El sindicato mayoritario en la Policía Nacional (Jupol) y la asociación profesional más representativa de la Guardia Civil (Jucil) se han posicionado este lunes rotundamente en contra de que se suprima el delito de sedición, al entender que la retirada de ese ilícito del Código Penal 'desarmará' al Estado y a los cuerpos policiales.

Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas -socios en el Gobierno- registraron el pasado viernes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para la derogación de la sedición, delito por el que fueron condenados a finales de 2019 los promotores del procés que no huyeron de la Justicia. Por contra se crea un nuevo tipo, el de desorden público agravado, con penas mucho menores que el que se pretende sustituir (de 15 a cinco años como castigo máximo).

En un comunicado conjunto, Jupol, Jucil y Jusapol -la plataforma constituida para reivindicar la equiparación salarial y de la que salieron las otras dos organizaciones- consideran que la iniciativa "responde a intereses políticos del presidente del Gobierno" exclusivamente y "no a una necesidad de la legislación, ni al sentir mayoritario de los españoles".

"Es una irresponsabilidad que se desarme al Estado y con ello a las fuerzas y cuerpos de seguridad, socavando la convivencia, la soberanía del pueblo español y nuestro ordenamiento constitucional. Instamos al Gobierno a que reconsidera su intención de eliminar del Código Penal el delito de sedición", han expresado los máximos responsables de Jupol (Aarón Rivero) y Jucil (Ernesto Vilariño).

Las organizaciones consideran que su carácter apolítico "no es un obstáculo ni un límite" para cumplir con el objetivo de defender los derechos sociolabores de los miembros de los cuerpos policiales del Estado. "Nos sentimos autorizados a participar de una forma activa en la defensa de la legislación que afecta a la actividad diaria de policías nacionales y guardias civiles, como ya ocurrió el 27 de noviembre de 2021, cuando nos manifestamos  para expresar de una manera contundente nuestra oposición a las enmiendas que se pretendían introducir en la Ley de Seguridad Ciudadana y que, como en este caso, socavaban la autoridad de los agentes en su defensa de la ley", señalan.

Se trata del primer sindicato de la Policía Nacional y de la primera asociación profesional que se manifiestan públicamente en contra de la medida anunciada a finales de la semana pasada por el Gobierno. La iniciativa se tramitará de urgencia y estará previsiblemente lista antes de fin de año, para que quede lo más lejos posible de las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Al optar Pedro Sánchez por el camino de la proposición de ley de los grupos se garantía la vía exprés y se ahorra el recabar informes del Poder Judicial -en funciones desde hace cuatro años y de mayoría conservadora, al no haber sido renovado- o del Consejo de Estado, informes que serían preceptivos si fuese una iniciativa del Gobierno (proyecto de ley).

carácter apolítico, circunstancia que no es un obstáculo ni un límite para cumplir con nuestro objetivo de defensa de los derechos socio-labores de los miembros de las FCSE, por lo que nos sentimos autorizados a participar de una forma activa en la defensa de la legislación que afecta a la actividad diaria de policías nacionales y guardias civiles, como ya ocurrió el 27 de noviembre de 2021, cuando nos manifestamos  para expresar de una manera contundente nuestra oposición a las enmiendas que se pretendían introducir en la Ley de Seguridad Ciudadana y que, como en este caso, socavaban la autoridad de los agentes en su defensa de la ley.