Grande-Marlaska vuelve a estar en el ojo del huracán. Las pesquisas realizadas por la Oficina del Defensor del Pueblo y la BBC y las imágenes que se han conocido en los últimos días cuestionan la versión oficial que mantiene el Ministerio del Interior sobre la tragedia ocurrida en la frontera entre Nador (Marruecos) y Melilla a finales de junio, cuando murieron asfixiados al menos 23 migrantes que intentaba cruzar la valla para entrar en España.

Los grupos de la oposición han vuelto a pedir esta semana una vez más la destitución del ministro del Interior, que suma una sucesión de polémicas desde que llegó al cargo en junio de 2018. Podemos, el socio de Pedro Sánchez en el gobierno, reclama la constitución de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para aclarar lo sucedido y depurar eventuales responsabilidades políticas.

  • Los hechos. A primera hora de la mañana del 24 de junio, una avalancha formada por unos 1.800 subsaharianos -mayoritariamente sudaneses- se concentra en el acceso al paso fronterizo de Barrio Chino y se produce la caída de una valla lateral, a la que se habían encaramado algunos migrantes en su intento por entrar en territorio español. La concentración humana y la intervención de los gendarmes marroquíes, que lanzan gases lacrimógenos para intentar disolver a la masa, provoca la asfixia a varias decenas de personas. Según las autoridades del reino alauí, perdieron la vida aplastadas 23 personas, una cifra que la ONG Caminando Fronteras eleva a 72. También la Guardia Civil hace uso de artefactos fumígenos para evitar que se consume la entrada y que los subsaharianos queden en territorio marroquí. En concreto, el material antidisturbios utilizado por parte del Instituto Armado durante esta actuación constó de 65 pelotas de goma, 270 salvas, 28 botes de humo, 86 botes de gases lacrimógenos y 41 aerosoles con gas pimienta. Cuando compareció en el Congreso, Grande-Marlaska justificó que se usaran estos medios ante la necesidad de repeler un "ataque violento".
  • ¿Muertes en suelo español? Desde el primer momento, Interior mantiene que la actuación de la Guardia Civil se ajustó a la "legalidad" y fue "proporcional" ante un "intento de asalto violento a nuestra integridad territorial", al tiempo que ha insistido en que las muertes se produjeron exclusivamente en la zona fronteriza de Marruecos. Esa versión es cuestionada por un documental emitido por la BBC la pasada semana bajo el título How Spain looked on as dozens were crushed to death at its border (Cómo España vio cómo decenas de personas morían aplastadas en su frontera). Tras analizar vídeos y recabar testimonios, la cadena británica concluye que hubo víctimas mortales en suelo español y que la policía marroquí arrastró parte de ellas a su país. "Es cuando menos decepcionante y sorprendente que se hagan acusaciones de gran gravedad sin el sustento de ninguna prueba. Absolutamente nadie, ni la Guardia Civil, ni la Gendarmería, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Defensor del Pueblo, ni las autoridades marroquíes sostienen que las muertes tuvieron lugar en territorio nacional", respondió Interior. A finales de junio, el propio Pedro Sánchez dijo que el intento masivo de cruzar la valla de Melilla había estado "bien resuelto" por la Guardia Civil y la Gendarmería marroquí. Días después matizó sus palabras y dijo que, cuando utilizó esa expresión, no había visto aún las imágenes.
  • ¿Cuántos guardias civiles se desplegaron? Justicia para la Guardia Civil y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han denunciado este miércoles la "alarmante" falta de personal y de medios para repeler los intentos de salto en la valla de Melilla. Según Jucil, que asegura que quien intervino en la zona de tránsito fue la policía marroquí y no el Instituto Armado, sólo "cinco agentes" se encontraban replegados en la zona perimetral española para intentar impedir "un ataque violento" de unos 2.000 inmigrantes. "Había pocos agentes y la avalancha hizo que los guardias civiles se tuvieran que replegar para defenderse del ataque y recibir nuevas instrucciones. Sus vidas corrían peligro", sostiene la AUGC. Esta organización denuncia también la "falta de protocolos", circunstancia que -en su opinión- "perjudica gravemente la actuación de los guardias civiles".
