La confirmación de que la desaparición del delito de sedición de nuestro Código Penal, lejos de ser poco menos que un ejercicio dialéctico para tener contento a ERC, era una propuesta muy madura y avanzada del Gobierno -que negociaba con los independentistas al tiempo que se sentaba con el PP para renovar el CGPJ- ha puesto en la diana al vicesecretario general popular de Institucional, Esteban González Pons.

El PP se considera ahora más que nunca cargado de razones para dinamitar dicho diálogo, pero estuvo a punto de alcanzar un acuerdo que hubiera puesto fin a cuatro años de interinidad del órgano de gobierno de los jueces sin saber que, poco después, PSOE y Unidas Podemos presentarían en el registro del Congreso, con el apoyo y concurso de ERC, una reforma ad hoc que beneficia la situación penal de los cabecillas independentistas condenados por el procés y allana el camino para los que se sustrajeron a la acción de la justicia,

El fracaso para al renovación del CGPJ constituyó un primer contratiempo para el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, que apostó por un acuerdo que le permitía, entre otras cosas, marcar distancias con la etapa anterior de Pablo Casado. Pero todo se malogró en apenas unas horas, con el colofón final de una abrupta conversación entre el propio Feijóo y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Y en el PP, en el Grupo Popular y en algunos gobiernos autonómicos no faltan los que opinan que fue González Pons el responsable directo de ese fiasco.

Los más críticos apuntan incluso a que el valenciano "debiera haber dimitido"

En definitiva, “convenció a Feijóo de que la negociación iba adelante y la intención del Gobierno, con el delito de sedición, era darle largas a ERC”, indican fuentes populares. Por eso la estrategia fue insistir en que ambas cuestiones iban por separado, como dijo la secretaria general popular y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, y recordó este mismo viernes tras materializarse la propuesta de derogación del delito de sedición por otro de "desórdenes públicos agravados".

Pero bien porque “Bolaños no le dijo la verdad a Esteban” o porque el ministro de Presidencia “tampoco manejaba la información” sobre el alcance de la reforma de dicho delito, González Pons trasladó a la dirección popular un escenario “que no se cumplió” y dejó en evidencia a su jefe de filas. Los más críticos con el valenciano en el Grupo Parlamentario  apuntan incluso a que “debiera haber dimitido”.

Peor hubiera sido, admiten las fuentes consultadas por El Independiente, haber culminado el acuerdo de renovación del CGPJ con el Ejecutivo para desayunarse después con el anuncio de Pedro Sánchez en La Sexta. El jefe del Ejecutivo asumió con toda naturalidad la derogación del delito de sedición, condición de ERC para sumar sus 13 votos a los Presupuestos Generales del Estado. En definitiva, creen que el golpe “se paró al tiempo”.

Núñez Feijóo consultó con sus baronías y hubo coincidencia en romper la negociación. Se lo trasladó la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el andaluz Juan Manuel Moreno, entre otros. Dos perfiles opuestos consideraron una “trampa” la negociación del Gobierno.

Pero lo cierto es que se había avanzado mucho. Bolaños asumió casi la totalidad de las propuestas del PP sobre los criterios de idoneidad de los miembros del CGPJ y la necesidad de crear tiempos de carencia entre la política y la justicia. Lo único que quedó pendiente, según las fuentes consultadas, fue el nombre de los dos magistrados del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno y no porque Moncloa tuviera la obligación de negociarlos con el PP, pero sí parece que se comprometió a adelantárselos.

La ejecutiva del PP se reúne este lunes

González Pons es uno de los “pesos pesados” del equipo de Núñez Feijóo, con lo que es improbable que su situación se vea comprometida tras el fiasco del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, su posición preponderante en el organigrama popular despierta recelos entre no pocos de sus compañeros y él, por su parte, ha optado por un perfil más bajo en los últimos días.

La ejecutiva del PP se reúne este lunes, y si bien no lo hace con motivo de la penúltima maniobra de Pedro Sánchez, la derogación de delito de sedición estará en la agenda del día, convertida en munición para los populares que no dudarán en explotar el tema con el telón de fondo de las elecciones locales y autonómicas del cuarto domingo de mayo de 2023. "Estoy convencido de que hay una mayoría social que no acepta más mentiras de este Gobierno ni más chantajes del independentismo. Los españoles tienen mi palabra de que juntos devolveremos a España la calidad democrática que se merece", escribió el líder el PP en su cuenta de Twitter el pasado viernes.

Los populares ya habían presentado en los diferentes parlamentos autonómicos mociones contra la reforma del delito de sedición para intentar poner a los barones socialistas en una posición incómoda, aunque este tipo de estrategias suelen tener como efecto contrario apretar las filas. Hasta el siempre crítico Javier Lambán rechazó este jueves una propuesta de resolución en las Cortes de Aragón donde los populares pretendían que la cámara autonómica rechazara una reforma del Código Penal destinada, decían, a "satisfacer y beneficiar a quienes quieren romper la unidad de España y destruir la Constitución española".

La batalla no ha hecho más que empezar.