Sánchez "aceleró" el cambio de la sedición tras la ruptura con el PP por el Poder Judicial

Apenas quince días atrás, recién volados los puentes con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la Moncloa, en privado, reiteraban que no había "novedad" sobre la reforma de la sedición, que Alberto Núñez Feijóo se agarraba a esa "excusa" cuando en realidad nada había cambiado, porque el compromiso de Pedro Sánchez era el mismo que desde el arranque de legislatura —no de su discurso de investidura, fue algo posterior—, "homologar" el Código Penal a la legislación europea. Incluso esta misma semana, en público, se insistía en la misma idea, enfatizando que el compromiso del presidente era "claro". "Y nuestros compromisos, los cumplimos", aseguraba la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, el pasado lunes desde Ferraz.

Ella no levantó la liebre, y nadie más lo hizo, pero para entonces el pacto del Ejecutivo y ERC, capitaneado por los escuderos de Pedro Sánchez —el ministro Félix Bolaños— y Pere Aragonès —la consellera Laura Vilagrà—, estaba tejiéndose. Porque todo se "aceleró", según el relato de la Moncloa, cuando Feijóo dio por rotas las conversaciones con el Ejecutivo para el relevo en el CGPJ. Porque fue justo en ese momento cuando los republicanos aceptaron "europeizar" el delito de sedición, y no directamente acabar con él y con sus penas. A partir de ese momento, y en apenas "diez días" se cerró el acuerdo cuyo fruto presentaron los grupos de PSOE y Unidas Podemos este viernes en el Congreso.

PSOE y ERC habían hablado de sacar adelante la reforma sin fecha fija «a la espera de encontrar el momento propicio». Y la ruptura con el PP sirvió de «acelerador del proceso»

La tramitación se anticipa rápida: será por la vía de urgencia, aunque sí se podrán introducir enmiendas. Pero los dos partidos calculan que la reforma, que reduce de 15 a 5 años de prisión la pena máxima asociada al delito de desórdenes públicos agravados —el tipo que reemplaza al de sedición, que en su actual redacción queda totalmente eliminado—, estará aprobada por las dos Cámaras antes de que acabe 2022. Como había quedado comprometido en julio, en la última mesa de diálogo con el Govern, y con la evidente intención de que el trago pase lo antes posible para que el coste electoral sea el menor posible.

Mientras que en ERC hablan de que las conversaciones se han prolongado durante semanas, trenzadas en contactos discretos desde julio en la Moncloa se afanan en puntualizar que no había "novedad" cuando se afirmaba precisamente eso, que todo estaba muy verde porque no apreciaban que hubiera una "mayoría suficiente" para alumbrar la modificación del Código Penal.

Quienes conocen bien al presidente apuntan a este periódico que las dos partes sí venían "trabajando desde hace tiempo", pero la letra pequeña se concretó "en estos días". Es decir, que el acuerdo era llevar adelante la reforma sin fecha fija "a la espera de encontrar el momento propicio". Parte de ERC no se fiaba porque también sentía la presión de los suyos más escépticos con la actitud de la Moncloa. Así que la ruptura con el PP sirvió de "acelerador del proceso". El propio Sánchez recabó opiniones de su entorno y se decidió a lanzar el cambio legal. En el Ejecutivo y en el partido sí estaba instalada la convicción de que, de hacerse, debía impulsarse "cuanto antes", para limitar al máximo el desgaste electoral. Ese propósito estrechaba mucho la ventana de oportunidad. Apenas queda mes y medio para que concluya este 2022 y el actual periodo de sesiones. Si las conversaciones con ERC no entraban en su recodo final, se corría el riesgo de que la reforma no se culminase hasta comienzos de 2023, mucho más encima de la precampaña de las autonómicas y municipales de mayo.

"Un folio"

"Ellos nos pidieron la sedición para los Presupuestos Generales del Estado y les dijimos que no. Así que de esto llevamos hablando diez días. Al PP nunca le contamos que no fuéramos a hacer el cambio del Código Penal, no les engañamos. Dijimos que estaba en cartera, pero que no había novedad. La razón principal es que ERC renuncia a la supresión del delito, a sus máximos, y acepta europeizarlo", reconstruye a El Independiente un alt0 cargo del Ejecutivo.

