La Dirección General de la Guardia Civil cerró una compra de material antidisturbios para equipar a los agentes que protegen las fronteras de Ceuta y Melilla de los intentos de salto seis días después de la tragedia de Nador (Marruecos), donde murieron al menos 23 migrantes y refugiados en una avalancha cuando trataban de entrar irregularmente en España.

El pasado 30 de junio, María Gámez firmó electrónicamente las resoluciones por las que adjudicaba tres contratos para el suministro de 300 cascos y máscaras antigás para el control de masas, 300 escudos integrales y 300 chalecos antitrauma. El importe de los encargos alcanzó los 779.197,65 euros (impuestos incluidos).

Para realizar estas compras, la directora general de la Guardia Civil recurrió a la tramitación de emergencia, una modalidad prevista en la Ley de Contratos del Sector Público a fin de que se pueda dar una respuesta rápida en caso de "acontecimientos catastróficos" o de situaciones que "supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional". En concreto, Gámez había acordado la emergencia el 1 de junio.

Justificación de por qué había que comprar de manera urgente el material antidisturbios por parte de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. El documento está fechado el pasado 30 de junio.

El motivo esgrimido para justificar la adquisición de este material antidisturbios prescindiendo del procedimiento ordinario de contratación era la necesidad de poner lo antes posible a disposición de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) -unidad que tiene entre sus misiones el restablecimiento del orden público en situaciones en las que se producen disturbios o acciones de masas con actitudes violentas hacia los agentes- los medios de protección oportunos para poder hacer frente a los intentos masivos de salto en las vallas que separan las ciudades autónomas de Marruecos, después de que se hubieran registrado varios episodios y de que los migrantes se hubieran empleado con "agresividad" para tratar de lograr su objetivo.

"Violencia y agresividad" de los migrantes

A principios de marzo, unos 2.000 subsaharianos habían tratado de entrar en Melilla -objetivo que consiguió una cuarta parte- en el intento más numeroso que se registraba en los últimos años. Unos 30 guardias civiles resultaron lesionados con heridas sufridas con los garfios de mano y la tornillería en los zapatos utilizados por los migrantes para trepar por el mallado y tratar de zafarse de la actuación policial. También por el impacto de piedras en sus cascos, como daban fe las fotografías difundidas por asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

"Durante los primeros meses del año 2022, los intentos de entrada de inmigrantes irregulares en territorio español han aumentado de forma alarmante. De manera singular se ha sufrido en las fronteras de Ceuta y Melilla, donde recientemente se han batido récords de intentos masivos de entrada de personas de origen subsahariano, tanto por las cifras de participantes en esas acciones como por la violencia y agresividad empleadas en las mismas, causando numerosas lesiones entre el personal de la Guardia Civil que tiene la misión de hacer frente a las mismas", exponía María Gámez en las resoluciones por las que encargó el suministro del referido material antidisturbios.

Un gancho y una zapatilla con tornillos utilizados por migrantes para trepar por la valla. EUROPA PRESS

En dichos documentos, la directora general de la Guardia Civil reconocía que los agentes de la ARS "no están dotados de los medios de protección oportunos para hacer frente ante esos extremos", como venían denunciado las asociaciones profesionales. Éstas reclamaban desde hace años un aumento de los medios personales y materiales en Melilla ante los frecuentes episodios que se registran en el perímetro fronterizo y la mayor agresividad de los inmigrantes. 

"Por ello, constituye una necesidad vital dotar de manera urgente a la ARS de 300 cascos antidisturbios con sus máscaras antigás, otros tantos chalecos antitrauma y otros tantos escudos antidisturbios, dados los riesgos a los que están expuestos sus componentes durante la realización de sus misiones específicas, considerándose que se debe tramitar un expediente por el procedimiento más eficiente posible y que permita disponer de los mismos a la mayor celeridad y en la presente anualidad, dadas las circunstancias acaecientes", agregaba Gámez.

La directora de la Guardia Civil admitió por escrito que los agentes no contaban con los medios de protección oportunos

Cuando la directora general de la Guardia Civil rubricó estas adjudicaciones estaba fresco aún el último intento de migrantes de acceder a Melilla desde Nador por el paso fronterizo de Barrio Chino, saldado con la muerte de al menos 23 subsaharianos al quedar aplastados y asfixiados en una avalancha. El Ministerio del Interior mantiene que todos los fallecimientos tuvieron lugar en suelo marroquí, una versión que ha cuestionado la BBC en un documental difundido la semana pasada y que ha avivado la exigencia de explicaciones a Grande-Marlaska por parte de la oposición.

Los anuncios de adjudicación y formalización de estos encargos de suministro de medios antidisturbios se han publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público este lunes, más de cuatro meses después de que se encargaran. Hasta el momento tan sólo se había difundido una escueta referencia cuando el Ministerio del Interior -en la sesión celebrada el pasado 19 de julio- elevó a conocimiento del Consejo de Ministros la toma de razón de la declaración de emergencia para llevar a cabo esta compra. El asunto se despachó en tres líneas, reseñándose el importe (779.197,65 euros) pero sin detallarse ni el tipo de material a adquirir ni los proveedores elegidos.

La Guardia Civil ha dado a conocer ahora que los cascos y máscaras antigás para el control de masas se los encargó a Uniformidad y Suministros de Protección SL (476.891,25 euros), los escudos integrales a USIS Guirao SL (67.082,40 euros) y los chalecos antitrauma a Fedur SA (235.224 euros). Los acuerdos de adjudicación se adoptaron el pasado 30 de junio y se formalizaron entre el 18 y 25 de agosto, teniendo los proveedores un plazo de un mes -a contar desde la declaración de emergencia- para servir la mercancía.