El Ministerio de Sanidad contratará los servicios de una empresa que determine el contenido de la reserva estratégica de material que permita dar respuesta en el futuro a una "amplia gama de escenarios" que supongan situaciones críticas, como la provocada por el coronavirus. "Debemos estar preparados para cualquier eventual emergencia sanitaria", justifica.

Sanidad quiere aprender la lección de la pandemia de covid-19, cuando el incremento exponencial de la demanda de material de protección a nivel mundial desbordó la oferta e hizo que no se pudieran atender los pedidos con inmediatez, y quiere tener en los almacenes los recursos necesarios para poder hacer frente a situaciones de gravedad si éstas se presentaran.

A propuesta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el organismo que comanda el doctor Fernando Simón, la Dirección General de Salud Pública da el primer paso al sacar a concurso un contrato de servicios para la estimación de la reserva estratégica en función de los diferentes escenarios que puedan suponer una amenaza. El presupuesto de licitación se ha fijado en 50.000 euros, que se sufragarán con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU).

"Es importante tener en cuenta que, aunque la pandemia aún no se ha terminado, la reserva estratégica no debe responder solo a la situación que se ha generado por la pandemia, sino que debería poder responder a una amplia gama de escenarios, nuevas pandemias u otro tipo de amenazas que supongan situaciones de crisis para las que debe garantizarse una previsión y disposición de material cuya estimación se base en las necesidades reales experimentadas durante situaciones epidémicas previas", detalla el pliego de prescripciones técnicas, consultado por este diario.

Valoración de riesgos

El objetivo del contrato es determinar las contramedidas médicas que se tendrían que tener con antelación para dar respuesta a hipotéticas situaciones de emergencia sanitaria a partir de la valoración del riesgo de las posibles amenazas y de los escenarios que pudieran plantearse. Con ello se evitaría tener que salir al mercado a comprar a material a toda prisa y a cualquier precio, como ocurrió al inicio de la pandemia del coronavirus.

En concreto, Sanidad demanda los servicios de tres técnicos que, durante 2.171 horas en un periodo máximo de seis meses, busquen bibliografía, definan el tipo de amenazas ante las que se deba estar preparado, describan los posibles escenarios, clasifiquen los riesgos para la salud pública, elaboren una propuesta de reserva estratégica nacional y planteen un simulacro para poder evaluarla. El precio tiene un peso del 60 % en la selección de la empresa, correspondiendo el 40 % restante a la calidad de la solución técnica que se proponga.

Debemos estar preparados para cualquier eventual emergencia sanitaria", justifica el ministerio

La iniciativa discurre en paralelo al aprovisionamiento que lleva a cabo la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA por sus siglas en inglés), organismo puesto en marcha por la Comisión Europea a mediados de septiembre de 2021 para "prevenir, detectar y responder rápidamente" a las situaciones de crisis y que manejará un presupuesto de 6.000 millones de euros en el marco financiero 2022-2027. Las reservas de la HERA complementarán a las de los estados miembros.

"Del mismo modo, a nivel nacional también debemos estar preparados para cualquier eventual emergencia sanitaria. Los planes de preparación y respuesta tienen entre sus componentes garantizar la disponibilidad de una reserva estratégica nacional para responder ante emergencias como la actual o futuras amenazas o catástrofes, así como para la cooperación internacional", expone Sanidad.

El trabajo de consultoría que ha licitado el departamento que dirige Carolina Darias para determinar las provisiones de material sanitario se costeará con los fondos Next Generation, de los que a España le han correspondido 79.820 millones no reembolsables. En concreto, el proyecto encaja en la inversión 3 del componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como objetivo la renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud para "prevenir y afrontar posibles amenazas sanitarias globales" como la derivada de la covid-19.

Concretamente, el contrato contribuye al cumplimiento del hito 281 de la Medida C18.I3, por el España se ha comprometido ante la Comisión Europea a disponer de un sistema de seguimiento para el Gobierno central y las comunidades autónomas que permita la alerta temprana y la respuesta rápida ante situaciones que puedan generar un riesgo para la salud y facilitar la aplicación de medidas de control. Ese objetivo tiene que ser una realidad en el cuarto trimestre de 2023.