  • Visita de diputados a Melilla. Lejos de respaldar la actuación del departamento que dirige Grande-Marlaska, la visita que un grupo de diputados realizó este lunes a Melilla ha servido para acrecentar las dudas sobre la actuación española y para exigir responsabilidades al titular de Interior. "Todo parece indicar que se produjeron fallecidos en la zona de control de las autoridades españolas, evidentemente", ha declarado el portavoz de Unidas Podemos, Enrique Santiago. "No hablamos de la zona de tránsito o de lo que incluso el ministro del Interior llamaba zona de nadie, sino en territorio bajo control español", ha denunciado el parlamentario de EH-Bildu Jon Iñarritu. Éste asegura que en las imágenes que han podido visualizar "aparecían varios de los cuerpos inertes, o sea, heridos o muertos", por lo que ha pedido a Grande-Marlaska que "deje de escurrir el bulto". El diputado vasco exige conocer "quién permitió y por qué" se produjo la entrada de agentes marroquíes en suelo español", así como "quién retiró los cuerpos" del lado español.
  • Grande-Marlaska, de nuevo cuestionado. El Partido Popular y Vox han exigido este martes la "inmediata" destitución del titular de Interior por las "mentiras" ofrecidas por el Gobierno para explicar la actuación del ministerio en esta tragedia. "Dijo que no" se habían movido cuerpos del lado español al marroquí y "todos hemos visto" que eso no fue así, ha resaltado el senador y número tres del PP, Elías Bendodo. Los populares no descartan pedir la reprobación de Grande-Marlaska y estudian pedir que se cree una comisión de investigación en el Congreso, lo que difícilmente prosperaría al no contar previsiblemente ni con el apoyo de Unidas Podemos ni de los socios de investidura. Vox también exige la destitución del ministro y advierte de que se opondrá a cualquier intento de 'instrumentalizar' a la Guardia Civil. "Merecen mucho más apoyo y respeto para defender las fronteras", ha zanjado Iván Espinosa de los Monteros. Por su parte, Unidas Podemos ve necesaria la creación de una comisión de investigación y ha insistido este miércoles en que el titular de Interior debe ir nuevamente al Congreso a dar explicaciones y entregar todas las imágenes de que disponga su departamento, dado que las conocidas hasta ahora contradicen la versión oficial. "La opacidad no puede ser espacio de impunidad para encubrir posibles desmanes y vulneraciones de los derechos humanos", ha declarado a TVE el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens. Y ha añadido: "No hay mayor ciego que el que no quiere ver".
  • Normalización de relaciones con Marruecos. La tragedia migratoria tuvo lugar cuando España ya había restablecido las relaciones con Marruecos, rotas por el reino alauí tras conocer que el Gobierno de Pedro Sánchez había acogido por razones humanitarias al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser tratado de covid-19 en un hospital público de Logroño. La normalización se producía después de que Rabat filtrara una carta en la que el jefe del Ejecutivo español apoyaba el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, lo que constituía un viraje en la posición que había defendido España en relación con su antigua colonia. 
  • Incógnitas por despejar. Cuatro meses y medio después de la tragedia, hay diversas incógnitas que no se han resuelto todavía. ¿Hubo muertes en suelo español? ¿Quién dio la orden de trasladar los cuerpos a territorio marroquí? ¿Se les prestó atención sanitaria a los heridos en la avalancha? Éstas son algunas de las cuestiones que exigen aclarar los grupos de la oposición y que ponen nuevamente en una situación comprometida a Grande-Marlaska, cuya trayectoria está jalonada por numerosas polémicas como el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas o próximas a esta comunidad o la repatriación a Marruecos de menores no acompañados que entraron irregularmente en Ceuta en mayo de 2021 sin que se respetara el procedimiento legal.
  • Devoluciones en frontera. La actuación de Interior no es sólo cuestionada por la oposición. También la Oficina del Defensor del Pueblo considera que no se respetaron las "garantías legales nacionales e internacionales" al rechazarse en frontera a 470 personas durante el intento de salto masivo del pasado 24 de junio, según las primeras conclusiones de la investigación que realiza el organismo dirigido por Ángel Gabilondo. El Defensor del Pueblo ha recordado que el Tribunal Constitucional establece que el rechazo en frontera ha de contemplar entradas individualizadas con "pleno control judicial" y cumpliendo con las obligaciones internacionales, algo que en este caso no ocurrió.