El acuerdo quedó sellado el miércoles por la noche y los últimos flecos se remataron la mañana siguiente

El acuerdo quedó sellado este pasado miércoles, 9 de noviembre, por la noche, y los últimos flecos se terminaron de rematar a la mañana siguiente, jueves 10, tal y como reconocen las dos partes. A fin de cuentas, subrayan en el equipo de Sánchez, se trataba de discutir sobre "un folio", lo que ocupa la trascendental reforma, porque las otras 21 páginas de la proposición de ley [aquí en PDF] las ocupan la exposición de motivos y la trasposición de directivas europeas. No hizo falta, apuntan desde ERC, una conversación final entre Sánchez y Aragonès, aunque ambos estaban al tanto de los avances. Los republicanos sí estaban al corriente de que el anuncio lo haría el presidente desde La Sexta el jueves por la noche, aunque habrían preferido la formalidad de una nueva reunión de la mesa de diálogo.

Lo cierto es que Sánchez va mucho más allá de lo que siempre afirmó, ya que no solo hay una rebaja de la sedición, como prometió, sino una derogación de esa figura y su "reemplazo" por otra, la de desórdenes públicos agravados. El Gobierno defiende que el delito "no desaparece", se "cambia la nomenclatura", pero "el delito sigue", por lo que la actuación de los líderes del procés sí encajaría con esta redacción, por lo que el expresident Carles Puigdemont, si regresa a España o es extraditado, será "juzgado".

Y niega el Ejecutivo que se desligue el nuevo tipo penal de motivaciones políticas, ya que se castiga a quienes atenten contra la "paz pública", que según dejó escrito el Tribunal Supremo en su sentencia del procés de 2019, en las páginas 278 y 279, es un concepto "más amplio" que el de orden público, puesto que "se integraría por el conjunto de condiciones
externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, el orden de la comunidad y en definitiva la observancia de las reglas que facilitan esa convivencia [...] y por tanto permiten el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas".

Defensa política

En cualquier caso, Gobierno y PSOE intentan, sobre todo, lanzar un mensaje político. Esta medida cierra el círculo que se inició con la concesión de los indultos a los nueve condenados por el TS a penas de cárcel: se trata, subrayaba primero Sánchez en La Sexta y después su portavoz en el Congreso, Patxi López, este viernes, de construir "convivencia", aunque ello suponga un desgaste electoral para el partido. "Este es el PSOE que sabe hacer política para mejorar la vida de la ciudadanos aunque le cueste votos", subrayó el portavoz.

En el Ejecutivo creen que el coste será limitado porque el efecto está ya "amortizado" y Cataluña "es un activo para el presidente"

En la cúpula creen (y esperan) que la decisión, de altísimo voltaje, no tendrá la erosión que preconiza la derecha. Porque el efecto ya está "amortizado", porque las preocupaciones de los ciudadanos son otras y giran en torno a sus condiciones de vida y al impacto de la guerra en Ucrania. Y porque "Cataluña es un activo para Pedro". Es decir, una herramienta más de campaña: el argumento que se repetirá hasta la saciedad, y que el Ejecutivo y el partido han lanzado a la cara del PP, es que es una evidencia que la situación en Cataluña está "infinitamente mejor" que en 2017. Y la reforma de la sedición, por tanto, ahonda en esa búsqueda de la "convivencia". El propio Sánchez presumía de haber adoptado decisiones "valientes" para suturar las heridas del pasado, y ese gesto, su iniciativa, entienden en Ferraz que será premiado.

No obstante, los socialistas no quieren correr más riesgos de los debidos, de ahí que el acuerdo sea el de una tramitación rápida, que correrá forzosamente en paralelo a la de los Presupuestos del Estado. La idea es que entre noviembre y diciembre se pueda liquidar todo. Incluso el paso por el Senado, en el que la cúpula parlamentaria del PSOE confía en que no se introduzcan enmiendas respecto al texto que salga del Congreso para que camine directamente al BOE.

ERC pretende que en el trámite se puedan rebajar las penas por malversación, que también le fueron impuestas a sus compañeros. Hasta ahora, el Ejecutivo sostenía que no habría cambios en ese tipo penal. La puerta ya no parece tan cerrada: "Que lo propongan", aseguran a este diario en el núcleo duro, sin anticipar cuál será la respuesta gubernamental.

La vía exprés de la proposición de ley, que evita los informes de los órganos consultivos del Estado y una lectura a dos vueltas del Consejo de Ministros, sumada a la tramitación de urgencia, garantiza un camino parlamentario breve al texto. Pero no será un tránsito pacífico políticamente hablando. El PP hará guerra —Feijóo prometió este viernes revertir la reforma si llega a la Moncloa— con la esperanza de que el paso dado por Sánchez se convierta en el principio de su fin. Lo que está claro es que la decisión del presidente, para bien o para mal, marca un último año de alta tensión hacia las urnas.