emplazó en su Informe Estado de Derecho a llevar a cabo esta regulación.

También sirve para asumir las peticiones del Consejo de Europa, que a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) solicitó más transparencia en las relaciones de los miembros del Gobierno con los grupos de interés.

A esto hay que sumar las recomendaciones de los Principios de la OCDE, que reclamó un marco regulatorio que garantizara la transparencia e integridad de las actividades de quienes aspiran a influir en el personal de la AGE que participa en la toma de decisiones o en la elaboración de leyes y políticas públicas.