El juez Santiago Pedraz ha abierto juicio oral para las formaciones políticas PDeCat y CDC y sus ex responsables Germá Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca por el caso del 3%. Esto es, la estructura puesta en marcha supuestamente para financiar a dicho partido de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública. La Fiscalía Anticorrupción solicita al PDeCAT y a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) una multa de 3 millones de euros y penas de hasta 21 años para los dirigentes nacionalistas imputados.

En su resolución, notificada este martes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cinco de la Audiencia Nacional acuerda la apertura de juicio oral para un total de treinta personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y de dieciséis personas jurídicas.

Por otra parte decreta el archivo provisional parcial para el presidente de la constructora madrileña Grupo Ortiz Juan Antonio Carpintero. El magistrado adopta esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción propusiera la semana pasada llevar a juicio a estos procesados.

Anticorrupción pide las condenas de prisión más altas para Viloca, ex tesorero de CDC, y Gordó, ex gerente del partido. Un total de 21 años y 4 meses para el primero y 18 años y 10 meses, para Gordó. Daniel Osácar, también ex tesorero y condenado por el Caso Palau, afronta una petición de un año y medio de cárcel, sustituible por trabajos en beneficio de la comunidad, por su colaboración con la Fiscalía.

Tres meses para las defensas

En su auto, contra el que no cabe recurso, el magistrado declara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano competente para el enjuiciamiento de estos hechos y da un plazo de tres meses a las representaciones de los encausados para presentar sus escritos de defensa.

Además de Anticorrupción, en esta causa ejercen también la acusación los Ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallés. El Ayuntamiento de Barcelona acusa a ocho de los procesados de un delito de fraude a las administraciones públicas, entre ellos a Gordó y Viloca, y considera a PDeCat y CDC responsables civiles a título lucrativo.

Una acusación similar a la que hace el Ayutamiento de Sant Cugat del Vallés, si bien esta se centra sólo en dos de los procesados Osácar y el empresario Jordi Sumarroca, y entre los responsables civiles a título lucrativo añade también a la mercantil Teyco. Ambos consistorios, gobernados por CDC durante los años en que funcionó la trama corrupta, están en manos ahora de los Comunes y la CUP, respectivamente.

El Ministerio Público por su parte considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

Los acusados

Entre los acusados, además de los tres exgerentes, destaca también quien fuese responsable jurídico de CDC, Francesc Sánchez Vera, para quien la Fiscalía solicita un año de prisión y otro de trabajos a la comunidad.

También figura el directivo de la constructora Oproler y marido de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia catalán Josep Maria Bassols, para quien Anticorrupción pide un año y nueve meses de prisión y trabajos en beneficio de la comunidad.

El exconcejal de Barcelona Antoni Vives es uno de los acusados que se enfrentan a una mayor petición de pena por parte de la Fiscalía, seis años y un mes; así como Sumarroca o el ex director general de Infraestructuras.cat Josep Antoni Rossell, para quienes pide 10 años.

Para el exdirectivo de esta empresa pública Joan Lluís Quer, Anticorrupción pide cinco años y también está acusado el expresidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, al que solicita que se condene a cuatro años y medio de prisión.

Estructura de financiación ilegal

Según el escrito del fiscal José Grinda, entre 2008 y 2015 "altos cargos" de CDC, "en connivencia" con cargos públicos, funcionarios de distintas administraciones catalanas y empresarios "pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta".

Desde abril de 2011, cuando Quer y Rosell dirigían Infraestructures.cat, en connivencia con cargos de CDC, "se ocultaban una serie de actividades ilícitas en la adjudicación de contratos, bajo la apariencia de legalidad".

En paralelo, los empresarios acusados se concertaron con cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones afines CatDem y Forum Barcelona, añade el escrito.

En ocasiones las donaciones "estaban vinculadas directamente a contraprestaciones por la adjudicación" de contratos y, en otras, se realizaban para "crear o mantener una buena relación con CDC" y, así, ser tomados en cuenta para futuros concursos, es decir, para mantener una relación "privilegiada" con el partido y "consagrar su pertenencia a la familia".